El Constitucional avalará la ley de amnistía sin consulta previa a la justicia europea

El Tribunal Constitucional va a iniciar este lunes el pleno en el que debatirá y avalará la ley de amnistía. El contenido del proyecto de sentencia, que propone declarar la constitucionalidad de los aspectos nucleares de dicha norma, se conoce desde el 2 de junio y cuenta con el apoyo de la mayoría progresista del tribunal, compuesta por seis magistrados tras la abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo. El bloque conservador, integrado por cuatro magistrados tras la recusación de José María Macías, se opone al texto y estima que antes de dictar sentencia habría que esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el que el Tribunal de Cuentas cuestionó la norma. Este grupo también pidió más tiempo para estudiar el borrador de fallo, motivo por el cual la ponencia se distribuyó a principios de mes, 21 días antes de este pleno. El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, ha habilitado toda la semana para esta deliberación. El Constitucional, en suma, ha decidido evitar nuevas dilaciones sobre este asunto y tratará de resolver definitivamente sobre la ley de amnistía en un pleno maratoniano sin ir más allá del presente mes de junio.

De acuerdo con la ponente, la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, Conde-Pumpido ha dividido la deliberación en cuatro partes. La primera batalla tendrá lugar este lunes, cuando el pleno discutirá si hay motivos para que el propio Constitucional acuda ante el TJUE para plantear objeciones o dudas sobre la ley. Además del grupo conservador del tribunal, lo han pedido el PP —cuyo recurso es el que se va a resolver— y el Senado, que formuló alegaciones. A esta solicitud se unió la de que el Constitucional no decida sobre dicha norma hasta que se pronuncie el TJUE, que el próximo 15 de julio celebra una vista para resolver sobre la admisión de la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas. Ninguna de estas dos peticiones va a prosperar, pero serán objeto de un duro debate en el pleno, visto el juego de cartas cruzadas entre el magistrado Enrique Arnaldo —que en ausencia de Macías no tiene competencia para el liderazgo de este sector— y Conde-Pumpido.

El mismo día 2 de junio, una vez recibido el proyecto de sentencia, Arnaldo escribió al presidente del Constitucional para pedirle que garantizase una “deliberación serena y sosegada”, dado que el de la amnistía es “un tema de enorme relevancia, de los más complejos y también discutidos” desde la puesta en marcha del Constitucional en 1980. La carta pedía que, para tratar el asunto, se celebraran al menos tres plenos, el ahora previsto, más otros dos en julio. Arnaldo se refería en su misiva a “los difíciles momentos que vivimos en este tribunal” y justificaba su solicitud en la necesidad de “llevar a cabo una ponderación suficientemente detenida y no apresurada” de los argumentos de los magistrados. La negativa con que Conde-Pumpido dio respuesta a Arnaldo quedó recogida en una resolución del pleno, en la que se sostenía que “en este momento procesal” no era pertinente la petición, “especialmente en un asunto cuya tramitación procesal ha concluido […] y está pendiente solo del dictado de la sentencia”.

El magistrado Ricardo Enríquez, del bloque conservador y también partidario de cuestionar la ley ante el TJUE, aceptó aplazar esta discusión al inicio de la deliberación de la sentencia, mientras que otros dos miembros del mismo sector —Concepción Espejel y César Tolosa— apoyaron a Arnaldo, quien decidió perseverar con una segunda carta a Pumpido. “No es la concentración del debate (en un pleno de una semana) lo que yo planteaba, pues este no debe abordarse con la aceleración que suscita tu decisión”, y lamentaba que se fuera a decidir sobre la ley con “un calendario de vertiginoso ritmo”, insistía Arnaldo. Fuentes de la mayoría progresista sostienen a este respecto que, en casos como las sentencias sobre el estado de alarma frente a la pandemia, o sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O, se siguió un orden y una organización similar para la deliberación.

En todo caso, la respuesta a las tesis de Arnaldo se halla en un apartado del proyecto de sentencia, relativo a las cuestiones previas, en el que se razona por qué no va a haber consulta del Constitucional al TJUE, ni aplazamiento alguno de su decisión. El texto afirma que la labor del Constitucional es “garantizar la supremacía de la Constitución frente a toda ley nacional que la contradiga”, para lo que no es preciso acudir al criterio de la justicia europea. El texto preparado añade que “la posición del juez ordinario y del Tribunal Constitucional es […] completamente distinta” y que, “en este tipo de control de constitucionalidad (como el planteado por el recurso del PP), no hay más norma aplicable que la Constitución misma”. Dada la rotundidad del texto, el sector conservador tiene, en suma, muy pocas posibilidades de ganar esta primera batalla.

Los bloques a debate

El segundo bloque de la deliberación abordará si la Constitución permite o prohíbe implícitamente la amnistía. El proyecto de sentencia estima que no existe prohibición alguna y que la ley persigue un interés que no es de parte, sino en defensa del interés general.

El tercer debate profundizará en estos extremos, al plantear la supuesta arbitrariedad de la ley. La ponencia lo niega, afirmando que la norma “no responde a capricho”, sino que pretende “mejorar la convivencia” y “paliar” los efectos del procés.

El cuarto bloque se centrará en artículos concretos. La ponencia pone tachas a tres de ellos, extendiendo la amnistía a los que delinquieron en acciones contra el procés, y no solo a los autores de delitos cometidos para apoyarlo. No es muy probable que haya nuevas declaraciones de inconstitucionalidad, pero el debate en este bloque puede ser más abierto. Fuentes de la mayoría progresista del tribunal afirman que cabrá prolongar el pleno por las tardes y que la votación de la sentencia podría tener lugar el próximo jueves.