Sumar negocia contra reloj para aprobar este martes el decreto que amplía los permisos laborales

Sumar busca acabar el curso con un mensaje claro al electorado progresista: hay legislatura por delante y eso pasa por reactivar la agenda social. Después de un año político muy difícil, marcado por las denuncias de acoso contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, pero sobre todo por los casos de corrupción que salpican a ex altos cargos socialistas y han generado una crisis de confianza en torno al Gobierno, el grupo que lidera Yolanda Díaz quiere demostrar que el Ejecutivo está reaccionando y que lo hace gracias a su iniciativa. Las negociaciones entre el departamento de Trabajo y Hacienda se han intensificado en los últimos días para incluir en el Consejo de Ministros del martes, el último antes del parón veraniego, el decreto sobre permisos. Aunque en el PSOE rebajan mucho las expectativas, la aprobación de la norma, que incluye desde la ampliación de las semanas por nacimiento a la remuneración de los de conciliación, daría un balón de oxígeno a Sumar y también a Díaz, que la semana pasada renunció a llevar en julio a votación en el Congreso la reducción de jornada, pese a haberse anunciado que lo haría.

Si ya el batacazo del decreto energético ha supuesto un duro revés para el Gobierno en un momento en el que Pedro Sánchez busca recomponer la mayoría parlamentaria, la falta de acuerdo con Junts en la ley estrella de Sumar habría sido un golpe letal para el socio minoritario de la coalición, que ha fiado a esta norma buena parte de su rearme.

Ante el aplazamiento del debate, el grupo de la vicepresidenta ha centrado su ofensiva en el decreto, que suscita dudas en algún ministerio socialista. La norma abarca tres tipos de medidas. Por un lado, está la ampliación de los permisos por nacimiento para madres y padres de 16 a 20 semanas. Por otro, el incremento hasta las 34 semanas en el caso de las familias monomarentales, que actualmente está en 26. Como tercera pata, la ley incluye la retribución de cuatro de las ocho semanas de los permisos para el cuidado de hijos, que se aprobaron ya la pasada legislatura pero sin remunerar. Bruselas multó con 9.000 euros diarios a España hace casi un año por incumplir la directiva europea que obliga a pagar al menos una parte. Sumar ha puesto el foco en este apartado de la normativa, cuya aprobación ven más urgente, aunque la aspiración de los de Díaz es lograr algún avance en cada una de las prestaciones antes de irse de vacaciones. El objetivo, reiteran, es que la presencia de formaciones progresistas en el Gobierno sea útil para los ciudadanos y dar así sentido a lo que queda de legislatura, incluso sin Presupuestos. “¿Es posible gobernar [sin Cuentas]? Claro que sí“, defendió la vicepresidenta segunda en una entrevista este jueves en la Cadena SER, a la que acudió con los datos históricos de la Encuesta de Población Activa (EPA) bajo el brazo: por primera vez España supera los 22 millones de ocupados y la tasa de desempleo cae a su nivel más bajo desde 2007 (10,29%).

Pero ni las cifras macroeconómicas consiguen contrarrestar la compleja situación del Ejecutivo. Cuando Trabajo anunció que posponía la votación de enmiendas sobre la reducción de jornada, los sindicatos expresaron su malestar en un comunicado conjunto. Dijeron que es una decisión que no comparten y la catalogaron como un “retraso no justificado del trámite de la ley”. Díaz ha seguido presionando y este jueves en la SER volvió a lanzar una advertencia al asegurar que aunque no consigan aprobar la reforma en el Congreso, su ministerio dará el visto bueno al reglamento sobre el control horario. Se trata de la parte de la norma que más preocupa a las patronales, por el coste económico que tendría al poner coto al elevado número de horas extras que se hacen cada año en España sin remunerar.

Otra ley de Trabajo que ha tomado relevancia estos días, pero con futuro incierto, es el estatuto del becario. Díaz consiguió esta semana la luz verde de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que controla el Ministerio de Economía, el paso previo a la aprobación en el Consejo de Ministros. Lo más previsible es que no acceda a la reunión del gabinete hasta septiembre, para enfrentarse después a un endiablado camino parlamentario.

Cuando Trabajo cerró hace dos años el acuerdo con los sindicatos, varios socios del Ejecutivo (tanto a izquierdas como a derechas) dejaron claro que no les gustaba la norma, cuyas dos medidas estrella son la limitación de las prácticas extracurriculares (en las que más precariedad se concentra) y la compensación de los gastos de los estudiantes (no obligará a remunerar al becario, pero sí a abonarle el gasto del transporte y similares). También rechazaron este planteamiento las patronales y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que advirtieron de la amenaza a la viabilidad de muchas prácticas.

El ministerio de Díaz sostiene que no habrá cambios sustanciales respecto al que pactaron con los sindicatos, el mismo que la parte socialista del Gobierno dijo hace dos años que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Como pasa con tantas otras normas, si no hay acuerdo, la ley podría quedar aparcada en el Congreso sine die.

Crisis interna

La situación interna de Sumar tampoco da tregua. Con Podemos en clara oposición al Gobierno y más alejado que nunca, el grupo parlamentario afronta, además, varias crisis. A la marcha de la diputada de Compromís, Àgueda Micó, se suman la amenaza de escisión del parlamentario de Més per Mallorca, Vicenç Vidal —cuyo partido decidirá en otoño si pasa o no al mixto después de haber pedido la salida de Sumar del Gobierno— y la estrategia independiente de Izquierda Unida, que busca desde hace meses marcar perfil propio.

En un último giro de guion, el diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha polemizado directamente con Díaz después de haber votado en contra del decreto energético, al contrario que su grupo parlamentario. La vicepresidenta minimizó el miércoles su rechazo al argumentar que la batería de medidas para el refuerzo del sistema eléctrico ya no iba a salir adelante, algo que Pueyo desmintió.

En medio de todo el ruido, el debate sobre la unidad también ha vuelto a destapar la caja de los truenos esta semana. El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, llamó a una “coalición plurinacional” para frenar a las derechas que aunara a ERC, EH Bildu, BNG, Compromís e incluso Podemos. Aunque fue desautorizado por su partido (y el resto de formaciones negaron conversaciones al respecto), la propuesta ha sacudido el final de curso. Preguntada por el tema, Díaz abogó también por una “alianza democrática” basada en un “programa de mínimos” para gobernar de nuevo tras las generales, en una suerte de reedición de Sumar. Pero nadie busca atraer al pacto otra vez a Podemos y la debilidad del espacio fragmentado complica a la vez esa posibilidad.