Cuerpo mantiene su rechazo a llevar los permisos a la reunión económica del próximo lunes pese a la presión de Díaz

El Ministerio de Economía pone freno a las numerosas peticiones de Sumar para que el Gobierno dé el visto bueno ya al decreto sobre los permisos de conciliación. Fuentes del departamento que dirige Carlos Cuerpo han confirmado a EL PAÍS que la medida no está incluida en el orden del día de la reunión, el próximo lunes, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros. La parte socialista del Gobierno desoye así las presiones de su socio. La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se había mostrado muy beligerante este jueves al mediodía, amagando incluso con comparecer para denunciar el bloqueo del PSOE después del encuentro, algo inusual tras este tipo de convocatorias.

El decreto contempla varias medidas. Una se refiere a la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo, un asunto sobre el que el PSOE ha mostrado reticencias ya desde la legislatura pasada, a pesar de haberlo incluido en el acuerdo de gobierno sellado con Sumar en 2023. La norma también plantea extender a 34 semanas los permisos para las familias monomarentales, pero la iniciativa a la que Sumar otorga mayor urgencia es la relativa a la remuneración de cuatro de las ocho semanas de los permisos por cuidado de hijos, una prestación a la que pueden acogerse los progenitores hasta los ocho años del niño. Bruselas expedientó el año pasado a España por incumplir la directiva europea en esta materia y el Gobierno paga desde entonces más de 9.000 euros al día de multa. La cifra, denuncia Sumar, se multiplicará hasta los 43.000 euros a partir de agosto.

“Esto no es digerible en España. Nunca salgo después de las comisiones de asuntos económicos y fíjense si son vibrantes esas comisiones, por decirlo eufemísticamente, que el lunes desde luego lo haré”, anunció Díaz, que afirmó que si los socialistas no dan su brazo a torcer lo van a “denunciar” públicamente y actuarán en consecuencia. Fuentes de vicepresidencia han matizado después que inicialmente no está previsto que Díaz haga declaraciones tras la CDGAE.

El ministerio que da luz verde al orden del día de esa reunión es el de Economía. Sostiene que los permisos no se tratarán en esta CDGAE, que se hará en próximos encuentros de esta Comisión, sin especificar cuándo.

“Tengo confianza en que el PSOE actúe, porque tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía”, añadió la titular de Trabajo en alusión a un giro social del Ejecutivo que consideran necesario para salir de la crisis en la que está instalado tras los casos de corrupción que salpican a ex altos cargos del PSOE.

En un intento por recuperar la iniciativa y hacer valer su papel en la coalición para tratar de superar la situación de bloqueo tras el escándalo, ya a principios de mes, Sumar aseguró que los permisos irían al Consejo de Ministros antes de agosto, aunque la decisión depende en última instancia del PSOE, como partido mayoritario. El rechazo de Economía supone el segundo varapalo para Sumar esta semana, después de que Trabajo decidiera posponer el debate sobre la reducción de jornada —norma estrella del grupo— por la falta de acuerdo con Junts.

A la espera del estatuto del becario

A principios de año también se habló de la intención de Trabajo de llevar iniciativas al Consejo de Ministros y de su desacuerdo con Economía, entonces a cuenta de la reducción de jornada. Tras varias semanas de pelea, primero soterrada y luego en la arena pública, Díaz y Cuerpo llegaron a un entendimiento para llevar la norma a la CDGAE por la vía de urgencia, aunque Economía apostaba por el trámite ordinario. Antes, cuando Nadia Calviño aún llevaba las riendas de Economía, también discreparon por la reforma de los subsidios de desempleo, por la indemnización por despido o por el estatuto del becario.

Esta norma también ha vuelto al primer plano estos días, dos años después de que Trabajo presentase un acuerdo al respecto con los sindicatos, pero que aún no ha sido ratificado en el Consejo de Ministros. El mismo día de la presentación del pacto, fuentes de Economía y de la Moncloa dijeron que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Presentado pocas semanas antes de las elecciones generales, cuando ya se sabía que se celebrarían el 23 de julio, el estatuto aún no ha recibido el aval del Gobierno, paso previo imprescindible antes de enfrentarse al trámite parlamentario. Varios socios del Ejecutivo vienen manifestando su rechazo a esta normativa.

Díaz se refirió al estatuto del becario en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes: “Hemos instado la incorporación del debate del mal llamado estatuto del becario, que proviene de un acuerdo del diálogo social tras una mesa de negociación de 15 meses. Sin giro social no sostenemos lo que espera la ciudadanía de nuestro país”. El ministerio, de momento, no confirma si se aprobará antes del parón veraniego. Como la reducción de jornada, esta norma es rechazada por la patronal y apoyada por los sindicatos, que vienen criticando que aún no haya superado el trámite del Consejo de Ministros. CC OO y UGT también mostraron su enfado esta semana por la decisión de aplazar el debate de enmiendas de la reducción de jornada.