El Gobierno rescata el estatuto del becario para intentar enviarlo al Congreso antes de agosto

Más de dos años después de que Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez presentaran el acuerdo del estatuto del becario, la norma que aspira a regular las prácticas laborales está un poco más cerca del Consejo de Ministros. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha dado luz verde a la norma este lunes, paso previo a que se aborde en el Consejo de Ministros, según ha informado el Ministerio de Trabajo.

En el mejor escenario para las previsiones de Díaz, entraría en la reunión del Ejecutivo del 29 de julio, el último antes del parón veraniego. Pero fuentes del departamento indican que los trámites previos no aseguran que llegue a esa reunión del gabinete. A la vez, aún no hay consenso en el Gobierno para llevar la remuneración de cuatro de las ocho semanas de los permisos de conciliación para madres y padres (cuya falta de aplicación supone una multa diaria de Bruselas a España) a la CDGAE.

“El Estatuto del Becario se culminó hace más de dos años con un acuerdo de diálogo social junto a los sindicatos. Es una norma decisiva para proteger los derechos de las personas en formación, que hasta ahora han sido utilizados para ocupar puestos de trabajo sin remuneración, sin cotización y sin derechos. A partir de su aprobación, gozarán de formación adecuada, de derechos y de seguridad”, sostienen fuentes del Ministerio de Trabajo.

El estatuto del becario es el único acuerdo suscrito por Trabajo y los sindicatos que ni siquiera ha superado los trámites del Consejo de Ministros para ir al Parlamento. La parte socialista del Gobierno rechazó desde el principio un acuerdo del que dijo que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”, lo que ha mantenido la norma en el limbo.

Desde el ministerio de Díaz confirman que no hay cambios sustanciales respecto a ese texto tan criticado por la parte socialista del Gobierno, que el planteamiento que se aprobará es el pactado con CC OO y UGT, a la vez rechazado por las patronales y los rectores. Las dos medidas centrales del estatuto son el establecimiento de una compensación de los gastos de los estudiantes (no se obliga a la empresa receptora a pagar un salario, pero sí a compensar los gastos en transporte y similares) y limitar las prácticas extracurriculares, las que más precariedad concentran.

Una vez superado el Consejo de Ministros, el estatuto tendrá que recibir el respaldo parlamentario para entrar en aplicación. Varios socios del Gobierno, tanto a izquierdas como a derechas, vienen manifestando sus reticencias a esta nueva norma.

El proyecto que no se ha analizado en la CDGAE y que pretendía trasladar Trabajo es el relativo a permisos. El decreto contempla varias medidas. Una se refiere a la ampliación a 20 semanas del tiempo que se pueden tomar madres y padres por el nacimiento de un hijo, un asunto sobre el que el PSOE ha mostrado discrepancias ya desde la legislatura pasada, aunque finalmente lo incluyó en el acuerdo de gobierno firmado con Sumar en 2023.

La norma también plantea extender a 34 semanas los permisos para las familias monomarentales, pero la iniciativa a la que Sumar otorga mayor urgencia es la relativa a la remuneración de cuatro de las ocho semanas de los permisos por cuidado de hijos, una prestación a la que pueden acogerse los progenitores hasta que el niño cumple los ocho años. Bruselas expedientó el año pasado a España por incumplir la directiva europea en esta materia y el Gobierno paga desde entonces más de 9.000 euros al día de multa. La cifra, denuncia Sumar, se multiplicará hasta los 43.000 euros a partir de agosto.