Sin estatuto del becario 692 días después de presentarlo: los sindicatos urgen al Gobierno a desbloquearlo ya

El 15 de junio de 2023, un mes y una semana antes de las elecciones generales, el Ministerio de Trabajo presentó en sociedad el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido como el estatuto del becario. Es un proyecto acordado con UGT y CC OO y que no respaldaban ni las patronales ni los rectores universitarios. Casi dos años después, el texto pactado con los sindicatos sigue sin ser normativa en vigor: el Gobierno no lo ha aprobado, algo que no ha sucedido con ningún otro acuerdo del diálogo social de los últimos años. Este jueves, 693 días después de aquel acto en el ministerio, los sindicatos urgen al Ejecutivo y al Parlamento para que desbloquee una norma que daría más derechos a los becarios.

“Con motivo del Día Internacional del Becario, desde RUGE - Revolución Ugetista y Jóvenes CC OO volvemos a alzar la voz para exigir al Gobierno la aprobación inmediata del Estatuto del Becariado”, dicen las ramas juveniles de los dos sindicatos más representativos de España en un comunicado conjunto. “Han pasado casi dos años desde que se firmó el acuerdo entre CC OO, UGT y el Ministerio de Trabajo, el 15 de junio de 2023, y seguimos esperando su aprobación en el Consejo de Ministros y Ministras”, añade la nota.

UGT y CC OO denuncian que desde entonces “decenas de miles de jóvenes continúan siendo víctimas de un modelo de prácticas plagado de abusos, que encubre relaciones laborales, carece de garantías mínimas y cronifica la precariedad en los primeros pasos del itinerario profesional de la juventud”.

El objetivo del proyecto es corregir esa precariedad. Para ello, plantea una limitación a un máximo de 480 horas de las prácticas extracurriculares (figura en la que se concentra el fraude, al no estar directamente vinculadas con la formación), un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.018 euros y la obligación de las empresas de cubrir los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. La normativa no obliga a retribuir al becario.

Justo este punto es uno de los que más recelos despierta en los críticos con la medida. “Nos preocupa que las empresas, las entidades del tercer sector y las diferentes instituciones del sector público se nieguen a compensar tales gastos”, decían recientemente los rectores en en una carta dirigida a la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas también reclamaba “un acuerdo con el sector empresarial en virtud del cual se comprometan explícitamente a compensarlos”, ante el temor de que esos gastos recaigan en las universidades. Trabajo interpretó la carta como un “apoyo” de CRUE a la compensación de gastos y no entró a valorar las dudas de los rectores sobre quién asumirá el coste.

“Supone un avance imprescindible para mejorar las condiciones de los y las becarias, garantizar sus derechos, y reducir el fraude que existe hoy en día con las prácticas no laborales“, agregan los sindicatos, antes de subrayar que ”no puede haber más excusas; el estatuto no puede seguir en un cajón”. A la vez, dicen que es necesaria la “voluntad del conjunto del Gobierno para que el estatuto sea una realidad”, en una clara referencia a la disparidad de opiniones entre PSOE y Sumar.

El mismo día de la presentación, la parte socialista del Ejecutivo dijo que el texto pactado por Trabajo y sindicatos estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes el mismo Gobierno había criticado un acuerdo del departamento de Díaz y de los sindicatos en la misma jornada en que se presentaba en sociedad. Trabajo sacó a audiencia pública la norma en octubre de 2024, aún sin acuerdo en el seno del Gobierno.

El ministerio viene subrayando que, tras la reducción de jornada, el tema “más prioritario” es el estatuto del becario. “Ya hemos dado pasos, como la audiencia y consulta pública. Una vez despejado el anteproyecto de la reducción de jornada, continuaremos con el estatuto, que es un compromiso pendiente de la anterior legislatura pero renovado en el acuerdo de coalición. Un compromiso del que también se ha hecho cargo el presidente del Gobierno”, dijo al respecto en febrero Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Añadió que por entonces los trabajos estaban “avanzadísimos” y que “rápido y en la mayor brevedad hablaremos del estatuto”.

En su comunicado, UGT y CC OO también interpelan a las formaciones políticas, conscientes de que a varios socios del Ejecutivo, incluyendo a la izquierda nacionalista, no les convence la norma. “Apelamos al compromiso de los partidos políticos del arco parlamentario, para regular de una vez por todas una medida tan necesaria para inserción laboral de las personas jóvenes y adaptar la formación a las necesidades de las empresas. La juventud no puede esperar más”, finalizan los sindicatos.