Las medias verdades y las grietas del dispositivo contra incendios de Castilla y León

Todos los veranos, igual: la Junta de Castilla y León (PP) reivindica el operativo contra incendios y los integrantes del dispositivo insisten en sus estrecheces y en las miserias del sector. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sentencia: “Tenemos el dispositivo del operativo de incendios al máximo de sus capacidades”. Los bomberos desmontan la optimista tesis porque la Junta no despliega el máximo de recursos necesarios. “Es una verdad a medias, la peor de las mentiras”, lamenta un trabajador. Los brigadistas enumeran flaquezas como la falta de vigilantes contra incendios, sustituidos en algunos casos por cámaras de eficacia cuestionable, bases sin el helicóptero correspondiente o retenes donde faltan efectivos, amén de sus flojas condiciones laborales.

Quiñones desgranó en junio el despliegue veraniego y presumió de tenerlo “al máximo de capacidades”, pero miembros de varias provincias de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (Atifcyl) recopilan contextos donde faltan, o bien manos, o bien recursos materiales para funcionar óptimamente. Los especialistas piden anonimato por temor a represalias laborales en un ámbito público-privado donde es fácil verse señalado y subrayan que la húmeda primavera y sus embalses llenos ofrecen una contrapartida: más vegetación para arder con los calores estivales y las tempranas olas de calor, especialmente cuando vayan pasando las semanas.

Así ha sucedido, y se han producido varios incendios, de escasa envergadura hasta el momento, pero que han despertado protestas. Un especialista detalla el escenario: “Esas capacidades son menores que los medios que aparecen en su propia web y la relación de puestos asociada. No comparamos con los recursos necesarios, que pueden ser incluso mayores, sino con los que la propia Junta publica”. El bombero lamenta que “la Junta no despliega los medios que ella misma establece como necesarios” y pone un ejemplo: “Si ahora mismo convocamos una huelga, para cubrir los servicios mínimos que se decretarían, tendríamos que trabajar todos los que estamos y unos 200 más”.

La cuenta de la red social X de este colectivo de bomberos criticó hace días que un fuego atajado en Cuéllar (Segovia) se tuvo que contener con dos medios aéreos de la Junta y seis del Ministerio de Transición Ecológica. No estaba el específico. “El medio aéreo de Segovia G2 no participó por no tener medio aéreo. JCYL [la Junta] incumple su INFOCAL [plan de gestión de incendios] al no tener helicóptero desde el 1 de junio en su base Las Casillas”, escribieron, renegando de una “chapucera gestión de Quiñones” porque hay varias bases en Castilla y León “con helicópteros prestados”, “helicópteros de coordinación sin coordinar”, “autobombas inoperativas” porque faltan conductores o mangueristas para estos vehículos y “torres de vigilancia cerradas por falta de personal o desmanteladas”. Los helicópteros ausentes, afirman, pertenecientes a empresas privadas, se encuentran en Chile y se sustituyen por cesiones de otras compañías.

Capítulo aparte conceden a las torres de vigilancia, puestos estratégicos donde especialistas en detección de incendios son capaces de percibir dónde se han iniciado las llamas, las características del humo, la dirección y, por su conocimiento de la zona, calibrar la reacción o la envergadura del peligro. Los brigadistas critican que se han desmantelado varias de esas torres, especialmente en Segovia, para implantar tanto este año como en los próximos cámaras de vigilancia. Medio Ambiente ha comunicado que confían en tener el sistema operativo en toda la comunidad en 2026, 11 millones de euros mediante, si bien los bomberos critican que esas cámaras, definidas por la Junta como “método eficaz de vigilancia y verificación”, no resultan tan ideales: un vigilante de una provincia con cámaras ya instaladas recuerda cómo hace tiempo, al desatarse un fuego, hicieron una prueba por la cual la tecnología no reconoció el conato pese a que sí lo advertía el ojo humano. Además, señalan que una de las empresas agraciadas con la adjudicación es Telecomunicaciones Merino, una empresa de León ligada a una mujer que fue presidenta de Vox en la provincia.

Un vigilante de Segovia, donde la inspección de Trabajo reveló grandes deficiencias de seguridad en las torres, critica que con esta excusa se han desmantelado varios de estos puntos y se han colocado simples casetas de obra sin apenas perspectiva: “Cuando pongan las cámaras no pondrán las siete casetas tampoco, por lo que ahora son 12 puestos de trabajo menos por cierre de torres y para la próxima campaña otros 14 puestos, si no lo impedimos. Además, en los puestos de vigilancia que quedan hay turnos sin cubrir por no haber resuelto la estabilización de empleo”.

Los profesionales apuntan a otra clave del desaguisado de los vigilantes: una enorme interinidad, un modelo de trabajo que las normativas europeas tratan de limitar por su inestabilidad. “Se escudan en que los puestos que dejan sin cubrir no pueden ser ocupados, salvo por personal fijo, con plaza por oposición, concurso o concurso-oposición, pero estos procesos están convocados desde 2022 y no se han resuelto”, apostilla un bombero. Este expone que los contratos de solo tres meses acarreaban “la mayor tasa de abandono, porque la gente quiere comer 12 meses, no tres”, y que se han incumplido los acuerdos del Diálogo Social de 2022, firmados al poco de que ardiera el 6% de la provincia de Zamora en dos incendios que mataron a cuatro personas y que revelaron la debilidad del dispositivo.

Esta tragedia humana, medioambiental y socioeconómica refrescó una frase de Quiñones en 2018, cuando afirmó que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”. El grave incendio de Ávila de 2021 y los dos enormes de Zamora del año siguiente, con gastos millonarios para recuperar lo afectado y daños que tardarán décadas en recuperarse, propiciaron que la Junta aumentara su gasto anual: hasta ese año dedicaba 65 millones de euros anuales, 13,65 euros por hectárea forestal, cifra que se acordó elevar hasta 125 millones en 2025, unos 25 euros por hectárea forestal. Andalucía o Galicia, también del PP, invierten 40 y 88 respectivamente.

Los miembros del dispositivo celebran estos aumentos, pero siguen considerándolos escasos porque el gran esfuerzo se centra en el verano y poco en la prevención y formación de invierno, más allá de que durante la fase estival siguen existiendo carencias. Así se expresa un bombero de Atifcyl: “Discutimos que el consejero, los delegados provinciales y Patrimonio Natural digan que el operativo está al 100%, en autobombas es del 85% y en vigilantes quizá supere por poco el 50%. La declaración de Época de Peligro Alto de incendios fue desde el 12 de junio, llevamos un mes largo y no se va a contratar a gente para cubrir todos los puestos”.