Bogotá, en riesgo extremo de violencia y fraude para las elecciones del 8 de marzo

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha incluido a Bogotá en la lista de 81 municipios, de más de 1.100, en riesgo extremo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo en su reciente Mapas y Factores de Riesgo Electoral. Lo hace por la confluencia de factores indicativos de fraude y violencia. Es la única gran ciudad del país en esa categoría, que comparte con zonas con fuerte presencia de grupos armados ilegales y débil institucionalidad.

La MOE tiene soporte en otras organizaciones que participaron en la elaboración de su libro, como la Fundación Conflict Responses (CORE), el Grupo de Estudios sobre la Democracia de la Universidad del Rosario (DEMOS), y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Todos coinciden en que buena parte de esa clasificación se halla en las amenazas contra líderes nacionales, los episodios de violencia política y el deterioro del entorno para la prensa. A eso se suman patrones de baja participación electoral y prácticas clientelares en barrios populares que, en una ciudad de ocho millones de habitantes que concentra el 15% del censo electoral, adquieren una dimensión nacional. Los expertos señalan, sin embargo, que Bogotá no es un territorio homogéneo y que sus riesgos deben analizarse por localidades.

Diego Rubiano, editor general del libro y coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la MOE, señala que no es la primera vez que Bogotá está en esa categoría: lo estuvo en el ciclo electoral de 2018. Pero en 2022 había bajado un escalón, a riesgo alto. Pero ahora hay mayor tensión. Uno de los factores más determinantes de esa actualización, explica, fue el asesinato del senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, cometido durante un acto de campaña, en un parque del occidente de la ciudad, en junio del año pasado. “Bogotá concentraba amenazas, pero no asesinatos, y mucho menos de esa magnitud desde hace varios procesos electorales”, afirma Rubiano. Por eso, aunque se trató de un hecho aislado, “modificó la ponderación del riesgo” y jalonó a la capital al nivel extremo.

Como sede del poder político, Bogotá concentra denuncias por amenazas contra congresistas y funcionarios nacionales, lo que también empuja los indicadores de violencia. Rubiano agrega que, además, en la ciudad se registran hechos atribuidos a grupos armados, puntuales pero que entran a la medición.

Ángela María Gómez, investigadora de CORE, coincide en que la violencia política es el principal motor de riesgo en la capital, más cuando se trata de elecciones nacionales y los principales actores políticos están allí. Muchas amenazas “terminan siendo panfletos o cosas anónimas, que no hay que menospreciar, pero el riesgo no es el mismo que el de otras regiones del país”, agrega. Explica que sí hay injerencia de grupos armados en Bogotá, aunque no militar. “El ELN tiene trabajo político, no masivo, pero sí hay reclutamiento y trabajo con bases sociales en barrios populares, particularmente en barrios del suroriente”, además de contar con un Frente Urbano. La investigadora aclara que, en todo caso, esa guerrilla tiene una capacidad reducida para incidir de forma directa en los resultados.

Aclara que otros actores con presencia en la ciudad, como Clan del Golfo, no tienen incidencia política sino criminal, con actividades como microtráfico, trata de personas o extorsión. Eso sí, advierte que, de levantarse definitivamente la mesa de negociación con ese grupo, podría realizar acciones como paros armados o un ‘plan pistola’.

La prensa y el clientelismo

Otro elemento relevante en la evaluación de la MOE son los ataques a la prensa. El capítulo elaborado por la FLIP indica que 2024 fue el año más violento para el periodismo en la última década, con 530 ataques contra 330 periodistas, incluidos desplazamientos forzados, exilios, secuestros y tres asesinatos. En 2025 se registraron otras 450 agresiones.

Bogotá aparece de manera recurrente en los territorios con más casos. En amenazas ocupa el quinto lugar nacional, con 20 casos, después de Norte de Santander (51), Antioquia (30), Arauca (24) y Huila (21). La mayoría provienen de actores armados no estatales, como disidencias de las extintas FARC, el ELN y bandas criminales. En estigmatización desde la institucionalidad, la capital concentra 13 de los 51 casos documentados.

Para la MOE, este panorama impacta el proceso electoral pues fomenta la autocensura, empuja a periodistas a abandonar investigaciones, empobrece la deliberación y erosiona la confianza en los medios. Además, reduce la pluralidad informativa y genera desigualdades territoriales en el acceso a información clave para los votantes.

Eso puede alimentar el fraude y el clientelismo. Al respecto, la MOE revisa los niveles y la variación de participación, los votos nulos y tarjetones no marcados y el dominio electoral (la concentración reiterada y atípica de votos a favor de ciertos candidatos o listas). Rubiano explica que encontraron vulnerabilidades en el acceso al derecho al voto en localidades semiurbanas como Ciudad Bolívar, Usme o Sumapaz, donde las distancias a los puestos de votación pueden incidir en la baja participación. La MOE también señala que la ciudad vive un nivel de participación electoral persistentemente inferior al promedio nacional, que empuja el nivel de riesgo, según explica Rubiano.

Yann Basset, director del Grupo Demos, añade que el clientelismo urbano también aumenta el riesgo. En barrios populares se han identificado redes de compra de votos que influyen a nivel del puesto electoral. El profesor de la Universidad del Rosario recuerda que una persona puede inscribir su cédula en cualquier punto de la ciudad, facilitando que quienes compran votos exijan a sus clientelas inscribirse en un puesto de votación para garantizar el resultado. Basset agrega que esas prácticas pueden ser más rentables en las ciudades que en la ruralidad, porque concentran una masa crítica de electores capaz de inclinar elecciones como la de la Cámara de Representantes.