La Fiscalía imputa cargos a una séptima persona por el asesinato a Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía de Colombia ha imputado este martes a una séptima persona por el asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se trata de Harold Barragán Ovalle, un hombre de 25 años que fue capturado el sábado en el occidente de Bogotá y al que señala de haber actuado como el jefe directo del sicario que disparó contra el político de derechas el 7 de junio. La entidad acusatoria lo ha imputado con los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, porte de armas de fuego y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Él, por su parte, no ha aceptado los cargos.

La fiscal a cargo de la imputación, Elsa Reyes, ha explicado durante las audiencias de este martes que Barragán hacía parte desde 2023 de la banda criminal que coordinó la logística y ejecución del atentado. En ese grupo, que delinquía en la localidad de Engativá, al occidente de la capital colombiana, se dedicaba a la fabricación y distribución de drogas, la obtención de armas y la planificación de sicariatos —para los que buscaban menores de edad—. También era miembro de Plata o Plomo, un grupo de WhatsApp en el que la banda coordinaba sus actividades delictivas. Según Reyes, Barragán participó de varias videollamadas grupales para preparar el atentado contra Uribe Turbay y fue quien escogió al sicario, un joven de 15 años sancionado la semana pasada con siete años de cárcel.

“Usted conocía previamente al menor de edad y este lo llamaba ‘su firma’ [en referencia a su superioridad jerárquica]”, ha comentado la fiscal en la audiencia de imputación. “Buscaban un menor de edad para que tuviera una pena menor y garantizara la impunidad”, ha agregado en la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento, que inició este martes y continuará el jueves. Asimismo, la fiscal ha señalado que Barragán fue quien le explicó al sicario cómo debía emplear el arma para que disparara en ráfaga. Lo hizo unos minutos antes del atentado, a través de otra videollamada.

Barragán, de acuerdo con la Policía y la Fiscalía, mantuvo su participación en los días posteriores al atentado. Apoyó supuestamente a Katerine Martínez, imputada por suministrarle el arma al sicario, en huir al departamento amazónico del Caquetá, donde fue capturada a mediados de junio. Asimismo, de acuerdo con la fiscal, ayudó en mantener oculto durante varias semanas a Élder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, capturado a principios de julio en Bogotá y señalado como uno de los líderes de la banda criminal. Barragán solo reconoce esto último. “Yo era como el hijo de él [El Costeño]. Yo no tengo ningún vínculo con lo que pasó. No sabía nada de eso”, dijo en una entrevista con El Tiempo publicada el lunes.

Durante la audiencia, la fiscal citó varios audios posteriores al atentado en los que Barragán intentaba desvincularse del atentado y presentar su participación como “marginal”. “Se documenta que Harold sentía temor por el hecho de que el menor fuera a hablar (...). Decía que lo único que había hecho había sido contactar a otra persona para que llamaran al menor a trabajar en la estructura”, ha relatado. La evidencia, sin embargo, indica lo contrario: los chats y los testimonios recabados por la Fiscalía muestran que estuvo en conversaciones de planeación del magnicidio y que fue el encargado de indicarle al sicario cómo debía disparar.

Tras casi tres meses de investigaciones, las autoridades han logrado trazar una línea de tiempo y el rol de cada uno de los capturados en la operación para asesinar a Uribe. Sin embargo, aún falta la captura de El Mosco, a quien la Fiscalía se refirió este martes como “el líder máximo” de la organización criminal que organizó la logística y ejecución del atentado. Asimismo, la gran incógnita es quiénes fueron los autores intelectuales que subcontrataron a la banda de Engativá para cometer el asesinato. La Fiscalía ha sido hermética sobre las investigaciones, pero la Policía y diversos informes de prensa han señalado como los supuestos cerebros a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. No hay refrendación judicial sobre ello.