El adolescente que asesinó a Miguel Uribe Turbay es sancionado con siete años de cárcel

La Fiscalía de Colombia ha anunciado este miércoles que el sicario de 15 años que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha sido sancionado con siete años de reclusión en un centro especializado para menores de edad. En un comunicado, la entidad explica que, siete días antes de que el político de derechas falleciera por ese atentado, “el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego”. El menor de edad le disparó el pasado 7 de junio en medio de un mitin político en un parque al occidente de Bogotá, en lo que se convertiría en el primer asesinato de un aspirante presidencial en el país tras más de tres décadas.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue contactado por una estructura ilegal para que sirviera como su sicario. “Fue citado en el barrio Modelia [donde está el parque en el que se produjo el ataque] y a bordo de un carro conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9mm”. Aunque el menor de edad intentó huir después de disparar a la cabeza de Uribe Turbay, recibió un impacto de bala en una pierna y fue detenido a pocas cuadras del lugar. El congresista del opositor Centro Democrático permaneció 64 días hospitalizado y en estado crítico, hasta que falleció el pasado 11 de agosto.

La investigación por el asesinato, que la Fiscalía ha calificado como magnicidio, señalado hasta el momento a seis responsables materiales: el sicario de 15 años, de quien se reserva el nombre por ser menor de edad; Carlos Eduardo Mora González, conductor del vehículo que facilitó la entrega del arma; Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como Andrea o Gabriela, acusada de transportar la pistola; William Fernando González Cruz, quien recogió a los implicados tras el ataque; Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado el principal articulador de la red y enlace entre los ejecutores y quienes habrían ordenado el crimen; y Cristian Camilo González Ardila, señalado de estar encargado de trasladar al menor tras el atentado, pero quien supuestamente desistió al ver presencia policial. Por ahora, las autoridades no han indicado quiénes estarían detrás del atentado.

También se ha conocido que el arma utilizada, modificada para disparar en ráfaga, fue adquirida legalmente en el estado de Arizona en 2020, pero no cómo llegó a Colombia. La Fiscalía y la Policía han reconocido la importancia de establecer los autores intelectuales, un vacío que ha dejado espacio para especulaciones e hipótesis variadas. El presidente Gustavo Petro ha señalado en diferentes momentos a las disidencias de las extintas FARC al mando de Iván Mordisco y también a las conocidas como la Segunda Marquetalia, a la guerrilla del ELN y a una supuesta “junta del narcotráfico” con operaciones en Dubái. Hasta ahora, las autoridades judiciales no han confirmado cuál es su principal tesis de investigación.

Las pesquisas continúan y el Ejecutivo ha ofrecido una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita identificar a los autores materiales del crimen. El Ministerio de Defensa también ha pedido apoyo a Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes para rastrear nexos financieros y migratorios de personas vinculadas al crimen que ha conmocionado a Colombia.