España empeora en percepción de la corrupción y cae tres puestos en la clasificación mundial

La última vez que España mejoró en la clasificación mundial del Índice de Percepción de la Corrupción fue en 2019, el año en que se celebraron dos elecciones generales tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Han pasado seis años y, desde entonces, el país ha ido bajando su puntuación. Durante 2025, España ha bajado un punto y tres posiciones más en la clasificación, situándose en el número 49 de 182 países. Chipre y Fiji cuentan con la misma puntuación. A poca distancia se sitúan Italia y Polonia, ambos con 53 puntos; Malasia y Omán, con 52; y Baréin, Georgia, Grecia y Jordania, con 50. Así lo refleja el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado y publicado este martes por la ONG Transparencia Internacional, en el que, a mayor posición, más presencia de corrupción.

El informe alerta de que en la mayoría de los Estados miembros de la UE se aprecia un descenso general de la puntuación y la ONG se muestra especialmente preocupada porque observan una tendencia global de debilitamiento de la lucha contra la corrupción. Dos factores que explican este retroceso son la pérdida de liderazgo internacional y el deterioro del papel de Estados Unidos. “Su papel fue muy potente en años anteriores. Sin embargo, desde que Trump es presidente, una de las primeras decisiones que se adoptaron fue dejar sin efecto la FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero). Y por supuesto, esto ha influido en que, para otros países, haya menor presión de cumplimiento de una norma de extraordinaria trascendencia en las políticas anticorrupción”, asegura a EL PAÍS, Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España.

En este contexto, España también retrocede un puesto en el ranking de percepción de la corrupción de la Unión Europea, del 16 al 17 entre los 27 Estados miembros. La caída española se debe, entre otras razones, a “la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la contratación pública”, “las tensiones geopolíticas y los aranceles” y “la falta de reformas anticorrupción efectivas en materia de transparencia”.

El Gobierno cerraba un 2025 marcado por las tensiones internas, desafíos de gobernabilidad, además de la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que se encuentra ahora en libertad provisional, y el ingreso en la cárcel de Soto del Real del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García.

En respuesta a los escándalos, el pasado mes de julio el Ejecutivo impulsó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, compuesto por 15 medidas, que fue presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Transparencia Internacional analizó en septiembre las medidas y señaló que, a pesar de ser “un paso muy importante”, era “insuficiente” y tiene “un alcance limitado”.

Para el organismo, el resultado que ha obtenido España “no resulta inesperado”. El país no logra impulsar su puntuación porque necesita reforzar las políticas anticorrupción, algo que resulta complicado, ya que estas dependen de “la existencia de consensos políticos básicos que saquen las reformas legislativas”. Los diputados en las cortes españolas son cada vez más reacios a ponerse de acuerdo y muchas reformas siguen olvidadas en el cajón del Congreso. A esto se le suma la necesidad de un “un compromiso institucional efectivo y continuado”, según el informe.

La ONG ha advertido en varias ocasiones de que la tendencia a la baja persistirá en España si no hay cambios estructurales. La presidenta de Transparencia Internacional España aboga por la creación de una Estrategia nacional anticorrupción. “Debe estar consensuada por el Congreso y el Senado, de tal manera que dicha estrategia no esté al albur de los cambios de gobierno, sino sea una verdadera política de Estado”, señala.

Bacigalupo cree que ​​sí se han impulsado reformas normativas importantes, pero estas carecen aún de la dotación suficiente de recursos que garantice que sean efectivas, “especialmente en un contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado”. El índice, que se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público, evalúa a todos los países con una escala de 0 a 100 puntos utilizando datos de 8 fuentes externas en el caso español, entre las que se encuentran el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial.