Desalojo en el mayor asentamiento de Barcelona para acabar con una plaga de ratas

El Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca están interviniendo desde este martes desde primera hora para desalojar a parte de las 175 personas que malviven en tiendas de campaña grises en el asentamiento que hay a lo largo de la calle 2 del polígono industrial de la Zona Franca, en un dispositivo que se realiza, según las dos administraciones, por motivos de salubridad, por la una plaga de roedores que obligan a realizar un tratamiento incompatible con la presencia de personas. Los habitantes, la mayoría en situación administrativa irregular, son de distintas procedencias: de origen subsahariano, magrebí, latinoamericano o de la Europa del este.

Poco antes de las ocho de la mañana han llegado furgonetas de la Guardia Urbana de las que han bajado agentes vestidos con equipos de protección (monos blancos y mascarillas) y han informado a los acampados que deben marcharse. En el campamento quedan algo menos de la mitad de sus habitantes, porque ayer ya fueron avisados y muchos se trasladaron más arriba y a parterres de la Ronda Litoral. El área de servicios sociales asegura que han intervenido en el asentamiento desde finales de 2024, ofreciendo ayuda a los habitantes, y que la asistencia fue más intensa en 2025 y este mes de enero.

“Los que quedan, no es que se quieran quedar; es que no tienen adónde ir”, lamenta Edwin, de origen colombiano, en situación irregular y que el lunes trasladó su tienda. Asegura que “siempre ha habido ratas” en los parterres, niega que hayan intervenido los servicios sociales y critica la actuación. “Lo que más miedo nos da es la presencia de Policía Nacional, por nuestra situación legal”, afirma observando de lejos tres coches del cuerpo.

Si en los parterres algunos recogen como pueden sus cosas, en la acera de enfrente caminan calle arriba con bolsas, paquetes o carros de supermercado a rebosar. Moha, jovencísimo, no quiere ni hablar. “No sé dónde vamos, no sé cuándo llegamos”, masculla sin parar. “Luego volveré a por la tienda, no podía con todo”, dice.

En el dispositivo, al que el consistorio llama de “levantamiento de una zona concreta por razón de salubridad”, intervienen servicios de limpieza, Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional (que identifica a los presentes), servicios sociales y la Agencia de Salud Pública. La idea, explican el Ayuntamiento y el Consorcio, es limpiar y aplicar un tratamiento fitosanitario en la parte donde se han concentrado más personas y durante más tiempo del que es el mayor asentamiento de la ciudad.

Durante la actuación está presente el Síndic de Barcelona (figura parecida al Defensor del Pueblo), David Bondia, a quien la policía ha pedido que salga de la zona acordonada. También hay representantes de colectivos como Papeles para Todos, el Sindicato de Inquilinas y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB). Enrique Mosquera, de Papeles para Todos, tacha la actuación de “desproporcionada”, lamenta las identificaciones y asegura que, “si no cambian las condiciones”, muchos de los que malviven en la calle 2, “cumplen las condiciones para acogerse al proceso de regularización, porque tienen padrón”.

“Es una operación para proteger la salud de las personas [del asentamiento] y de su entorno”, insiste la comisionada de Acción Social, Sònia Fuertes, que señala que no es un desalojo: “Tenían información previa y no se les pide que se vayan. Pero, en la parte que tiene que sanearse, no pueden estar”. Las personas que malviven en la zona son de distintas procedencias: de origen subsahariano, magrebí, latinoamericano y de la Europa del este.

Edwin y otros compañeros observan la actuación. Él explica que llegó hace un año y que vive de trabajar un par de días a la semana. “Me permite comprar útiles de aseo y pagar transporte, que es un descanso porque colarse es muy angustiante”, cuenta y añade que acude a diario al centro de día para personas sin techo que hay muy cerca, donde puede comer, ducharse o cargar el móvil. Como él, la mayoría de habitantes está en situación administrativa irregular y si están en esta zona industrial es porque hay espacio y por la proximidad con el centro de día para personas sin techo municipal. Muchos vienen de otro asentamiento próximo a las cocheras de autobuses de TMB, la empresa metropolitana de transportes.

De hecho, los habitantes fueron avisados este lunes de que deberían abandonar la parte más afectada por la plaga y se les ofreció el servicio de custodia de pertenencias (siempre según el Ayuntamiento). Pero muchos se movieron en las horas previas, trasladando sus tiendas de campaña en torno a la rotonda de la Ronda Litoral, unos metros más arriba, como fue visible durante la tarde.

El consistorio defiende que durante el mes de enero ha activado un dispositivo de atención social a los habitantes del campamento, habitado desde finales de 2023 y sobre todo 2024, en el que no ha dejado de haber presencia semanal de los equipos que atienden a solicitantes de asilo, los equipos de espacio público y los de sinhogarismo, ofreciendo servicios desde comedores sociales o cursos de formación, entrevistas personales, o centro de reducción de daños.

La comisionada de Acción Social ha explicado que los equipos especializados de calle y el SAIER han intervenido en la zona “desde 2024 y se intensificó en 2025 y enero de 2026 con un dispositivo sanitario con la Cruz Roja para dar una atención más particular”. “Se busca que estas personas vayan teniendo, poco a poco, una salida, con una gran mayoría que acepta el vínculo con un plan de trabajo”. Fuertes insiste en que la intervención es “un levantamiento” y que “no se pone en cuestión dónde pueden dormir las personas”. Es decir, no se les impedirá reubicarse, aunque “algunos” se han desplazado en los últimos días en espacios de la Operación Frío o centros de primera acogida. A los que no se han vinculado, seguirán intentándolo “para que puedan salir de esta situación tan dura”.

De las 175 personas, explica el área de servicios sociales, unos 130 se han vinculado a la atención ofrecida, y el resto (perfiles sin apenas vinculación al territorio), no. Del total, 108 se han vinculado al SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados) con asesoramiento o derivaciones a servicios. Trece jóvenes de entre 18 y 25 años se han vinculado a formación, asesoramiento o derivación a talleres. Y unas 25 han sido atendidas por el SAsSEP (Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el espacio público), de las que 10 tienen un plan de trabajo.

El delegado especial de la Zona Franca, Pere Navarro, ha explicado que el dispositivo a lo largo de la calle 2 se realiza “para garantizar las condiciones de salubridad en las instalaciones en tiendas de campaña para sanear el terreno que ocupan donde la presencia de roedores pone en riesgo la salud de las personas que viven allí y al resto de personas del polígono industrial que acuden a trabajar”. Navarro ha señalado que desde hace tiempo se trabaja ”con estas personas para ofrecerles alternativas para la integración en la ciudad de manera digna".

Según datos del Ayuntamiento, en diciembre de 2026 había 1.756 personas durmiendo en la calle, de las que el 40% son de origen extracomunitario (y, de éstos, la mitad en situación administrativa irregular). Sobre los asentamientos, casi 500 personas (483) vivían en esa fecha en asentamientos y locales comerciales ocupados. Concretamente, en 53 asentamientos y 44 locales. En los últimos meses, el consistorio ha desalojado, espacios como el asentamiento de la avenida de Vallcarca, los de los parques de la Estació del Nord o Joan Miró, y el del puente de Calatrava.