Estados Unidos y los archivos secretos del Palacio de Justicia

Han pasado 10 periodos de gobierno, comisiones de la verdad, decenas de producciones académicas, piezas documentales e informes de expertos nacionales e internacionales y todavía quedan piezas del rompecabezas para poder esclarecer lo que ocurrió durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá.

Parte de la verdad que todavía no conocemos sobre la retoma del Palacio está en documentos que Estados Unidos mantiene como reservados. Los archivos del Comando Sur, el Pentágono y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) son las piezas clave que faltan para determinar con claridad las decisiones tomadas y sus consecuencias por parte de la inteligencia colombiana y norteamericana, así como de sus responsables directos.

En septiembre de 2023, la ONG norteamericana National Security Archives (NSA) publicó 12 documentos desclasificados del Departamento de Estado e informes de inteligencia del Pentágono que develan detalles de las acciones tomadas por el Ejército colombiano con asesoría de la inteligencia norteamericana. Por ejemplo, la respuesta rápida y efectiva de Estados Unidos al enviar un avión C-130, tres explosivistas y tres agentes de inteligencia, con explosivos C4 y un cordón detonante. Otro documento cuenta que personal de la embajada americana estuvo en contacto telefónico con dos personas dentro del Palacio, una de ellas en la oficina de la Corte Suprema de Justicia, quienes actualizaban en tiempo real sobre la retoma.

Varias dudas emergen tras la lectura de los primeros documentos. ¿Usaron los militares el material de guerra norteamericano para volar la puerta metálica del tercer piso, un hecho que dejó víctimas mortales? Es una pregunta sin respuesta para las víctimas, quienes han insistido en instancias colombianas y en Estados Unidos para que desclasifiquen por completo los archivos y le quiten la censura en apartes claves a los que ya son de conocimiento público.

Helena Urán, una de las voces más férreas e incasables por la verdad del holocausto, en su reciente libro Deshacer Nudos pregunta por el informe de resultados de la ayuda suministrada por Estados Unidos, el resultado de las comunicaciones entre la Embajada y las personas dentro del Palacio y el rol de los agentes de inteligencia americanos. En su primer libro, Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985, ya había planteado la necesidad de buscar la verdad que reposa en esos archivos.

Parte de estas respuestas las ha dado en diversas entrevistas el exagente de inteligencia José Dorado Gaviria, quien ha confesado las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas durante la retoma, ha detallado la distribución militar del operativo y el rol determinante del cuerpo de inteligencia. También ha asegurado que los explosivos que envió el Comando Sur fueron utilizados para “romper la pared donde al otro lado estaban retenidos los civiles”.

Según Dorado, incluso militares uniformados como el coronel Plazas Vega respondían al plan de inteligencia militar, y eran los encargados del controlar el primer anillo de acción durante al retoma. “No había gente en el punto o dentro que fuera ajena a la inteligencia. Tenían que ser de Inteligencia”. Su análisis se concentra en relacionar el actuar del comando militar con el entrenamiento que recibían en la Escuela de las Américas y la alineación a la política norteamericana.

En una entrevista publicada por revista Cambio, el exagente le confesó a Helena Urán que luego del asesinato de su padre, el magistrado Carlos Urán, la inteligencia ordenó hacer un montaje para aparentar que el M-19 lo había asesinado dentro del Palacio. “Era una persona objeto de seguimiento del coronel Álvaro Velandia, como de Iván Ramírez, Harold Bedoya y Mario Montoya, quienes eran oficiales de inteligencia. Varios suboficiales le hacíamos seguimientos. La inteligencia militar quería que él no saliera con vida”, aseveró en la entrevista.

El testimonio del exagente corrobora lo establecido por la Fiscalía General en 2018, cuando reconoció que a Urán lo habían torturado y asesinado, y luego habían trasladado su cuerpo entre unidades militares y Medicina Legal. Coincide también con lo documentado por la Comisión de la Verdad de Colombia y Forensic Architecture en su proyecto Las cajas negras de la desaparición forzada, que detalla el recorrido de un grupo de personas que fueron calificados como “sospechosos”, y resultaron detenidos, torturados y en algunos casos ejecutados –en otros, desaparecidos forzadamente.

Un oficial del Ejército le confesó a la Comisión de la Verdad que él ordenó y participó de las torturas infringidas a cerca de 20 personas, entre el 7 y el 15 de noviembre de 1985. Con su testimonio ayudó a reconstruir la distribución de los centros de detención y tortura en la Escuela de Caballería, la Brigada XIII, el Batallón Charry Solano, la DIJIN, la SIJIN o la Casa del Florero, todos custodiados únicamente por los agentes de inteligencia. De allí salió un informe forense que permitió establecer la articulación de distintas instituciones estatales, y la participación de agentes militares, policiales y de inteligencia, de jueces, forenses y otros funcionarios, para legalizar los asesinatos, torturar y desaparecer forzadamente con una impunidad que aún hoy cobija a la mayoría de los casos.

Cabe resaltar que, pese a la responsabilidad que cobija a civiles, fue el mando militar el que tomó control y ejecutó las órdenes, como lo confirmó la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, 40 años después de los hechos: “Yo hice lo que pude. Lo que pasa es que no hubo gabinete el día de la toma del Palacio de Justicia. Éramos unos ministros y la retoma fue una operación militar. Nosotros buscábamos una solución política, pero con la solución militar nunca tuvimos espacio”.

Así como los archivos han sido determinantes para llenar vacíos judiciales e identificar presuntos determinadores y responsables directos, también han abierto nuevos interrogantes, sobre la toma y retoma y sobre lo que ocurrió en las semanas siguientes. El desenlace de las relaciones entre el Ejecutivo, la cúpula militar y las agencias norteamericanas tiene zonas grises que deben ser esclarecidas.

Entre los cables publicados por NSA, hay un informe militar de los Estados Unidos, fechado el mismo 6 de noviembre, que afirma que el presidente Belisario Betancur pedía adoptar una línea severa frente a los guerrilleros, no negociar, y da “luz verde” para que se hiciera lo “necesario” para resolver la situación. Semanas más adelante, otro cable de la CIA asevera que Betancur tenía reticencia a enfrentar al M-19, por el temor de un deterioro de su relación con los militares. En diciembre de ese mismo 1985, la embajada americana envió una misiva titulada “After Black November” en la que aseguraba que todas las fuerzas del país creían que las negociaciones con el M-19 dañarían la legitimidad del Gobierno. Son tres versiones casi contemporáneas, que evidencian la falta de un criterio uniforme.

Pese a las peticiones del Estado colombiano a Estados Unidos para descalcificar los archivos, el avance ha sido nulo. Ha reinado el silencio, tanto en la administración Biden como en la Trump. Lo llamativo es que las mismas instituciones estadounidenses han colaborado con comisiones de la verdad de países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, desclasificando el mismo tipo de material.

Mientras la verdad que reposa en Estados Unidos sigue oculta, en Colombia no hay avances significativos en materia de justicia y reparación. Desde 2014, cuando la Corte IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y violación de garantías judiciales, las víctimas esperan un avance esclarecedor y respetuoso de la dignidad humana. En lugar de ello, han sufrido eventos revictimizantes, como el del 26 de abril de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro, durante un acto de conmemoración por el magnicidio de Carlos Pizarro, pidió a exguerrilleros que subieran a la tarima y ondearan la bandera del M-19.

Antes de terminar su periodo presidencial, Petro debería abandonar su relato romantizante sobre la toma del Palacio y caminar hacia un pedido de perdón, en nombre del M-19, que dignifique a las víctimas, reconozca las infracciones al DIH y las violaciones de derechos humanos y resarza el buen nombre de los familiares de las víctimas. A su vez, debería convocar a que el Estado reconozca su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la masacre cometida por parte del Ejército Nacional.

La responsabilidad del Estado y del M-19 por el Holocausto se seguirá diluyendo en la historia mientras no haya justicia efectiva. La desclasificación de archivos será determinante y jugará un papel importante en el esclarecimiento de hechos y la preservación de la memoria. Por el momento, el Ejecutivo continúa con una deuda histórica.