Las altas cortes de Colombia conmemoran los 40 años de la tragedia del Palacio de Justicia: “No podemos permitir que los relatos falsos borren a las víctimas”

Las altas cortes de Colombia culminaron este viernes las conmemoraciones por los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Los líderes de la rama judicial depositaron rosas blancas ante una placa que recuerda, en la plazoleta del edificio reconstruido, cómo el asalto de la guerrilla del M-19 y la brutal respuesta militar diezmaron a este poder del Estado el 6 y 7 de noviembre de 1985. Las flores quedaron debajo de la frase “¡Qué cese el fuego!”, la súplica con la que Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema, inmortalizó la impotencia del poder judicial antes de ser asesinado. Cuatro décadas después de los hechos, los sucesores de Echandía expresaron un sentimiento de desolación que persiste: faltan un sinnúmero de respuestas sobre lo que pasó, y existe una guerra de relatos cruzados que, según ellos, desdibuja el dolor de los asesinados, torturados, desaparecidos y sobrevivientes.

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, presentó un largo listado de interrogantes que persisten pese a varias sentencias judiciales y comisiones de la Verdad. “¿Quiénes financiaron la toma? ¿Cómo fue su preparación? ¿Por qué se levantó la seguridad del Palacio de Justicia? ¿Qué pasó con la suerte de cada uno de los magistrados y funcionarios? ¿Quién los ejecutó? ¿Cómo se incendió el Palacio?”, reclamó. “Muchas víctimas y familiares continúan esperando respuestas y la impunidad sigue siendo una herida abierta porque se investigó y juzgó apenas una pequeña parte de los hechos”.

Esos vacíos han dado lugar a todo tipo de especulaciones y versiones cruzadas a lo largo de esta semana. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que integró la guerrilla que perpetró el ataque, ha minimizado la responsabilidad de sus antiguos camaradas. “Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19”, dijo, pese a testimonios que señalan lo contrario. El expresidente Álvaro Uribe, por su parte, ha pedido una norma que absuelva a los militares que participaron “en el rescate del Palacio”, así haya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la respuesta desproporcionada del Estado.

Los magistrados expresaron su angustia por esta guerra de relatos. “Ante los pactos de silencio que han impedido conocer la verdad, nos acompañan la especulación y la mentira”, dijo Ibáñez. Algo similar comentó el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez: “No podemos permitir que los relatos falsos se apoderen de la memoria y borren a las víctimas”. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, lamentó que “los bastiones de verdad” se cuestionan en cada aniversario. “Exaltar el heroísmo [de la guerrilla] ofende a las víctimas y humilla a los muertos”, remarcó.

Las únicas certezas, según los líderes de la cúpula judicial, son que tanto el M-19 como la fuerza pública tuvieron responsabilidades: unos iniciaron un ataque “a sangre y fuego”, y otros decidieron no negociar y responder sin tener en cuenta la vida de los rehenes. “No fue un gesto de romántica subversiva, no puede enarbolarse la bandera de la subversión ante lo que fue un acto terrorista (...) No permitimos que a esto se le llame un acto de genialidad”, enfatizó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Vallejo. “Pero hay que reconocer que no fue menos atroz el contraataque con las armas de la República. La fuerza pública desconoció criterios de ética mínima”, añadió. Rodríguez, además, cuestionó que el Gobierno de Belisario Betancur “silenciara a los medios públicos”, que transmitieron un partido de fútbol durante la tragedia.

Las referencias al M-19 fueron variadas. Tamayo se refirió al grupo armado como un “grupo guerrillero”, mientras que Ibañez recordó que “hay sentencias que los calificaron como terroristas”. El más duro fue Gabriel Andrade, hijo del magistrado auxiliar Julio César Andrade, inicialmente dado por muerto y actualmente desaparecido. “Se impuso la barbarie, el ultraje a la majestad de la ley por parte del grupo guerrillero terrorista M-19″, consideró. Fue el único que hizo una referencia directa a Petro, quien no hizo parte de la toma y firmó la paz en 1990. “El mismo movimiento terrorista hoy ostenta la dirección máxima del Estado”, lamentó. Sin embargo, Andrade también hizo referencia a videos que muestran que su padre salió con vida y cuestionó un “manejo inadecuado de la crisis” por parte del Gobierno de entonces.

Los magistrados también mencionaron otras preocupaciones. Vallejo pidió esclarecer la hipótesis de un “cotubernio con el narcotráfico”, en referencia al supuesto apoyo del Cartel de Medellín para acabar con la vida de jueces que estaban por avalar las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. También expresó su inquietud de que los jóvenes, “la generación de la era digital”, olviden la toma y retoma del Palacio por “indiferencia o cansancio”. El presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejeiro, llamó a “impedir una cultura del olvido” para evitar que los hechos se repitan. Pidió “tener esperanza” de que Colombia puede ser un país “pacífico, tranquilo”, y para ello pidió “desescalar el lenguaje”: “Es necesario que acallemos frases con las que invitamos al odio y al desencuentro”.

Los familiares de las víctimas cerraron la conmemoración. La hija de César Rodríguez (administrador), el nieto de Héctor Beltrán (empleado de la cafetería) y el nieto de Carlos Urán (magistrado auxiliar) leyeron fragmentos de un libro de memoria. Concluyeron en un llamado que recitaron al unísono. “Hoy las historias que nos atraviesan confluyen en un mismo mensaje: la memoria es resistencia, dignidad y futuro. No hablamos solo por quienes llevamos en la sangre, sino por todas las víctimas, por cada vida rota y por cada historia que aún espera justicia (...). La verdad es indispensable para la paz”.

Tras finalizar el acto, los magistrados, sobrevivientes y familiares de asesinados y desaparecidos se dirigieron a la Catedral para una misa. Joselín Sánchez, que tiene 80 años y trabajaba como auxiliar de la Corte Suprema cuando el M-19 tomó el Palacio, comentó en el camino que esta era la primera vez que participaba en las conmemoraciones: antes, explica, no había tenido la fuerza porque “es muy doloroso recordar la atrocidad″. Aunque dice que le hizo bien participar, mantuvo un tono más pesimista que el de los magistrados: “Nunca se sabrá la realidad de todo lo sucedido. Es imposible, se habla demasiado y todos quieren tener la verdad”.