Petro pone al límite a las instituciones democráticas al cuestionar la transparencia de las elecciones en 2026

El presidente Gustavo Petro ha insistido, en distintos momentos de su Gobierno, que él no es quien tiene el poder. Que el poder son sobre todo los grandes empresarios que influyen en los medios, o en el Congreso, o incluso en otras instituciones fundamentales para la democracia. Que por eso a él le hacen fraude, zancadilla, que la Presidencia no es suficiente para cambiar a Colombia. El viernes dijo, por ejemplo, que en la Corte Constitucional quiere hundir su reforma pensional “en favor de dos banqueros”, una afirmación que el presidente del tribunal salió a rechazar inmediatamente. Su nueva pelea contra la Registraduría del país, que ya está en proceso de organizar la logística para las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo del próximo año, vuelve a poner presión con el mismo tono. Para el presidente es inconcebible que una buena parte de la logística se delegue a una firma poderosa llamada Thomas Greg & Sons, con un contrato de 2,1 billones de pesos firmados ya entre la empresa y la Registraduría. El gran capital de nuevo en el medio. Entonces lanzó un mensaje temerario en sus redes sociales: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026″.

La palabra transparencia es una que usualmente también es prioridad para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral desde 2006. “¿Pero la transparencia está en riesgo? Para nosotros no lo está si los procesos de logística son auditados. La transparencia en elecciones siempre depende de la auditoría, y el proceso de definir la auditoria del 2026 no está listo aún. La Registraduría ahora quiere reforzarla para el próximo año por lo que ahora dice el presidente“, dice. “¿Pero podemos presuponer que puede haber fraude porque la logística está en manos de Thomas Greg & Sons? Pues eso podría ser una acusación contra cualquier otra empresa que hubiera ganado el contrato, pero esta es la que cumplía con todos los requisitos de la licitación. Y, de nuevo, lo importante es quien los audita". Eso sin considerar que esta firma ya ha trabajado más de una década con la registraduría en elecciones que han sido consideradas transparentes por organismos de verificación.

Barrios reconoce que el contrato que adjudicó la Registraduría a la firma es enorme. En la práctica se encargarán de 13 componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral: van de la inscripción de candidatos, la formación de un ‘Kit electoral´(garantizar los lapiceros, tarjetones, resaltadores, formularios, a los jurados de votación), o garantizar las vías de comunicación durante el preconteo. Ella dice que preferiría que esos 13 puntos logísticos estuvieran divididos entre cuatro o cinco contratistas. Pero también entiende que tener a uno solo que gestione todo facilita la vigilancia. Implica monitorear el cumplimiento de una sola firma, y que esta funcione “como un relojito” el día de las elecciones, en vez de estar vigilando a cuatro o cinco gerentes. “Pero este ya no es el momento de discutir eso”, dice Barrios, cuando las elecciones están a la vista y en la Registraduría no hay tiempo que perder.

Con la Registraduría, sin embargo, el jefe de Estado parece haber abierto un nuevo capítulo en sus peleas con las instituciones claves de la democracia, donde el sector privado se aparece como un fantasma. La mayor fue contra el Legislativo en los últimos dos meses, cuando Petro amenazaba con decretar una consulta popular para pasar a referendo varias preguntas en temas laborales y sanitarios, a pesar de que el Senado no le dio su aval a esa propuesta. Para Petro, los congresistas estaban defendiendo esclavistas por no apoyar la consulta o su reforma laboral. En realidad, el ‘decretazo’ fue señalado como inconstitucional por varios juristas, y aumentó el temor que hubiera un choque entre las dos cortes que iban a analizar el decreto, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, porque el Gobierno solo respetaba la decisión que tomara la última. La tensión bajó un poco cuando el Senado decidió revivir y aprobar la laboral, y Petro accedió a derogar el decreto. Pero no sin antes volver a enrarecer el ambiente: diciendo que quiere apelar a una Asamblea Constituyente, no a través de las vías formales, que implican pasar por el Legislativo, sino a través de una simbólica octava papeleta para las elecciones del 2026.

Hay dos lecturas en Colombia de la estrategia del presidente cuando reta las reglas de las instituciones democráticas. La primera indica que esta presión política le funciona a Petro. Por ejemplo, que si no fuera porque insistió con una consulta popular, así su decreto fuera controvertido jurídicamente, no hubiera pasado la reforma laboral en el Legislativo. Una reforma que, como lo indicaron las encuestas, no solo era un capricho del presidente, sino una propuesta legislativa que la mayoría de la ciudadanía apoyaba.

También le sirve a nivel narrativo, como considera Carlos Andrés Arias, analista político: “Gustavo Petro busca siempre crear cortinas de humo para construir agenda y narrativa que permita que su paupérrima gestión no sea el foco de atención de los medios de comunicación y de la oposición”. El 2026 está a la vuelta de la esquina y eso quiere decir que Petro no quiere perder el micrófono político, y por ende el debate público no debe centrarse en su crisis en el sector de la salud, o en el fracaso de la paz total. Si pierde las legislativas en marzo del 2026, dice Arias, “le queda difícil su participación con un candidato de centro-izquierda” que pueda ganar. Lo de la falta de transparencia en el 2026 “no es un mensaje desprevenido, que no tiene que ver con su reelección, sino con la reelección de su poder político”, añade Arias.

La segunda lectura es que no le sirve del todo porque, ante los discursos de bloqueo institucional y dudas sobre la transparencia, las instituciones han cerrado filas ante la Constitución, los procedimientos legales, las reglas. Colombia parece más apegada a las normas que nunca, más santandereana que bolivariana. El registrador, Hernán Penagos, ya ha anunciado esta semana que ya está en la búsqueda de dos auditorías expertas para las elecciones del 2026, porque “entre más capas de seguridad tengan los sistemas de información, más integridad”. Pero no puso en duda un contrato ya firmado. El mismo funcionario, cuando Petro firmó el polémico decreto para la consulta, a pesar de la molestia del Gobierno, prefirió esperar el concepto del Consejo de Estado antes de arrancar el proceso de un referendo.

Los presidentes de los tribunales también han llamado al orden. La Corte Constitucional ha tomado varias decisiones importantes para el Gobierno en el que recalca lo importante que es respetar los procedimientos para hacer reclamos: pidió devolver la reforma pensional al Legislativo para solventar un vicio de trámite; tumbó una intervención a una Empresa Promotora de Salud por otro vicio de trámite; concluyó que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente por la financiación de la campaña porque ese no es el trámite adecuado (lo debe investigar la Comisión de Acusaciones).

“La Constitución de 1991 jamás fue una carta de batalla, al contrario, fue un consenso nacional, un tratado de democracia y paz que hoy más que nunca debemos defender”, dijo el presidente del tribunal, Jorge Ibáñez, poco después de que Petro sugiriera su octava papeleta.

Los partidos políticos que no son afines al Gobierno incluso han querido poner la norma en el centro de su discurso político para hacer oposición, y no solo cuando el presidente habla de ‘decretazo’, octava papeleta o la Registraduría. También cerraron filas ante la Constitución cuando se conocieron los audios del excanciller Álvaro Leyva para organizar un complot que tumbara a Petro. “No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado”, dijo entonces Vicky Dávila, candidata de la derecha y una de las que puntea en las encuestas. Álvaro Uribe, expresidente que convoca a buena parte de la derecha e históricamente enemigo político de Petro, recalcó que en su partido no hay golpistas de las instituciones democráticas. Petro ha puesto a esas instituciones políticas al límite. Pero las instituciones también le han respondido.