Petro desconfía de la transparencia en las elecciones de 2026 tras la adjudicación de un contrato billonario a la firma Thomas Greg & Sons

La Registraduría Nacional ha adjudicado en la tarde de este miércoles un multimillonario contrato para la logística de las próximas elecciones a la unión temporal liderada por la empresa Thomas Greg & Sons. Esta decisión, previsible desde hace días porque ninguno de los otros nueve proponentes cumple con las condiciones de la licitación, ha desatado la indignación y la ira del presidente Gustavo Petro, quien desde antes de llegar al poder ha criticado en múltiples ocasiones que esta empresa privada tenga el manejo de las bases de datos electorales de los colombianos. Una vez en la presidencia, el primer mandatario de izquierda en la historia moderna del país ha buscado todas las maneras para que esta firma no siga teniendo otros grandes contratos del Estado, como el de los pasaportes, y ha cuestionado su participación en los comicios electorales. “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026″, escribió Petro en su cuenta de X, cuando ya era inminente que Thomas obtendría el contrato. Un cuestionamiento temerario cuando la firma ya ha trabajado en el mismo rol durante más de una década, y fue contratada en las elecciones que ganó Petro en 2022.

Petro ha insistido en sus críticas durante toda la semana. Primero, cuestionó que en la junta directiva de la empresa estuvieran expresidentes y excandidatos presidenciales. En el pasado, han hecho parte de dicha junta los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. “Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia”. Después, cuando se refirió a la empresa que hace los carnets de identidad, insinuó que podría haber fraude y que se estaba vulnerando la libre competencia: “Indime subcontrató a Thomas and Greg para hacer las cédulas y en el Kit para votar se puede hacer fraude físico. Solo la investigación de la Superintendencia de Industria y comercio, que debe continuar, mostrará si hubo prácticas restrictivas a la libre competencia en la Registraduría”. Finalmente, se refirió a sus dudas frente a los próximos comicios: “Yo no quiero aplazar elecciones. Pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo, por completo, la transparencia electoral”. Hasta el momento, sin embargo, no hay pruebas de dichos delitos contra la firma.

El nuevo contrato que incomoda al presidente será por 2,1 billones de pesos y tiene como objeto “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y presidente y vicepresidente de la República de 2025 y 2026″. En la práctica se encargarán de 13 componentes técnicos que hacen parte de la etapa preelectoral, electoral y postelectoral: 1) Inscripción de ciudadanos y registros de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco; 2) Inscripción de candidatos; 3) Inscripción de jurados de votación; 4) ‘Kit electoral´: lapiceros, tarjetones, resaltadores, formularios, entre otros; 5) La aplicación Infovotantes; 6) Verificación biométrica;7) Control de puestos de votación; 8) Preconteo y comunicaciones; 9) Escrutinios; 10) Acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación E-14; 11) Actas de instalación y registro de votantes; 12) Infraestructura tecnológica y 13) Mesa de ayuda. La firma también deberá llevar el material a todas las mesas de votación del país y a los 180 países donde Colombia tiene consulados.

En un comunicado de prensa, la Registraduría explicó que la mayoría de los oferentes distintos a Thomas and Gregg habían desistido de su participación, y que entre los que quedaron esta empresa obtuvo los mayores puntajes. “La propuesta de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 fue sometida a un estricto proceso de verificación de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros y la acreditación de los factores ponderables, establecidos en los estudios previos y el pliego de condiciones de la convocatoria”, se lee en el documento. Sabrina Cajiao, gerente administrativa y financiera de la Registraduría, insistió en que fue una convocatoria abierta, pública, con mecanismos para permitir pluralidad de oferentes, con plenas garantías de transparencia y un trabajo riguroso de un robusto equipo técnico de cerca de 30 funcionarios de la entidad.

Algunos exregistradores del país han criticado las dudas que el presidente ha puesto sobre la mesa. “Se trata de deslegitimar las elecciones sin ningún soporte, lo que es absolutamente censurable“, ha dicho Juan Carlos Galindo, exregistrador en dos ocasiones, al diario El Tiempo. “Lo que exige la Registraduría es buscar los mejores estándares de calidad y conocimiento, Thomas ha demostrado que tiene esa experiencia”, añade. Carlos Ariel Sánchez, también exregistrador, dijo que en su tiempo los contratos con la firma se cumplieron a cabalidad y sin problemas: “Los contratos se ejecutaron y liquidaron debidamente. Por lo demás después de 8 años, no supe nada distinto de la liquidación satisfactoria de los contratos”.

Las dudas del presidente sobre la transparencia de las próximas elecciones también han prendido las alarmas de distintos sectores políticos y empresariales. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, escribió un mensaje en su cuenta de X en el que respalda a la registraduría y cuestiona las intervenciones de Petro: “No es saludable sembrar suspicacias sobre las futuras elecciones basándose únicamente en prejuicios personales, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado y fundamental para la democracia”. El precandidato presidencial Sergio Fajardo se sumó al respaldo a la Registraduría: “Confío completamente en las Instituciones y desconfío completamente en Gustavo Petro y el miedo que está infundiendo, creando un ambiente nocivo para sacar créditos personales”.

La congresista y precandidata María Fernanda Cabal, del Centro democrática y opositora del Gobierno, también cuestionó al presidente: “Resulta que Petro, quien fue elegido congresista, alcalde de Bogotá y presidente bajo la logística de Thomas Greg & Sons, ahora cuestiona la idoneidad de esa misma compañía. ¿Está admitiendo que sus propias elecciones fueron irregulares? ¿O simplemente está sembrando dudas para desconocer los resultados de 2026 si no le favorecen? Cuidado, Petro: esto no es Cuba ni Venezuela". El Consejo Gremial Nacional advierte que los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre la desconfianza de la transparencia de las elecciones del 2026 traen riesgos. “Este tipo de mensajes pueden alimentar escenarios de polarización, deslegitimación institucional y desconocimiento de los resultados democráticos, afectando gravemente la estabilidad del Estado de Derecho. Sembrar dudas anticipadas sobre la legitimidad del proceso electoral, sin presentar evidencia alguna, constituye un mensaje perjudicial para la democracia, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y deteriora el clima de estabilidad institucional que el país necesita”.