Thomas Greg gana otra batalla en la disputa de los pasaportes en medio de acusaciones entre dos cancilleres de Petro

Thomas Greg, la empresa que imprime los pasaportes en Colombia desde 2007, ha ganado una batalla más en su disputa con el Gobierno de Gustavo Petro. La compañía mantendrá la elaboración de los documentos por otro año, luego de que el Ejecutivo fracasara en su intento de hacerse cargo del proceso a partir del próximo septiembre. Así lo ha confirmado este martes la Cancillería, en medio de acusaciones entre el exministro Luis Gilberto Murillo y la actual jefa de la cartera, Laura Sarabia, que se señalan como responsables de ello. La compañía, a la que Petro señala de beneficiarse de licitaciones amañadas, suma así la tercera prórroga a su contrato, vencido en 2023.

Este nuevo capítulo de la larga odisea por los pasaportes comenzó el viernes. Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio, señaló en X que Murillo renunció a la Cancillería en enero sin dejar listo un acuerdo de cooperación con Portugal, necesario para construir una imprenta y garantizar la transferencia paulatina de tecnología al Estado colombiano. “¿Dan los tiempos para septiembre? La respuesta ya es clara: no dan”, cuestionó entonces. El excanciller le respondió que él dejó un plan “completamente estructurado”. Según explicó, esto permitió que Portugal avalara el acuerdo en enero y mandara una delegación a Bogotá en marzo para firmar el convenio. “A pesar de tener listo el diseño jurídico, técnico y financiero, el nuevo y actual equipo de la Cancillería no tomó la decisión”, aseguró.

La canciller lo desmintió una hora después en la misma red social y lo acusó de buscar réditos, pues es aspirante presidencial. “Si todo estaba listo, como afirma el candidato, lo responsable era firmar el contrato antes de irse a hacer campaña. Eso sí habría sido actuar con seriedad frente al Estado y con respeto por un servicio esencial como la expedición de pasaportes. Las decisiones públicas no pueden subordinarse a intereses personales o electorales”, subrayó. Murillo, en tanto, le respondió que hubiera sido “improcedente e irresponsable” firmar el contrato sin el aval de Portugal: “Lo correcto era dejar el proceso estructurado, como efectivamente se hizo, y permitir que continuara bajo la nueva administración. Lamento que esto último no haya ocurrido así. Afirmar que hubo motivaciones personales (...) es impreciso, y además injusto”.

La prórroga, ya evidente a partir de ese intercambio, se oficializó este martes. La Cancillería confirmó que declarará la urgencia manifiesta en los próximos días para permitir que Thomas Greg se encargue por 11 meses más, a partir de septiembre, cuando se esperaba que el Estado se hiciera cargo con el apoyo de la Casa de la Moneda de Portugal. Según reveló Caracol Radio, la idea ahora es firmar un acuerdo antes del 31 de julio para evitar una nueva licitación. Si esto sucede, la Imprenta Nacional tendrá un año para adquirir las capacidades técnicas que le permitan hacerse cargo del proceso a partir de septiembre de 2026. El acuerdo, según la emisora, durará 10 años y será firmado por 3,2 billones de pesos (unos 750 millones de dólares).

Un enredo de dos años

La disputa entre el Gobierno y Thomas Greg, de la poderosa familia Bautista, comenzó en mayo de 2023 con una licitación para renovar la expedición de los pasaportes. Varias compañías extranjeras, como la alemana Veridos y la francesa IN Groupe, se retiraron del proceso tras denunciar que los pliegos estaban amañados a favor de la empresa colombiana. Señalaron que los documentos del proceso, definidos por la Cancillería, daban prioridad a quien tuviera una planta de producción en Bogotá —que solo tiene Thomas Greg— y otorgaban solo 44 días para que cada candidato presentara las muestras de tintas, chips de seguridad y papeles especiales.

Este asunto, aparentemente rutinario, se convirtió en una prioridad para el Ejecutivo. El presidente había prometido en campaña que en su Gobierno se acabarían las licitaciones amañadas y tenía a Thomas Greg en la mira: la empresa también se encarga, desde hace más de dos décadas, de brindar apoyo técnico a los procesos electorales. El entonces canciller, Álvaro Leyva, declaró desierta la licitación cuando ya Thomas Greg era el único interesado habilitado. El mandatario, ahora enfrentado con su antiguo funcionario, lo respaldó de manera contundente: “Todo funcionario tiene mi mensaje (...). Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia”.

Leyva prorrogó el contrato antiguo por un año y rechazó una conciliación con la empresa por la licitación fallida. Thomas Greg, en tanto, demandó al Estado y exigió una indemnización de 117.000 millones de pesos (unos 27,3 millones de dólares). Poco tiempo después, el entonces canciller fue suspendido por la Procuraduría. Su sucesor, Murillo, heredó la disputa y buscó apaciguar los ánimos: prorrogó el convenio otro año más y alcanzó un acuerdo con Thomas Greg. “Mi gestión permitió superar una gran crisis heredada, evitar una demanda de 117.000 millones y construir una solución con inversión internacional directa”, destacó el sábado en X.

La idea de esas dos prórrogas era darle tiempo al Estado para hacerse cargo, como ambiciona el presidente. El problema ha sido que la Imprenta Nacional no logra consolidar las capacidades para hacerlo: ni siquiera ha podido gestionar la expedición de las cédulas de extranjería, para las cuales tuvo que subcontratar a una empresa mexicana que tuvo todo tipo de problemas. Por ello, el Gobierno comenzó a buscar un socio internacional en agosto del año pasado. Hubo conversaciones con los gobiernos de media docena de países. El elegido fue Portugal.

Un año después, ni siquiera hay un acuerdo firmado. La larga odisea de los pasaportes, que ya derivó en la caída de un canciller, sigue sin resolverse. Thomas Greg se mantiene a cargo mientras Murillo deja al descubierto la dificultad para cumplir la ambición presidencial de concretar una transición a lo público. “Si el cronograma pactado se hubiera seguido como estaba previsto, este mes de septiembre próximo se estarían fabricando libretas de pasaportes de alta calidad, bajo un modelo mixto, público-privado, moderno y transparente, con prevalencia de lo público”, dijo. “Hoy, Colombia arriesga perder la inversión y la transferencia tecnológica y de activos acordada, y sobre todo, la oportunidad de transformar definitivamente el sistema de producción de pasaportes”.