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“Hijos de obreros”: Petro arremete contra la carrera diplomática en su idea de tener un Gobierno diverso

El presidente colombiano pide eliminar los requisitos para los altos cargos

Gustavo Petro en la Plaza de San Francisco, Cali, Colombia, el 12 de junio de 2025.

El servicio diplomático es el nuevo campo de batalla del presidente Gustavo Petro en su cruzada por hacer un Gobierno de rupturas. “No debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia”, le ha ordenado a la canciller Laura Sarabia, en público, durante el más reciente consejo de ministros. “Cualquier hijo de obrero puede ser embajador. ¿No les gusta? Pues este es el Gobierno del cambio”. Esa orden contradice su promesa de campaña de impulsar la carrera diplomática y lo obligaría incluso a ir al Congreso para hacer los cambios. A su vez, es un camino para concretar su propósito de dar representatividad a poblaciones que generalmente no la han tenido.

Se trata de una apuesta coherente con su proyecto que hasta ahora, sin embargo, tiene un balance irregular, pues Petro ha recurrido a la tradicional y cuestionada práctica de nombrar como embajadores y cónsules a políticos y amigos. A finales de 2022, cuando arrancaba su mandato, solo 3 de los 12 embajadores que había designado en América Latina eran diplomáticos de carrera.

Ese expediente le ha salido costoso en casos muy sonados. A inicios de su Administración designó como embajador en México a Álvaro Moisés Ninco, un líder de las juventudes petristas que no tenía título universitario, un requisito para el cargo. La oposición demandó y una sentencia del Consejo de Estado obligó a Petro a sacarlo a finales de 2024. Nombró a León Fredy Muñoz como embajador en Nicaragua, pero no solo carecía de experiencia, sino que enfrentaba un proceso penal por supuesto tráfico de droga (fue absuelto en primera instancia cuando seguía en el cargo; hoy es senador). Y designó como embajadora en Italia a Ligia Margarita Quessep, amiga personal de la primera dama, Verónica Alcocer.

Los sindicatos de la Cancillería han demandado decenas de nombramientos de embajadores y cónsules, argumentando que los elegidos no hacen parte de la carrera diplomática y hay funcionarios de ella listos para ocupar las plazas. La justicia les ha dado la razón y ha tumbado a representantes de Colombia en Argentina, Reino Unido, México, Uruguay y Francia. La nulidad más reciente fue la de Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), porque incumplía requisitos como hablar inglés o italiano, o tener un posgrado.

Petro ha respondido a las críticas cuestionando la carrera diplomática. De hecho, la primera vez que sacó pecho por el nombramiento de un embajador de carrera fue por llevar a Gustavo Makanaky, un médico afro del Valle del Cauca, al Japón. Aprovechó el anuncio para criticar a otros funcionarios: “Teníamos una Cancillería blanca, de élite y aristocrática”. Algo similar repitió este martes en el consejo de ministros: “¡El sindicato es blanco!”. Uno de los sindicatos, Unidiplo, se ha encargado de responderle. Una campaña en redes sociales presenta varios diplomáticos de carrera que cuentan sus historias de vida, de hacerse a pulso desde escuelas y universidades públicas hasta su grado actual.

Mientras sus críticos le cuestionan el desprecio por una carrera exigente y con requisitos claros para cada cargo –como ha recordado un grupo de siete excancilleres en una carta pública revelada este jueves–, el presidente opta por desplazar el debate al origen étnico y social de los funcionarios. Así, asocia sus nombramientos a la defensa de la justicia social y señala que, más allá de la Cancillería, su gabinete es muestra de una diversidad social y étnica nunca antes vista en un gobierno colombiano.

El peso de la lealtad

Petro ha demostrado que el cuerpo diplomático debe responder a esa misma lógica. El 19 de julio de 2022, días antes de posesionarse como presidente, anunció que su embajadora ante la ONU en Nueva York sería Leonor Zalabata, lideresa indígena arhuaca. En el mismo trino informó que nombraría a otros indígenas al frente de entidades muy representativas: Patricia Tobón, abogada embera, en la Unidad de Víctimas; y Giovani Yule, sociólogo nasa, en la de Restitución de Tierras.

Así empezaba a concretar el cambio prometido, algo que corroboró con su primer gabinete, con una apuesta por dar espacio a sectores distintos a lo que Petro llama blanco y aristocrático: además de la vicepresidenta Francia Márquez, lideresa social del Cauca, estaban Gloria Ramírez, una lideresa sindical y dirigente comunista en la cartera de Trabajo; Patricia Ariza, teatrera y militante de izquierda, en Cultura; o Carolina Corcho, una ministra de Salud que venía de la militancia más dura contra el sistema del sector.

Arrancaba así una cruzada contra una tecnocracia que había predominado por unos 60 años en la definición de las políticas públicas y que la izquierda ha cuestionado por considerarla plegada a intereses corporativos y extranjeros. Quienes la han integrado, según una investigación de los profesores Jenny Pearce y Juan David Velasco, suelen ser economistas; hombres; tener un alto nivel de formación académica, sobre todo en universidades de Bogotá y de países anglosajones; entre ellos predomina una suerte de consenso alrededor del gradualismo en los cambios mientras Petro busca rupturas, y comparten la ortodoxia en el manejo macroeconómico.

En el intento por abrir espacios a perfiles que se salgan de ese molde, Petro se ha topado con estructuras rígidas y requisitos técnicos. El choque ha producido mucho ruido. Hoy se ventila la posibilidad de que el ministro de Minas, Edwin Palma, pase a dirigir la mayoritariamente estatal Ecopetrol, donde fue dirigente sindical. Para ello sería necesario cambiar los requisitos del cargo. El presidente también ha propuesto cambiar el perfil que requieren los comisionados de la CREG, la entidad autónoma que regula los servicios públicos de energía y gas, por considerar que solo pueden llegar allí personas afines a los operadores privados. Y, recientemente, la nueva directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Irene Vélez, modificó el manual de funciones de esa entidad para poder integrar a su equipo a profesionales en filosofía o teología. La propia Vélez, filósofa con maestría en estudios culturales, había protagonizado ya controversias cuando, como la primera ministra de Minas de Petro, publicó un informe sobre reservas de gas con evidentes errores técnicos. De ese cargo pasó a ser cónsul en Londres, una muestra de que el presidente mantiene la misma lógica en su Gabinete y en el servicio exterior.

El politólogo Alejandro Chalá, que trabaja para la Fundación Pares y ha investigado las redes de poder del Gobierno Petro, vio la posibilidad de que Petro fortaleciera una “tecnocracia de izquierda”, funcionarios que conozcan el Estado y a la vez puedan aportar visiones alternativas. Pero las decisiones a lo largo de la Administración le llevan a creer que eso no va a ocurrir. La atropellada evolución de los cuadros del Gobierno en medio de una confrontación política constante ha hecho que, aunque se mantengan cargos con representatividad de sectores populares, su peso haya disminuido. “El presidente está privilegiando la lealtad en vez de profundizar un trabajo que abogue por crear esa ‘tecnocracia’ de izquierda”, dice Chalá.

Francia Márquez ha quedado relegada, mucho más desde que se hizo notoria la mínima ejecución del Ministerio de la Igualdad mientras lo tuvo a cargo; las exministras Susana Muhammad, de Ambiente, y Gloria Inés Ramírez, de Trabajo, mostraron resultados, pero salieron en medio de choques políticos desde que Benedetti se convirtió a inicios de año en la mano derecha del presidente. “El Gobierno Petro ha preferido plegarse a su círculo de poder más cercano y atrincherarse ante cualquier escenario de bloqueo político, en detrimento de consolidar un proyecto alternativo a largo plazo”, ha escrito Chalá en un análisis reciente.

El analista considera, de hecho, que el mandato de Petro para acabar con los requisitos para ser embajador tiene que ver también con que “el Gobierno se está quedando sin una base de gente afín que conozca del Estado, para poder suplir esos cargos”. También lo ve en el reciente y muy ruidoso nombramiento como jefe de Gabinete de Alfredo Saade, un pastor cristiano que ha demostrado lealtad con Petro con propuestas radicales como cerrar el Congreso, pero no una representación social ni política amplia.

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