La orden de captura contra Carlos Ramón González empaña el legado reformista y anticorrupción de Petro

El presidente Gustavo Petro llegó hace tres años al poder con la promesa de erradicar la corrupción de la política colombiana. En uno de sus últimos discursos antes de ser elegido repitió frente a miles de personas lo mismo que había dicho durante su larga carrera como senador y representante a la cámara: “Hemos visto cómo el régimen de corrupción ha agotado las tierras, ha acabado el agua, se ha quedado con el erario (...) han ordeñado al país, como se ordeña un rebaño, se han robado todo. Mientras tanto, el pueblo empobreciéndose”, dijo emocionado desde la tarima ante un grupo de seguidores que gritaba su nombre. Y concluyó: “Acá estamos para proponerles un pacto: derrocar el régimen de corrupción”.

Dos años después, en la alocución especial del 7 de agosto de 2024, el presidente reconoció que “el cáncer de la corrupción había permeado su Gobierno”. Se refería al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), que ya empezaba a salpicar a varios de sus funcionarios. Esta semana, a pocos días de cumplir tres años del primer Gobierno de izquierda en la historia moderna del país, un tribunal de Bogotá ordenó la captura inmediata de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y uno de los políticos más cercanos a Petro desde hace años. La Fiscalía lo acusa de coordinar un complejo entramado de corrupción para sobornar a congresistas a cambio de que apoyaran los trámites legislativos de las reformas sociales del Gobierno.

A González, que desde hace meses está fuera del país, prófugo de la justicia, se le imputaron los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. La Fiscalía le ha pedido al juez que considere incluir dentro de la medida de aseguramiento también el delito de lavado de activos. González ha negado su responsabilidad, pero la orden de detención en su contra empaña el legado reformista y anticorrupción del presidente. González ha sido muy cercano a Petro desde que los dos militaron en la guerrilla del M‑19 y se desmovilizaron en 1990. Años después, se convirtió en uno de los presidentes de la Alianza Verde, y fue clave para que una fracción importante del partido apoyara a Petro en las elecciones y para que la colectividad hiciera parte de la coalición de Gobierno.

Las pruebas que consideró el tribunal para acusar a González, que incluyen chats, grabaciones, coordenadas de ubicación, entre otras, y las confesiones de varios de los implicados, apuntan a que mientras era jefe del Dapre, en la Casa de Nariño, ordenó repartir coimas para que los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ayudaran a aprobar las reformas. El subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, le dijo a la justicia que se habían entregado 3.000 millones de pesos (alrededor de 770.000 dólares) a Name, del Partido Verde y opositor del Gobierno, y 1.000 millones de pesos (unos 260.000 dólares) a Calle, del Partido Liberal y aliado de Petro.

Los dos congresistas fueron capturados en mayo pasado por orden de la Corte Suprema de Justicia y permanecen en prisión. Según el testimonio de Pinilla, quien ha confesado sus delitos y fue condenado a cinco años de cárcel, el dinero habría salido de los sobrecostos en el contrato de compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. La entrega de los recursos, según Pinilla, buscaba que los dos políticos aceleraran los trámites legislativos de las reformas pensional, a la salud y laboral presentadas por el Ejecutivo.

La reforma laboral fue aprobada en su último debate el pasado 20 de junio y la reforma pensional también logró las mayorías el pasado sábado, después de que la Corte constitucional obligara a repetir la votación inicial por vicios de trámite. La justicia tendrá que determinar si los dineros que presuntamente recibieron quienes eran las cabezas del Senado y la Cámara influyeron o no en la aprobación de las principales promesas de campaña del presidente.

De acuerdo con los testimonios de Pinilla, y de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también preso, los pagos a Name y Calle ordenados por González habrían ocurrido en el mes de octubre de 2023, unos días antes de las elecciones regionales en las que participaron como candidatos la hija de Name, y el padre y el hermano de Calle. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, acusada de ser la intermediaria en la entrega de dineros, también está en la cárcel. La Fiscalía investiga, además, a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) por supuestamente haber direccionado contratos de la UNGRD.

Este jueves, el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que solicita todo el peso de la justicia contra Olmedo López, pero guarda silencio frente a la orden de captura contra González horas antes: “Yo pido la máxima condena para Olmedo, un hombre de izquierda jamás debe robar a los pobres y a las víctimas. Es un vampiro de la codicia”. El mensaje es una respuesta a un artículo en el que el abogado de López, José Luis Moreno Caballero, asegura que el testimonio de su defendido fue determinante para que la justicia recavara pruebas contra el exdirector del Dapre. “Olmedo no solo confesó, sino que entregó pruebas, arriesgó su vida y permitió abrir la caja negra de la corrupción más escandalosa en los últimos años”, manifestó el abogado.

El actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha sido una de las pocas personas del Gobierno que reaccionaron ante la orden de detención: “Carlos Ramón González debe entregarse inmediatamente a las autoridades. El escándalo de la UNGRD ha sido el caballo de batalla de la oposición desde hace más de un año, ha sido también un hecho que decepcionó a personas que nos confiaron su voto en 2022. Nuestro proyecto debe ser ejemplar en asumir las responsabilidades políticas sin importar la relevancia de los involucrados”, escribió Carrillo. Y concluyó con un llamado a la justicia: “González no solo ha estado en altísimos cargos de este Gobierno, también ha sido presidente de un partido que ha tenido incluso la alcaldía de Bogotá, no puede andar prófugo como cualquier rufián”.