Petro acumula crisis en medio del ‘caso Leyva’
La canciller, Laura Sarabia, renuncia en pleno conflicto diplomático con Estados Unidos, mientras la justicia colombiana pide la detención de Carlos Ramón González, el más alto exfuncionario del Gobierno investigado por corrupción


La política colombiana al paso de Gustavo Petro viaja a un ritmo vertiginoso. Las sonrisas del sábado pasado en Casa de Nariño, cuando el presidente logró aprobar su reforma pensional, ya fueron reemplazadas por quienes se muerden las uñas ante tres nuevas crisis del presidente. El primer temblor político llegó hacia las siete de la mañana del jueves, cuando la canciller, Laura Sarabia, antigua mano derecha de Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), decidió publicar su carta de renuncia: se va tras un desacuerdo con el jefe de Estado sobre una licitación para imprimir pasaportes. Buena suerte, le respondió Petro. Dos horas después, una jueza pidió una orden de captura contra otro exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por estar en el centro de un caso de corrupción. El presidente no dijo nada para el exfuncionario de más alto rango en su Gobierno con una orden de captura. El tercer temblor, el más fuerte, llegó desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, decidió llamar a consultas a su embajador interino en Bogotá por las “declaraciones infundadas” que viene haciendo el Gobierno de Colombia. Esto después de que Petro pidiera investigar si su excanciller Álvaro Leyva buscó el apoyo de los congresistas republicanos para hacer un golpe de Estado. Petro, quien prefiere manejar las relaciones diplomáticas por redes sociales, recogió el guante: llamó también a su embajador en Washington a consultas. Los daños del terremoto aún están por medirse.
Petro parece tranquilo al finalizar el día, el caos no lo intimida. Desde la Casa de Nariño, en la posesión a un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, denunció de nuevo una "junta del narcotráfico" con sede en Dubái, dijo que estaría dispuesto a trabajar de la mano del presidente Donald Trump contra el crimen transnacional, y volvió a hablar de acabar la desigualdad y el medio ambiente. Nada sobre González o Sarabia, poco sobre el secretario de Estado. “No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina“, dijo, bajando el tono que tuvo a principios de junio. ”Sino a la [oficina] de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso, eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo", añadió. Petro ha pedido a la Fiscalía investigar a Leyva por traición a la patria.
Las tres crisis señalan tres talones de Aquiles del presidente, y el más delicado tiene que ver con su relación con Estados Unidos. Una primera crisis con el Gobierno de Donald Trump ya llegó a principios de año, cuando el norteamericano amenazó con aranceles a Colombia tras la decisión de Petro de regresar dos aviones con migrantes encadenados. La crisis se solventó, pero la relación se mantiene desde entonces en un tono pasivo-agresivo. Rubio, en su mensaje de este jueves, critica las “declaraciones irresponsables” del Gobierno, expresa su “profunda preocupación” por el estado actual de la relación bilateral, y al mismo tiempo recuerda que Colombia es un importante “aliado estratégico”. Los políticos de lado y lado tampoco son expertos en bajar el tono. El representante de la Florida Carlos Antonio Giménez, a quien Álvaro Leyva menciona como uno de los políticos con los que se reunió, atacó el jueves a Petro como un “narcoterrorista y socialista que vive en la Casa de Nariño”. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, le respondió que “con este lenguaje e ideas, cualquiera consideraría que podría apoyar un golpe de Estado”.
La crisis diplomática llega cuando la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, decide cerrar su relación con el Gobierno de Petro. Lo hace por no correr riesgo frente al otro talón de Aquiles del presidente: su terquedad por cambiar quién expide los pasaportes de Colombia, a riesgo de una inhabilidad de la Procuraduría, como le pasó al excanciller Leyva. Sarabia venía insistiendo que era importante dar una tercera prórroga a la firma Thomas Greg & Sons, encargada de la expedición de pasaportes desde hace años, porque la Imprenta Nacional aún no está lista para tomar esa función a partir del 1 de septiembre, cuando se vence el contrato con la empresa privada. Petro se negó, criticó a su Canciller y le pidió a su nuevo secretario de Presidencia, Alfredo Saade, que se encargue de que la Imprenta arranque en septiembre. Sarabia insiste que los tiempos no dan, y así se lo hizo saber a la Procuraduría hace unos días en un documento en el que se advierte que la imprenta necesitaría aún 35 semanas para poder expedir pasaportes, “lo cual haría inviable iniciar operaciones el 1 de septiembre de 2025″. Antes de firmar algo en lo que no cree, se fue. El futuro de los pasaportes de todos los colombianos quedó en manos de Saade, un líder cristiano que ha seguido ciegamente al presidente.
El círculo íntimo del presidente ha cambiado mucho desde que arrancó su Gobierno, pero no solo porque sus aliados renuncian como Sarabia. También porque quienes le son muy fieles están investigados por la justicia. Ese es el tercer talón de Aquiles del presidente, el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD), que cada vez más se acerca a su despacho. La orden de detención contra Carlos Ramón González abre nuevas preguntas sobre el tamaño de la corrupción en el Gabinete. El exdirector del DAPRE era uno de los funcionarios más cercanos al presidente. Ahora está siendo acusado en la Fiscalía por, presuntamente, pedir al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, inflar un contrato que inicialmente costaba 46.800 millones de pesos (más de 11 millones de dólares). El dinero así iría a pagar sobornos para Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes. Las autoridades ya han detenido a otros en ese escándalo de corrupción: a Name, a Calle, a López, e incluso a quien era la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz. Pero González es, entre todos, el exfuncionario con más alto rango, y más cercano a Petro, de todos los investigados.
Hace solo unos días el Gobierno celebraba la firma del presidente en la reforma laboral, la aprobación de la reforma pensional en el congreso, y que la Corte Constitucional decidiera que el Consejo Nacional Electoral no pudiera investigar al presidente. Hoy las crisis se acumulan. La felicidad es efímera en el Gobierno del cambio.
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