Los nuevos retos de la reforma pensional de Petro tras su aprobación en el Congreso

El futuro de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro está otra vez en manos de la Corte Constitucional. El proyecto de ley que crea un sistema de pilares para eliminar la competencia entre el régimen público y los fondos de ahorro privados deberá superar con éxito al menos dos grandes debates en la alta corte antes de entrar en vigencia. El primero es un asunto de forma: los nueve magistrados tendrán que decidir si la votación del pasado sábado en la plenaria de la Cámara de Representantes cumplió con los requisitos de ley y subsanó los vicios de trámite de la primera votación. El segundo es un problema de fondo: la Corte deberá despejar las dudas que hay sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos claves de la reforma. Esta decisión puede tomar meses.

Después de la victoria en la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció que la fecha para que comience a regir el nuevo sistema es incierta y dependerá de la decisión del tribunal. “La Corte va a estudiar de fondo. Una vez que salga el fallo, empieza o entra en vigencia la ley. Hay que esperar”, dijo en diálogo con medios de comunicación. Antes de que la corte le asigne el proceso a un magistrado, le corresponde al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, del partido Verde, enviar un informe detallado de todo lo que ocurrió en la plenaria con el objetivo de que se aclare si hubo o no nuevas irregularidades en el trámite.

Las posiciones frente a la legalidad del procedimiento están divididas. El presidente Petro y sus congresistas aliados afirman que se cumplió con los requisitos que exigía la Corte porque la plenaria discutió el proyecto durante más de cuatro horas. La representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, ponente de la reforma, defendió el trámite: “La Corte habló y nosotros cumplimos. Volvimos a votar a favor la proposición para acoger el texto de Senado de la Reforma Pensional”. Al menos 100 representantes de distintos partidos que votaron a favor la aprobación del proyecto coinciden en que se corrigieron los errores.

Sin embargo, la oposición al Gobierno liderada por el Centro Democrático y Cambio radical, más varios congresistas de partidos independientes, criticaron que durante la sesión del sábado se hiciera lo mismo que habían hecho hace un año y que la Corte pidió cambiar. La representante del partido verde, Katherine Juvinao, expresó sus reparos durante toda la plenaria: “Ambas sesiones, viernes y sábado, son ilegales. Lamentable todo”, escribió en su cuenta de X. El congresista del partido de la U, Víctor Salcedo, también cuestionó el procedimiento: “El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias con el propósito de corregir los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional. No obstante, estos vicios se repitieron. Aunque se permitió una deliberación algo más extensa, cercana a cuatro horas, la Cámara optó por acoger sin modificaciones el texto aprobado previamente por el Senado”.

El Centro Democrático publicó un comunicado en el que insiste en que el anuncio para votar la reforma fue ilegal porque se hizo el pasado viernes en la noche sin que hubiera cuórum decisorio en la plenaria para aprobar el orden del día. La bancada de Cambio Radical, que también se ausentó del debate, coincidió en los posibles vicios. “No participamos en el debate de la reforma pensional convocado irregularmente para el 28 de junio, ya que se vulneró el debido proceso legislativo. La citación no cumplió con los requisitos legales: no fue firmada por las autoridades competentes, no se notificó con los tres días de anticipación requeridos, no se garantizó la participación de la oposición”.

La Corte tiene la última palabra. Si después del análisis decide que el procedimiento fue el adecuado, podrá revisar los asuntos relacionados con la constitucionalidad del contenido de la reforma. La propuesta de disminuir la edad y las semanas de pensión para las poblaciones étnicas y rurales de Colombia es uno de los asuntos que más ha despertado las alarmas. Distintos expertos señalan que este artículo, que quedó incluido a último minuto en el Senado, potencialmente crea un sistema pensional diferente para el 41% de los colombianos.

El economista José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, dijo en su momento que este eventual nuevo sistema no tiene claridad en parámetros ni costos. “La población campesina representa 29% del total, cerca de 15 millones de personas; las comunidades indígenas, gitanos o Rrom, raizales y palenqueras agregan otro 5% y el pueblo afrodescendiente, negro y mulato representa un 7% adicional. En total, serían casi 20 millones de personas quienes tendrían condiciones de pensión distintas”. El exministro del interior del gobierno, Luis Fernando Velasco, se opuso en ese entonces a la inclusión de este artículo y dijo que no lo apoyaba porque era abiertamente inconstitucional.

Mientras la Corte decide de forma y de fondo, hay dos artículos del proyecto de ley que no se suspendieron. El 12, que se refiere a la elección de Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), y el 76, sobre la oportunidad de traslado que creó la reforma.

El Gobierno de Petro también deberá conseguir los recursos necesarios para entregarle un bono mensual de 230.000 pesos, al menos a 2,3 millones de ancianos que hoy no tienen acceso a la pensión y viven en la pobreza. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, reconoció esta semana que la entidad aún no tiene los recursos necesarios para empezar a cumplir con esta promesa. “No hay plata, sencillamente”, dijo Dussán en entrevista con Blu radio. Y añadió: “El señor presidente ha ordenado que ese dinero se incluya en la propuesta de presupuesto del próximo año y las reservas que resulten de este fin de año, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio de Hacienda o en Colpensiones, sean devueltas a Prosperidad Social para que este aporte se empiece a pagar a más viejos y viejas”.