Hundimiento y resurrección: el accidentado camino de la reforma laboral de Petro que hoy es ley

El presidente Gustavo Petro ha firmado en la tarde de este miércoles su reforma laboral. Ha elegido para hacerlo la simbólica Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá. Rodeado de cientos de simpatizantes, el primer mandatario de izquierda de la historia moderna de Colombia celebró la ley que promete mejorar las condiciones laborales para más de 10 millones de trabajadores formales. “Firmo ante Bolívar y el pueblo trabajador, la ley de reforma laboral”, ha escrito en X.

Al acto, en la plaza de la antigua vivienda del libertador Simón Bolívar y donde está resguardada su espada, asistieron militantes de todas las colectividades que conforman el Pacto Histórico, la coalición por la que Petro fue elegido. También estuvieron presentes varios de sus ministros, cientos de sindicalistas y muchos estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), quienes con la nueva ley tendrán un contrato laboral con todas las prestaciones desde que inicien sus prácticas en una empresa.

Después de tres años en el poder, Petro logra por fin una victoria para sus principales bases políticas y cumple una de sus promesas de campaña más significativas. Antes de ser elegido, insistió en que devolvería los pagos por el trabajo nocturno y en festivos y dominicales al nivel que tenían antes de que su rival, el expresidente Álvaro Uribe, los redujera en 2002. Muchos trabajadores votaron por Petro con ese deseo. La victoria le devuelve un poco de oxígeno al mandatario en medio del caos político que exacerbó el atentado al precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay. Con su firma, termina el largo y accidentado camino de una reforma que antes de ser aprobada se hundió dos veces en el Congreso.

Una primera versión de la iniciativa fue negada en junio de 2023, en su primer debate, por la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Ni siquiera se discutió. El Gobierno insistió con un proyecto nuevo, con algunos ajustes y después de dialogar con los empresarios y la oposición. La representante María Fernanda Carrascal lideró el comienzo del renovado trámite legislativo, que se saldó, tras casi un año, por su aprobación en la Cámara. Para lograrlo, el Gobierno sacrificó la mayoría de los artículos relacionados con el movimiento sindical y los derechos colectivos. En ese proceso jugó un papel determinante la entonces ministra de Trabajo y sindicalista, Gloria Inés Ramírez.

En marzo de 2025, la reforma llegó a la comisión séptima del Senado para su tercer debate. Allí, los senadores de los partidos independientes y de oposición votaron en contra y hundieron el proyecto sin siquiera debatirlo. En respuesta, el presidente propuso hacer una consulta popular con 12 preguntas que incluían los principales artículos de la reforma, para que los ciudadanos decidieran si estaban de acuerdo con el proyecto que ocho congresistas habían negado. La idea recibió el respaldo de cientos de miles de personas que salieron a marchar en varias ocasiones y en distintas ciudades para apoyar la idea del presidente.

La clase política tradicional se dio cuenta de que al hundir la reforma, Petro había recuperado el relato social para su Gobierno. La consulta le permitiría a Petro hacer campaña un año antes de las elecciones de 2026, y con dinero público. Entonces los senadores decidieron revivir el proyecto aprovechando una apelación, algo legal pero inusual. En una histórica sesión, la plenaria del Senado votó en favor de resucitar la reforma y minutos más tarde hundió la consulta, que necesitaba de su visto bueno. Esa doble votación parecía una derrota para un Gobierno que ya estaba embarcado en la consulta popular. Para el recuerdo quedan las fotos del ministro de Interior, Armando Benedetti, golpeando con furia la mesa directiva tras perder por dos votos.

La renacida reforma se discutió en la comisión cuarta bajo el liderazgo de la senadora del Partido Verde Angélica Lozano. Se aprobó en tiempo récord y pasó a la plenaria. Allí, en el último debate, el Gobierno consiguió los votos que le habían hecho falta durante toda la legislatura y ganó todos los pulsos que exigía Petro para abandonar la consulta popular. La victoria fue posible por los votos gobiernistas, muchos independientes e incluso de algunos senadores de los partidos de oposición Conservador y Cambio Radical.

¿Qué se aprobó?

La jornada que se considera nocturna se extenderá dos horas: comenzará a las 7 p. m., en vez de a las 9 p. m., como está hoy en día, y mantendrá su horario de finalización a las 6 a. m. Esto significa que quienes trabajen entre las 7 p. m. y las 9 p. m. ahora tendrán derecho a recargos del 35% por estas horas de trabajo. No quedan exceptuadas de ese pago las medianas o las pequeñas empresas, como reclamaba un sector de la oposición. El Gobierno tuvo que moderar sus expectativas sobre el horario de inicio. Su intención original era que comenzara a las 6 p. m., como era antes de una reforma que lideró la Administración de Álvaro Uribe en 2002.

Los recargos por trabajar domingos y festivos aumentarán del 75% al 100%. Es decir, las personas que tengan jornadas laborales durante estos días de descanso tendrán derecho a que se les pague el doble por cada hora trabajada. Las empresas podrán adaptarse de manera gradual: 80% a partir de julio de 2025, 90% en julio de 2026 y 100% en julio de 2027. No tuvo éxito la propuesta de la oposición de excluir los festivos del aumento por la elevada cantidad de días de este tipo que existe en Colombia, más de 18.

Los contratos a término fijo ya no podrán renovarse durante décadas. El tope máximo será de cuatro años, como estipulaba el texto aprobado en la Cámara de Representantes el año pasado. Es un punto medio entre los dos años que quería el Pacto Histórico y los cinco que había aprobado la Comisión Cuarta del Senado hace unas semanas. Para los trabajadores, es un gran avance que garantiza estabilidad y una indemnización justa en caso de despido. Hasta ahora, podían darse situaciones como que un empleado pasara 20 años en una compañía y perdiera su empleo sin ninguna indemnización: bastaba con que su contrato venciera y no fuera renovado.

Los estudiantes del SENA sumarán una amplia gama de derechos en sus prácticas. Tendrán aportes pensionales y aumentarán sus sueldos, que pasarán de 50% del salario mínimo a 75% en el primer año de sus estudios, y de 75% a 100% en la etapa laboral, el segundo año. Asimismo, la plenaria del Senado cedió a último minuto en reconocer el carácter laboral que había eliminado la Comisión Cuarta. Esto les otorga, además, derechos como primas, cesantías y vacaciones. Las multas por no contratar un aprendiz también aumentarán. Las empresas tendrán que pagar una cuota que pasará de 1 a 1,5 salarios mínimos por cada cupo. Ha quedado fuera la excepción que se contemplaba para los empleadores que demostraran que hicieron una solicitud y que el SENA no tuvo un practicante disponible para enviarles.