Petro gana con cara y con sello: logra la reforma laboral y mantiene la presión por una constituyente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ganó, y está llevando su victoria a un nuevo escenario. En marzo, cuando el Legislativo le hundió su reforma laboral, una de las tres transformaciones sociales en el corazón de su proyecto político, convocó a una consulta popular para hacer aprobar en las urnas los 12 puntos centrales del proyecto. Los senadores opositores entendieron que esa consulta podía tener futuro, que la ciudadanía apoyaba mayoritariamente la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores, que estaban dispuestos a salir a votar masivamente, y que eso le ayudaría al petrismo en las elecciones nacionales de 2026. Decidieron entonces aumentar su apuesta: en mayo resucitaron la reforma laboral, y negaron el aval que requería la consulta en el Senado. Petro respondió con la misma moneda: denunció vicios de trámite en aquella votación de mayo, y firmó un polémico decreto para convocar a la consulta. Esta semana el Legislativo aprobó la reforma laboral, con lo que el presidente derogó el decreto. Era una victoria, pero no la última. Petro mantiene la presión política en cara al 2026, y anunció su nueva jugada. “La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria”, dijo. “Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”.

Desde que Petro llegó al poder, una parte de la población colombiana ha temido que intente cambiar la Constitución de 1991. En su corto anuncio, publicado el viernes al mediodía en su cuenta de X, el presidente no acude al canal formal para reformar la Constitución, que detalla ella misma. Para ello debería presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que proponga consultar a los ciudadanos si desean hacer una constituyente. La ley, que requeriría superar cuatro debates legislativos, debe especificar cinco aspectos: la convocatoria a la asamblea, el número de integrantes que tendrá, los temas que se incluirán, el sistema de elección, y la fecha de inicio y su periodo. Una vez aprobada y firmada por el presidente, este debería remitirla a la Corte Constitucional. Y solo si allí se aprueba, se debería realizar de 2 a 6 meses después del fallo. Es un camino en el que el presidente depende de las otras ramas del poder público, con las que se lleva mal, pues ha dicho que lo maniatan.

Por eso, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha insistido en que hay otra opción: una convocatoria de una constituyente de origen popular. “Hay una norma que establece que cuando hay un 20% de firmas frente al censo electoral, ese proyecto de ley es vinculante para el Congreso de la República, es decir, este no podría negarse a convocar la Constituyente”, ha dicho el ministro. Sin embargo, la Constitución no menciona este camino.

En todo caso, Petro habla por ahora de algo más simbólico que formal: el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que en 1990 invitó a la ciudadanía a convocar una constituyente introduciendo papeletas en las urnas de las elecciones nacionales. No eran votos oficiales y venían hechas por una ciudadanía que no tenía en sus manos una vía formal para reformar la Constitución vigente, de 1886. Esas papeletas ayudaron a que se convocara a la asamblea que redactó la Constitución actual, pero no lo lograron por sí solas. Esa iniciativa de la sociedad civil coincidió con que el entonces presidente, Virgilio Barco, también buscaba reformar la centenaria Constitución y apeló al estado de sitio para emitir un decreto que convocaba a la Asamblea. Los tribunales lo avalaron y los estudiantes se convirtieron en el símbolo de esa renovación constitucional, ese al que ahora quiere apelar el presidente Petro.

“La denomino como la octava papeleta”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la prensa. “No es que se esté convocando a una asamblea constituyente ahora en este Gobierno (...) Es para dejar la voz del pueblo, su discrepancia con lo que está pasando, un malestar que ahora que no está reflejado, y no están sus soluciones dentro de la Constitución”.

Presidente y ministro no han dejado del todo claro si buscan cambiar la Constitución o si sencillamente tienen una estrategia para movilizar a sus bases rumbo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. La asamblea de 1991 transformó al país, convirtió el Estado de Derecho en Estado Social de Derecho, creó la acción de tutela e impulsó derechos sociales como la salud, el trabajo y la educación. Petro, hijo de ese esfuerzo, primero como senador y ahora como presidente, ha buscado hacer reformas en esos derechos sociales, y ha tenido logros en asuntos pensionales y laborales. Además, no ha dicho qué busca reformar. Tampoco es probable que las altas cortes le abran la puerta a una constituyente por fuera de la vía definida en la Constitución. Solo esta semana, el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que el presidente buscaba hacer la consulta popular a través de una interpretación jurídica similar a la que esgrime Montealegre para convocar a una asamblea a través de las firmas.

Además, el anuncio oxigena un argumento que tienen los críticos de Petro desde cuando propuso la consulta: que el jefe de Estado busca, más que una reforma social, fortalecer su proyecto político. “El Gobierno de Petro está quedando desnudo: su motivación no es una ley laboral justa, sino una consulta popular para hacer campaña”, dijo a este diario la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, cuando impulsaba la ponencia de la resucitada laboral en el Legislativo, mientras el presidente jalaba hacia la consulta. El petrismo no cuenta con precandidatos presidenciales fuertes y claros, y el presidente podría mantener su convocatoria a ampliar los derechos sociales para impulsar a uno de ellos o, al menos, a su lista al Senado.

La insistencia de Petro en la Constituyente cayó mal en el Congreso. El presidente del Senado, el conservador y opositor Efraín Cepeda, criticó la idea inmediatamente. “No se puede hacer un atajo a la democracia”, dijo en diálogo con los medios de comunicación este viernes, tras el mensaje de Petro. “Debo decir que la Constitución es clara y establece que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente debe pasar por el Congreso de la República. Entonces no veo viable esa posibilidad”. Su compañero la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, del partido Verde y aliado de Petro, se sumó a los cuestionamientos: “Apoyé las reformas, pero no apoyo la propuesta de una Constituyente. No es momento”. Paloma Valencia, senadora de Centro Democrático, también cuestionó la intención de Petro: “El presidente vuelve a tratar de torpedear el orden jurídico y constitucional de este país”. La representante independiente Catherine Juvinao insistió las preguntas: “¿Una Constituyente para qué, Presidente Petro? ¿Por qué cambiar la Constitución que le está permitiendo a usted hacer cambios en el Congreso, va entonces a cargarla ahora en contra?”