La vía tiene que ser la institucional

La democracia no se destruye únicamente con golpes de Estado o regímenes militares. A veces, muere lentamente, bajo el liderazgo de quienes fueron electos para defenderla. Esta advertencia, planteada por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro ¿Cómo mueren las democracias?, cobra una importante vigencia en nuestro país, ante el actuar del presidente de la República, quien, burlando abiertamente la Constitución y la ley, firmó un decreto convocando a una consulta popular que ya había sido rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo. Así lo certificó el propio presidente del Senado al enviarlo formalmente al registrador nacional.

Este acto no es una simple diferencia de interpretación legal. Es una afrenta directa a los mecanismos institucionales que sostienen nuestra democracia. Cuando los poderes del Estado son ignorados o despreciados, cuando las reglas del juego se alteran unilateralmente, lo que está en riesgo no es una decisión puntual, sino la arquitectura misma de nuestro orden constitucional.

Ante esto, no basta con la indignación momentánea ni con los pronunciamientos tibios. Es momento de recordar que la única vía posible para la convivencia democrática es la institucional. Por imperfectas que sean nuestras instituciones, por criticables que resulten algunas decisiones, son el único camino legítimo que nos permite canalizar diferencias, resolver disputas y garantizar la alternancia en el poder. Las democracias se sostienen en el respeto a las normas, en la sujeción a la ley y en la vigencia de pesos y contrapesos.

Por la vía institucional, el registrador nacional tomó una decisión el pasado martes 17 de junio que respeta la separación de poderes y garantiza que cualquier actuación de su parte se ajuste a las reglas democráticas. De igual manera, el Consejo de Estado ha suspendido provisionalmente los efectos jurídicos del llamado “Decretazo”, con el fin de realizar un estudio conforme a las normas constitucionales y legales, y evitar un perjuicio irremediable. El presidente de la República debería acatar sin reparos las decisiones de las autoridades mencionadas, como muestra contundente de su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley.

Pero por otra parte, el ejemplo debe ser de todos los actores en la democracia. En este sentido, resulta preocupante que varios partidos políticos hayan decidido no asistir a la Comisión de Garantías Electorales, citada por el Gobierno tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Por más razones que tengan para cuestionar al Ejecutivo, esta Comisión es precisamente el espacio legal y constitucional para expresar preocupaciones, presentar objeciones y exigir garantías. Abandonar estos espacios no fortalece la democracia, la debilita. Es darle la espalda a las reglas del juego y contribuir, quizá sin quererlo, al mismo deterioro institucional que se critica.

En contextos de tensión y polarización, cuando los ánimos se caldean y las pasiones políticas amenazan con desbordarse, es cuando más debemos insistir en la vía institucional. No se trata de que los partidos políticos abandonen sus convicciones ni de que renuncien a las causas políticas que defienden. Se trata de algo más profundo y urgente: proteger la democracia que permite que esas causas se puedan debatir en libertad y en paz.

La historia nos muestra que la erosión democrática es un proceso gradual. Comienza con pequeños actos de desobediencia institucional, se alimenta de la indiferencia ciudadana y se acelera cuando los actores políticos, incluso los bien intencionados, optan por vías paralelas a la legalidad. Si los demócratas no hacen un esfuerzo por usar los canales institucionales, el círculo vicioso se cierra y se normaliza el abuso del poder.

Hoy más que nunca necesitamos instituciones independientes, valientes y comprometidas con la defensa del Estado de Derecho. Las altas cortes y la organización electoral tienen un papel fundamental que cumplir. Pero no pueden hacerlo solas. Nos corresponde a los ciudadanos rodearlas, apoyarlas y exigir que actúen con firmeza. No podemos permitir que la manipulación de los procedimientos democráticos se convierta en un precedente. No podemos quedarnos callados mientras se socavan los cimientos de nuestra democracia.

La democracia no se defiende solo con discursos. Se defiende con acciones concretas, con respeto a las reglas, con presencia en los escenarios legales, con firmeza en los valores que nos unen como nación. Y eso empieza por reconocer que, aunque a veces sea más difícil, la única vía legítima es la institucional.