La democracia y la consulta antideliberativa

Ha habido un intenso debate técnico -no por ello exento de imprecisiones, yerros graves y sesgos- sobre la convocatoria a consulta popular por parte del presidente de Colombia a pesar del concepto negativo o desfavorable del Senado. El viejo esquema representativo establecía ese mecanismo de participación popular para que, entre otras cosas, la ciudadanía mediara en los desacuerdos entre el Ejecutivo y el legislador. La convocatoria de la consulta por parte del presidente es un hecho y, sin duda, el debate técnico se trasladará a los tribunales. Allí sería esperable que hubiera alguna decisión cautelar que impidiera que la consulta ocurriera como resultado de un ejercicio hiperpresidencial con tendencia al constitucionalismo autoritario. Mientras tanto, y al margen de ello, es fundamental reflexionar sobre la forma como nuestras sociedades latinoamericanas afrontan sus desacuerdos y el uso antidemocrático de la idea deliberativa.

Por esa razón, el punto fundamental y más importante es si, desde la perspectiva deliberativa, este es un momento para convocar un ejercicio de reflexión ciudadana sobre un aspecto divisivo política y socialmente. Es claro que, en momentos como el actual, necesitamos mucha más deliberación. De hecho, el déficit de deliberación de calidad, serena, respetuosa, empática, considerada y libre de sesgos es una de las causas trascendentes y estructurales de la actual polarización violenta que impide un proyecto de país. Pero esa deliberación no puede girar en torno a cualquier tema ni ser convocada como una amenaza a uno de los poderes o mediante el uso desproporcionado -quizá ilegal e inconstitucional- de las facultades del presidente. Tampoco puede ser diseñada con la lógica del soborno en la que se le promete a la ciudadanía unas cuantas reformas sociales (i.e. reducir la edad de jubilación, aumentar el salario o mejorar las condiciones laborales) a cambio de que permita anticipar una contienda electoral incesante. La fórmula del soborno no solo es grosera por evidente y antidemocrática, sino que ha sido documentada como el signo del autoritarismo contemporáneo. Desde luego, nada de esto se puede hacer en nombre de la deliberación. Ni convocar un proceso de consulta sin ese propósito consultivo, ni insinuar una Asamblea Nacional Constituyente sin un momento constituyente, ni negarse a legislar y resolver un problema social solo por evitar la eventual victoria política del adversario.

En términos deliberativos, este no parece el momento adecuado para provocar una (otra) campaña divisiva. Por el contrario -y muy seguramente- es el tiempo para deliberar sobre aspectos más básicos: como la forma de ver al diferente y al opositor. Sobre nuestros límites morales ante el descuerdo y la responsabilidad individual, política y social de cada uno de nosotros y de quienes nos gobiernan con pretensión de liderarnos. Es el momento de deliberar sobre la forma de construir nuestro camino para cumplir la Constitución de 1991. Esta norma sigue siendo el único y más valioso eje esencial del inédito y nunca repetido consenso de la sociedad colombiana. Deberíamos pensar en ese documento como aquello que no vamos a tocar a pesar de las diferencias políticas o partidistas siempre coyunturales; y no como el objetivo a conseguir cuando se tienen unas cuantas mayorías relativas.

De allí que, más que pensar en una u otra reforma coyuntural, por más positiva que esta sea, se debe volver sobre la imposibilidad para reconocernos como iguales y sobre el imperativo fundamental de tratar a todos con igual consideración y respeto. A partir de allí y solo luego de ello, podemos iniciar una deliberación sobre todos nuestros incesantes desacuerdos.

Desde luego, nada de esto suena posible. De hecho, uno de los signos más acuciantes de la crisis de las democracias latinoamericanas, también en su dimensión deliberativa, es la forma como se han instrumentalizado los -escasos y limitados- mecanismos que el constitucionalismo ha creado para fomentar la deliberación pública de calidad. En algunos casos, se acude a la movilización ciudadana para defender objetivos iliberales al mismo tiempo que se desconocen los resultados de consultas populares que rechazan proyectos políticos antidemocráticos (i.e. Bolivia). En otros, se promete una mayor participación de la ciudadanía en la conformación del poder en escenarios donde tal déficit no es el causante de los problemas estructurales de la administración, mientras que se apuesta por un resultado que elimine la independencia de los poderes (i.e. México). Finalmente, en Colombia se apela constantemente a escenarios con alto potencial deliberativo (i.e. cabildos, marchas o consultas populares), pero no con el objetivo de resolver un desacuerdo social sino con el propósito de que sirvan de trinchera para la defensa de un proyecto polarizante y para anticipar campañas electorales dominadas por eslóganes, ofensas y mutuas acusaciones. Que todo ello ocurra mediante la invocación a la democracia deliberativa solo evidencia el uso instrumental y sesgado de la idea más valiosa que se ha creado para resolver los desacuerdos y mejorar la convivencia social.

El constitucionalismo latinoamericano ha hecho una apuesta clara por una democracia representativa basada fundamentalmente en el voto y en las elecciones. Esa versión pobre y reducida de democracia se ha visto complementada con algunos visos importantes, limitados y muy cerrados de democracia participativa que podrían generar movilización deliberativa de calidad. Pero ese potencial nunca cumplirá sus objetivos, ni dará buenos resultados para la convivencia social mientras mantengan un diseño cerrado a la ciudadanía y mientras quienes los convocan utilicen las herramientas deliberativas no para el intercambio franco de ideas sino para explicar por qué siempre han tenido, tienen y tendrán la razón. ¡Esa es la gran oportunidad perdida!