La Iglesia logra sentar a la mesa a Petro y Efraín Cepeda, presidente del Senado
A la cita, convocada por el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, también asisten los presidentes de las cortes, el procurador, el registrador, y la defensora del Pueblo. La meta es desescalar el tono en el debate público


En algunos momentos de la historia reciente de Colombia, la Iglesia católica ha tendido puentes entre quienes no logran sentarse en la misma mesa. Intermedió en incontables esfuerzos de paz, tanto locales como nacionales, y en momentos de alta tensión política. Así fue en 2016, cuando el papa Francisco logró reunir en el Vaticano a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes chocaban por sus posturas sobre el proceso de paz con las FARC. Esta vez, tras el atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, el cardenal Luis José Rueda logró sentar en la misma mesa al presidente Gustavo Petro y al presidente del Senado Efraín Cepeda, de derechas. También a las cabezas de varios organismos de control como la Procuraduría y a los presidentes de las Altas Cortes, con las que el Ejecutivo ha cavado una distancia notable. El resultado fue un comunicado sucinto, firmado por las cabezas de las tres ramas del Estado Colombiano y de sus órganos de control, además de cinco prelados.
“En un contexto mundial, nacional y local, de profundas tensiones, contradicciones y transformaciones, como ciudadanos, servidores y representantes de las instituciones del Estado colombiano, nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad; a desarmar y armonizar la palabra, y a rechazar todo tipo de violencia”, se lee.
La cita, a un almuerzo de 15 personas en sede de la curia, a pocos metros del palacio presidencial, ocurre un día después de la Marcha del Silencio, un evento multitudinario en varias ciudades del país que se convocó en apoyo a la recuperación del senador Uribe Turbay, quien sigue en estado crítico en la clínica Santa Fe de Bogotá. En esas manifestaciones, no fue el silencio el protagonista. Lo fueron las voces críticas contra Petro: líderes de la derecha y del centro político hablaron contra la retórica del presidente, a quien señalaron de ser responsable de un crispado tono político. Algunos, incluso, señalan una posible relación entre esa atmósfera y el atentado contra el político del partido opositor Centro Democrático.
La retórica incendiaria es innegable. Petro no solo blandió la espada de Simón Bolívar el pasado Primero de Mayo, sino que allí mismo defendió la necesidad de ondear la bandera de la llamada “guerra a muerte”. Además, ha llamado a Cepeda un “HP” y un “neoesclavista”, tanto por hundir la reforma laboral en marzo de este año, como por, según el mandatario, viciar la votación del Senado al considerar la iniciativa del Gobierno para una consulta popular. Cepeda, por su lado, ha insistido que la democracia colombiana está en riesgo por cuenta de las acciones de Petro, y que es inédito lo acontecido en el último mes y medio. Se refiere a lo que ha ocurrido desde que Petro pidió al Senado su aval a la consulta, a principios de mayo. Cepeda ha dicho que “nunca un Gobierno había presionado al poder legislativo con tal intensidad” y ha comparado esa intensidad a las que en el pasado hicieron “la mafia, el paramilitarismo y la guerrilla”. El encono es tal que, ante una invitación de Petro a dialogar hace una semana, Cepeda y las cabezas de nueve partidos independientes y de oposición se negaron a ello y dejaron claro no reconocen al Gobierno como garante del proceso electoral que se inicia, pues hay elecciones nacionales en el primer semestre de 2026.
La intensidad de la pelea pública subió de volumen el jueves pasado, cuando el presidente firmó un decreto para convocar a la consulta a pesar de que el Senado negó su aval, y que ese visto bueno es un requisito. No solo los partidos de oposición demandaron el decreto, sino que diversos juristas y onenegés asociadas al progresismo lo criticaron como uno que no respeta las reglas del juego democrático. En total, a fines de la tarde de este martes, las acciones contra el decreto presentadas en el Consejo de Estado ya sumaban 44. Petro ha argumentado, en un giro propio de un país tan legalista como Colombia, que es otra alta corte, la Constitucional, la que debe estudiar el decreto. Una gran diferencia entre los dos tribunales es que el primero tiene una potestad clara, que consta en la ley, para suspender preventivamente un decreto mientras falla de fondo, mientras la Corte Constitucional no tiene esa claridad y solo recientemente y en pocos casos ha hecho algo similar.
En ese sentido, fue significativo que entre quienes se sentaron en la reunión de este lunes estuvieran los presidentes de las tres altas cortes. Entre ellos estaba Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y quien salió sorteado entre sus colegas para estudiar el decreto que les remitió el mandatario. “Las autoridades están constituidas para garantizar la convivencia pacífica y el normal funcionamiento de las instituciones, no lo están para llamar al odio ni a la división de la sociedad civil”, dijo el reputado jurista conservador hace dos semanas en un foro gremial, en un mensaje que se entendió como una señal de preocupación sobre la actitud del presidente en los últimos meses.
Las cortes han mantenido una relación tensa con el presidente, aunque haya sido menos frontal que el choque entre Ejecutivo y el Legislativo: Petro ha criticado decisiones del Consejo de Estado como lawfare, ha llamado a protestas frente a la Corte Suprema para que elija fiscal general, y frente a la Corte Constitucional para que no tumben su reforma de pensiones. Los tribunales han rechazado esos ataques de forma explícita e implícita. En febrero, por ejemplo, no acudieron a una invitación del mandatario. En el mismo mes, Ibáñez rechazó otra convocatoria a ver a Petro porque “la Corte Constitucional tramita y se apresta a debatir y decidir varias ponencias relacionadas con demandas de inconstitucionalidad respecto de normas contenidas en varias leyes”.
Tanto el tribunal constitucional como el Consejo de Estado tienen en sus manos ahora la consulta popular, si es que el Senado no aprueba esta semana una reforma laboral y el presidente decide derogar su decreto. Esos escenarios de confrontación, seguramente, también pasaron por la mesa de la Iglesia.
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