Del atentado al ‘decretazo’ de la consulta popular: una semana de vértigo tensa al límite la política colombiana

Con casi tres años en el poder, el Gobierno de Gustavo Petro atraviesa días de vértigo. La larga semana que comenzó con el brutal atentado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, que lucha por su vida en una clínica de Bogotá, acabó con un ‘decretazo’ de dudosa legalidad para convocar una consulta popular y una confusa propuesta de Asamblea Constituyente que contaminan el debate público. En el medio, una oleada de atentados en Cali dejó en evidencia la crisis de seguridad y la naciente campaña presidencial quedó en suspenso por la sombra de la violencia política, mientras que la revivida reforma laboral avanzó atropelladamente en el Senado. Una infinidad de frentes que configura un momento crítico para el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, que ha optado por desafiar la división de poderes, como se lo enrostran sus contradictores, y tensar al límite las instituciones con el propósito de impulsar las grandes reformas sociales que se propone.

Los disparos del sicario adolescente que la tarde del sábado atacó a Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, conmocionaron a Colombia y revivieron la pesadilla de otras épocas de extrema violencia en un país que ha sufrido varios magnicidios. Aunque las autoridades ya detuvieron al joven de 14 años, y a otro ciudadano que le entregó la pistola del crimen poco antes del atentado, aún no es claro quién es el verdadero responsable y cuáles fueron sus motivaciones. Petro ha insinuado que “el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional”, pero la fiscal general no ha confirmado nada aún en esa dirección.

El ataque sacudió el tablero político. La intranquilidad se apoderó de la naciente carrera presidencial, a un año de las elecciones de 2026, y desescalar el lenguaje para rebajar la polarización se convirtió en un clamor. Varias campañas que ya estaban en marcha suspendieron casi de inmediato sus actividades, en solidaridad con la familia de Miguel Uribe y a la espera de garantías de seguridad. Así lo hicieron aspirantes independientes por firmas como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exsenador David Luna o el exministro Mauricio Lizcano. También los otros cuatro precandidatos del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Políticos de distintas orillas denunciaron que han recibido amenazas, mientras que los partidos independientes y de oposición dijeron no reconocer al Gobierno como garante del proceso electoral. El propio Petro sostuvo que tanto los hijos de sus ministros como su hija menor, Antonella, han sido amenazados. El de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares) por información que permita anticipar y neutralizar cualquier amenaza contra los líderes políticos, sin importar su partido o ideología.

En ese ambiente crispado, Cali fue el principal blanco de una serie de atentados que dejaron al menos siete muertos el martes en varios lugares de los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano. Los ataques atribuidos a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, y más concretamente a facciones encabezadas por Iván Mordisco, estuvieron dirigidos mayoritariamente contra la Policía. Las Fuerzas Armadas respondieron con una contraofensiva y apuntaron a un posible vínculo entre la escalada terrorista y el atentado contra Uribe Turbay.

Cali era también el lugar elegido por el presidente para una movilización en defensa de la consulta popular que ya había convocado para el miércoles. El presidente retomó ese día la ofensiva política, firmó el decreto que convoca a dicha consulta para el próximo 7 de agosto, y dijo en la plaza pública que su reforma laboral, que el Senado hundió en marzo y luego revivió en mayo, ha sido modificada de tal forma que ya no representa un avance para los trabajadores si la aprueba la plenaria del Senado. En el Legislativo, insistió, “se dedicaron a impedir las leyes que necesita el pueblo”. Si las cortes o el registrador frenan ahora su consulta, le pidió al pueblo que reelija, si bien no al presidente, “al proyecto del cambio”.

Ahí no acabaron las tempestades. Petro insistió al día siguiente, el jueves, en su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si la justicia tumba la consulta que defiende contra viento y marea. “Si se cae en la Corte [Constitucional], se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente”, se reafirmó en una entrevista con CNN en español. Sin haberse posesionado aún, su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el rostro más reciente de un Gabinete inestable, salió a explicar la iniciativa. Petro se plantea “una convocatoria constituyente de origen popular”, sin pasar por el Congreso, dijo en otra entrevista, en la que reconoció que su tesis era una “herejía” jurídica.

Desde el Gobierno insisten en que hay un “bloqueo institucional” a sus reformas, un concepto que ha repetido Montealegre. Esa versión pasa por alto que el Congreso le ha aprobado una reforma tributaria y otra pensional, entre otras propuestas. También ignora que la revivida reforma laboral, la causa original de la consulta popular que el Senado rechazó en su día, sigue su trámite legislativo, a pesar de que los tiempos son muy justos. El jueves fueron aprobados 57 artículos, y ahora solo faltan otros 19, que se discutirán el lunes; entre ellos, los que más dividen opiniones. De aprobarse, la reforma pasará a una conciliación con la versión aprobada por la Cámara de Representantes, que es la que favorece el Ejecutivo. Petro ha dicho que si el Legislativo privilegia ese texto, frenaría la consulta popular. Pero si se impone el del Senado en dicha conciliación, la consulta va porque va. Los ánimos siguen caldeados.