La consulta popular de Petro queda en manos de una Corte Constitucional renovada

“Si la Corte Constitucional decide que el decreto no procede, lo acataremos sin reparos”, prometió este miércoles el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en los micrófonos de Caracol Radio. Se refería a la decisión, anunciada pero aún no ejecutada, de convocar una consulta popular por esa vía y sin un aval previo explícito del Senado. El veterano político se comprometió también a enviar el decreto al poderoso tribunal, el mismo que tiene pendiente la posesión de dos magistrados, incluyendo a una elegida este mismo miércoles. Al relevo se suma Miguel Polo Rosero, quien asumió sus funciones en enero. Es un recambio que produce una incertidumbre particular sobre su postura frente al decreto y a otros asuntos de alta tensión política, como la reforma pensional que está a menos de un mes de empezar a regir.

El anuncio del decreto, que algunos han llamado “decretazo”, ha deteriorado aún más la tensa relación entre el Ejecutivo y las bancadas opositoras e independientes del Senado, los gremios o los partidos tradicionales. Varias voces críticas más no opositoras, como el exministro Humberto de la Calle o el Consejo Gremial Nacional, han señalado la decisión de ser un golpe de Estado. Su argumento es que el Gobierno de Gustavo Petro se ha arrogado funciones propias del Legislativo, rompiendo la separación de poderes, al dar por espuria la votación negativa del Senado.

El Ejecutivo, por su parte, argumenta que los legisladores cometieron un fraude durante la votación, que, por lo tanto, el Senado no se ha pronunciado y, a partir de una interpretación que ha abierto debate por la falta de claridad de las normas, que ante ese silencio el Gobierno puede convocar directamente a una consulta popular. Pero ha aclarado que su postura está abierta a críticas. “La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes”, aseguró Petro en su alocución del martes en la noche.

El alto tribunal, que viene cambiando de piel con la elección de nuevos magistrados, acaba así como árbitro de la prolongada disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. La llegada de la doctora en derecho constitucional Lina Marcela Escobar, escogida este miércoles, a priori no altera sustancialmente el actual equilibrio de la corte.

La propia Escobar, recién elegida por una mayoría abrumadora –82 de 97 votos–, destacó en sus primeras declaraciones a la prensa la necesidad de respetar las decisiones del Congreso. “El legislador es quien representa la democracia del pueblo, la diversidad. Las cortes constitucionales en el mundo, no solamente en Colombia, están diseñadas para salvaguardar la Constitución y respetar el principio democrático”, dijo todavía desde el Senado. “La actividad del control constitucional debe ser un ejercicio ponderado, mesurado y consciente de lo que se ha decidido en la democracia”, añadió ante las preguntas de los periodistas, sin referencias muy concretas para no comprometer su imparcialidad, o acabar inhabilitada de las discusiones en las que ahora deberá participar.

“Mi llamado y mi postura, que defendí ante todos los partidos y movimientos, es que la Constitución es bastante amplia, tiene muchos mecanismos de participación, de concreción de derechos y de ejercicio de la ciudadanía en un aspecto de democracia expansiva”, explicó Escobar, que conoce las tres ramas del poder público. “Hay que trabajar desde todas las instituciones por el respeto de la Constitución y ahí van a haber puntos de encuentro, habrá otros de disenso, pero cuando se tiene consenso en los mínimos se evita que se sustituya la Constitución o se genere un fraude constitucional”, concluyó.

De cuando en cuando, las decisiones de los magistrados agitan el debate público. La Corte “cumple un rol central en el modelo de frenos y contrapesos que estructuran el Estado colombiano y ha actuado como un poder contra-mayoritario para la defensa de los derechos de las minorías de distinta índole y la garantía del sometimiento de las ramas del poder al ordenamiento jurídico”, recordaba el mes pasado un pronunciamiento público firmado por más de 50 profesores y profesoras de Derecho de distintas universidades de Colombia. “De igual forma, es y ha sido un actor central para proteger el sistema democrático, evitando riesgos autoritarios y garantizando el pluralismo”, añadía el texto, que abogaba por proteger su independencia y autonomía.

Entre otras labores, la Corte puede bloquear decretos del Ejecutivo por vicios de fondo o de forma que tengan que ver con su constitucionalidad. Su rostro, en cualquier caso, ha cambiado de manera considerable en los casi tres años que lleva Petro en el poder. Para cuando acabe su periodo, el Senado de la República que se posesionó el 20 de julio de 2022 habrá tenido la última palabra para reemplazar a seis de los nueve magistrados. De acuerdo con la carta política, que busca un tribunal plural y diverso, los senadores escogen a cada nuevo magistrado para periodos de ocho años a partir de ternas con distintos orígenes. Tres de esas ternas corresponden al presidente –Petro ya presentó las dos que le correspondieron–, tres a la Corte Suprema de Justicia y las tres restantes al Consejo de Estado.

La sacudida del tribunal comenzó con el magistrado Juan Carlos Cortés, elegido por el Senado en octubre de 2022. Un año después, el escogido fue Vladimir Fernández, que había sido el secretario jurídico de Petro. Los cambios se han acelerado en este 2025, con la llegada en enero de Miguel Polo Rosero, un togado de línea conservadora; Héctor Carvajal, el defensor y abogado personal del presidente; y ahora la propia Lina Escobar, doctora en derecho constitucional. Todavía falta otra terna más, que le corresponde presentar a la Corte Suprema en octubre, para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes. Pero probablemente sea antes de ello que la corte encargada de salvaguardar a la constitución defina si lo que ha hecho el Gobierno viola la ley de leyes.