Los derechos laborales, el nuevo eje de la política colombiana

Ni la paz, en un país con una seguridad en deterioro, ni el narcotráfico en el mayor productor de cocaína del mundo. Tampoco los escándalos de corrupción o el atenazante déficit fiscal. El gran asunto de la política en Colombia, en estas semanas, es los derechos de los trabajadores. El efecto natural de haber elegido al primer presidente de izquierda en la historia contemporánea se ha tardado tres años, por cuenta de las cambiantes prioridades de un Gobierno que ha sabido marcar la agenda nacional. Lo que ha llevado al asunto al centro de los reflectores no es una propuesta de enormes cambios sino una reforma relativamente modesta que ha terminado envuelta en tal embrollo que su paternidad parece disputada entre el Ejecutivo y congresistas independientes, que ha encontrado competencia en otra iniciativa del presidente Gustavo Petro y que ha producido el paro nacional más pequeño de los últimos años.

A inicios de 2023 Petro llevaba un semestre como presidente. Había sacado adelante una reforma tributaria y una ley que le permitía avanzar en su propósito de pactar la paz en simultáneo con una docena de grupos armados. Gozaba de mayorías en el Congreso y de apoyo mayoritario en la opinión pública. Anunció entonces un trío de reformas con énfasis social: un cambio de fondo a un sistema pensional que tenía problemas notorios; unos ajustes más puntuales al régimen laboral para mejorar algunos derechos de los trabajadores y fortalecer a los sindicatos; y un cambio total de un sistema sanitario que había logrado universalizar el acceso a la salud, pero que enfrentaba nuevos retos. Entre ellas, eligió la reforma a la salud como su gran bandera política, pese a que las encuestas reflejaban que las preocupaciones ciudadanas eran otras.

Mientras el debate de la salud rugía, el Gobierno presentó en tono menor las otras dos reformas al Congreso. La pensional se convirtió en ley en julio de 2024, mientras que la Cámara de Representantes aprobó la laboral. Fue un logro de Gloria Inés Ramírez, una fogueada sindicalista comunista que ocupó la cartera de Trabajo hasta febrero pasado. Sacrificó el grueso de las propuestas sobre asuntos sindicales para mantener lo que hoy son los puntos centrales de la discusión: un aumento de las horas que se consideran como nocturnas y producen un salario más alto; un mayor pago por el trabajo en domingos o festivos; una mayor protección para el trabajo que realizan quienes estudian a nivel técnico en el estatal SENA. Pese a ser una reforma moderada, en marzo pasado la comisión séptima del Senado la rechazó, argumentando que podría afectar la creación de puestos de trabajo e incrementar la informalidad.

Fue entonces cuando el presidente asumió el tema laboral como su gran bandera y como un motivo para escalar la confrontación política. “Al bloqueo institucional se le responde con democracia real y la decide el pueblo”, dijo entonces, al anunciar que convocaría a esa suerte de referéndum que es una consulta popular, para que los ciudadanos decidieran directamente si quieren o no esos cambios en el sistema laboral. Se trata de un mecanismo de democracia directa establecido en la Constitución, y que permite al Ejecutivo (o a grupos ciudadanos que recojan suficiente firmas) convocar a las urnas, para dilucidar el apoyo popular a una serie de preguntas de política pública. Si más de un tercio del censo electoral acude, y gana el sí, todas las instituciones del Estado deben ejecutar la orden. En el mejor caso para el Gobierno, el Congreso tendría que sacar adelante la reforma que había negado.

Petro parecía haber encontrado una sintonía con la opinión que no aparecía antes. Según las encuestas, la salud nunca había sido la principal preocupación, como lo eran la corrupción o la seguridad. Para las bases sociales de la izquierda tampoco era un asunto principal, a diferencia de la lucha contra la desigualdad, la protección de la protesta o la inclusión. En cambio, el desempleo ha sido la primera o segunda preocupación más grande de los encuestados por la Invamer Poll, la encuesta periódica con más tradición en Colombia, desde 2022. Y los asuntos laborales son consustanciales al movimiento sindical, que por décadas ha sido la columna vertebral de la izquierda colombiana.

En las 10 semanas que han pasado desde el anuncio, sin embargo, la bandera que encontró el presidente ha entrado en liza. En términos tácticos, la consulta ha encontrado obstáculos. El mayor es que la ley requiere que el Senado apruebe cualquier convocatoria a este mecanismo, y la plenaria votó en contra. El Gobierno ha reaccionado calificando esa decisión de fraudulenta, amenazando con convocarla por decreto con una argumentación jurídica cuestionada, y presentando una nueva solicitud, esta vez con algunas preguntas adicionales sobre la salud. El Senado tiene pendiente votar sobre esta nueva petición.

En términos más estratégicos, en el Congreso se abrió otra posibilidad: revivir la reforma del Gobierno. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas, con un procedimiento que ha llevado a que otra comisión del Senado revise el proyecto y lo vote a favor, en una versión muy similar a la que aprobó la Cámara. Eso ha llevado a un debate sobre el texto actual: mientras la bancada del oficialista Pacto Histórico lo rechaza, pues dice que incluso es regresivo en los derechos de los trabajadores, los ministros de Trabajo e Interior han dicho que le dan la bienvenida, e incluso a que, de ser aprobado como va, podría llevar a que el Ejecutivo renuncie a la consulta.

Todo ello, a su vez, ha quitado fuelle al paro nacional del miércoles y jueves pasado, impulsado por Petro y convocado por las centrales obreras para apoyar la consulta, y que logró movilizaciones mucho menores a las del pasado Primero de Mayo. No por falta de interés en el empleo, un asunto que según la encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos de mayo es la mayor preocupación de los colombianos. Sino porque existe la posibilidad real de que el Senado, gracias a las bancadas independientes e incluso a algunos opositores, saque adelante la reforma. Más allá del dilema de los congresistas oficialistas entre apoyar lo que han llamado un “atropello” o aparecer votando en contra de la reforma, y del futuro de la consulta, el Gobierno ha logrado poner los derechos laborales en el centro de la agenda política. Eso, en sí mismo, es una victoria para un Ejecutivo que representa a la izquierda y para un presidente que ha logrado mantener firme el apoyo de la mayoría de sus votantes.