La reforma laboral del Senado debilita la consulta popular de Petro

Esta vez el Gobierno de Colombia no ha divulgado tomas con drones. Las marchas de este miércoles, convocadas por las centrales obreras en el marco de un llamado a un paro nacional de 48 horas, fueron mucho menos nutridas que las del pasado Primero de Mayo. En Bogotá, pasaron de más de 30.000 a tan solo 3.000 personas, según reportes oficiales locales. El presidente Gustavo Petro y sus bases han apostado por la movilización social como muestra de su fuerza política, y han recibido un respaldo lánguido. Sin discurso del jefe de Estado, con acciones de bloqueo a sistemas de transporte y no solo marchas concentradas en plazas icónicas, la reivindicación del petrismo de ser el gran defensor de los trabajadores se ha topado con una realidad contraria. Y no solo por la dificultad de convocar a marchar a favor de un Gobierno en un país en el que la izquierda había sido siempre oposición y las protestas eran siempre antigubernamentales, sino porque la noche anterior el Senado de la República, al que Petro ha señalado de callar al pueblo o cometer fraude, aprobó en penúltimo debate una reforma laboral presentada por el Ejecutivo.

Se trata de un proyecto de ley que incorpora mejoras para los trabajadores. No es suficiente, han dicho algunos en el Gobierno o políticos de izquierda. También los manifestantes en las calles de Bogotá, como Julia Edith Cabarcas, abogada y miembro de la Asociación de Mujeres Colombianas: “Es una versión mutilada que quita lo esencial. Por eso necesitamos la consulta”. Se refiere a la alternativa planteada por el presidente a mediados de marzo, cuando el mismo Senado rechazó esa reforma. Es una consulta popular, una convocatoria a las urnas para que los ciudadanos decidan si ordenan al Estado tomar las medidas necesarias para avanzar en esos derechos laborales en una docena de aspectos concretos.

Su camino está lleno de obstáculos: necesita que el mismo Senado la apruebe, que voten 13,7 millones de personas (a Petro lo eligieron menos de 11,3 millones en segunda vuelta), y que luego se tramiten las reformas necesarias. Pero también permite movilizar a un electorado alrededor de una bandera, algo que es especialmente relevante en los meses que vienen. Con las elecciones legislativas a 10 meses y la primera vuelta presidencial a 12, y con un apoyo de alrededor del 30% de los votantes, la consulta permitiría al oficialismo llegar a la campaña con la prueba de tener millones de votos de respaldo, capturar la agenda de discusión y señalar la necesidad de cuatro años más para, justamente, tramitar lo que exija la consulta.

Pero en el mismo Ejecutivo algunos tienen dudas. “Se podría pensar en no hacer la consulta” si sale adelante la reforma, ha concedido el ministro del Interior, Armando Benedetti. Eso no quiere decir que el proyecto sea el idóneo para la izquierda. La versión inicial, que presentó el Gobierno hace casi dos años, tenía un amplio capítulo de asuntos sindicales que se recortó en el trámite inicial, en la Cámara de Representantes, gracias a acuerdos encabezados por la entonces ministra del Trabajo, la comunista Gloria Inés Ramírez.

El Ejecutivo ha defendido esa versión ya pactada, mientras congresistas independientes liderados por la verde Angélica Lozano han impulsado una versión con algunas modificaciones. La oposición uribista busca hundirla o reducirla radicalmente. El martes, la comisión cuarta del Senado aprobó la versión de Lozano, suficientemente cercana a la del Gobierno como para que Benedetti celebrara lo ocurrido. Sin embargo, el debate se mantiene, porque falta el debate final en el Senado y porque hay una puja por la bandera de los derechos laborales, como explica la concejal de Bogotá Donka Atanassova, del oficialista Pacto Histórico. “No creo que [los políticos de ese sector de centro] logren convencer a trabajadores de que esta es una gran victoria. No nos vamos a bajar de la propuesta porque esta puede ser una conquista mucho más plena. Está bien si otros quieren irse con medias tintas, pero nosotros no vamos a hacerlo”.

Eso no significa renunciar a la consulta, como explica Fabio Arias, viejo aliado de Petro en el movimiento sindical y hoy cabeza de la CUT, la más grande de las centrales obreras del país. “La reforma será un pretexto para ellos [los opositores e independientes] para hundir nuevamente la consulta popular. Ahí van a estar la puja y el debate”, afirmaba este miércoles en la Plaza de Bolívar. “En este momento existe el derecho a la consulta popular”, afirmaba el presidente este miércoles, cuando ya empezaban las primeras movilizaciones del paro.

El camino de la consulta no es sencillo. El Ejecutivo enfrenta la negativa del Senado hace dos semanas a su primera propuesta, y ha planteado un debate jurídico: afirma que esa decisión pasó por errores de procedimiento legislativo, por lo que no es válida, y que si no hay una votación válida y explícita contra la consulta, el presidente puede convocarla por decreto. Son asuntos controversiales que pueden llevar, como tantas veces en Colombia, a que sean los jueces quienes zanjen una puja política.

En todo caso, el Gobierno ha presentado el Senado una segunda versión de la consulta, en las que ha sumado cuatro asuntos sanitarios a las 12 preguntas laborales iniciales. Su plenaria tiene hasta fines de junio para pronunciarse, casi el mismo plazo que tiene para tramitar la reforma laboral. Una que, de salir adelante, probablemente dejaría sin piso a la consulta y mejoraría en algún grado los derechos de los trabajadores.