Armando Benedetti desconoce la negativa del Senado a la consulta popular: exige una nueva votación esta semana para evitar que sea convocada por decreto

El Gobierno de Gustavo Petro busca mantener viva su propuesta de hacer una consulta popular. En la mañana de este martes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha asegurado que si el Senado no se pronuncia sobre esta iniciativa antes del 1 de junio, el Ejecutivo podrá convocarla por decreto. Aunque miembros del oficialismo ya lo habían sugerido a través de sus redes sociales, esta es la primera vez en la que el Gobierno le pide formalmente al Legislativo que revise su decisión del pasado 14 de mayo, cuando hundió ―por apenas un voto― la posibilidad de que los colombianos se pronuncien en las urnas sobre sus derechos laborales. Según el ministro, dicha votación es inválida, no solo porque considera que hubo un fraude y un sabotaje, sino porque se incurrió en un error de forma.

Benedetti ha argumentado, en una rueda de prensa y también a través de su cuenta de X, que al momento de la votación el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, no leyó la propuesta de lo que se iba a votar. Aunque los presentes sabían sobre qué se estaba discutiendo, pues el día anterior lo habían debatido durante nueve horas, Benedetti considera que esta falla en el procedimiento viola el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992. Presenta como prueba un video en el que se muestra el llamado a la votación: “¿El Senado de qué fue lo que se pronunció, si no leyeron?“, cuestionó el ministro.

Para el exsenador, un curtido político que llegó a su cargo a inicios del año con la misión de lograr mayorías oficialistas en el Legislativo, “en este caso, tenía que haber un concepto y no se leyó el objeto de lo que se iba a votar; luego, el Senado no se pronunció. Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la consulta popular”. En caso de que el Congreso no se pronuncie antes de que acabe este mes de mayo, el Gobierno podría convocar la consulta popular por decreto, y llamar a la población a que vote sobre las 12 preguntas iniciales relacionadas con asuntos laborales. No obstante, el debate legal podría terminar en manos de los jueces, tanto para revisar el procedimiento legislativo como para estudiar la legalidad de un decreto de convocatoria.

Horas más tarde, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, rechazó las intenciones del Gobierno anunciadas por Benedetti al considerarlas un “grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes”. En su opinión, de convocarse la consulta popular por decreto, se estaría desdeñando la decisión del Congreso de tumbar la consulta y se usurparían funciones propias de la rama judicial. Reiteró que el Senado ya rechazó la consulta, y añadió: “Si el presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia”.

La consulta, en la que el presidente Gustavo Petro ha invertido gran parte de su capital político, ha sido su plan para insistir en su reforma laboral, que el Congreso hundió en marzo. La discusión dio un giro cuando, este 14 de mayo, el mismo Senado que la había hundido decidió revivirla, con tal de no aprobar la consulta popular. Los opositores argumentan que los resultados de ese mecanismo son inciertos ―para ser aprobada necesita 13 millones de votos, cuando el mandatario fue elegido con 12 millones―, que tiene un alto costo económico y que es una forma del oficialismo de hacer campaña política, pero con dinero público. Además, que en caso de que alcanzara los votos, su único efecto concreto sería el de obligar al Congreso a tramitar una reforma en el futuro.

El Gobierno, por su parte, sostiene que se vio obligado a acudir al poder del pueblo ante la negativa del Legislativo de discutir y aprobar las reformas sociales para las que fue elegido. Ese día, en una tensa jornada que por poco termina en riña, Benedetti mostró su furia ante un resultado adverso, pues estaba convencido de que le alcanzarían los votos. Tanto el ministro y como el presidente Petro han alegado que hubo un fraude, por la confusión en el voto de un opositor, y han insistido en que la mesa directiva buscó cambiar el sentido del resultado.

“A la clase trabajadora le hicieron una jugadita en esa sesión, se la ‘perratearon’ [arruinaron], por lo que es necesario defender los derechos de los trabajadores”, añadió Benedetti este martes, justo cuando en la Comisión Cuarta del Senado comienza la discusión y votación de una reforma renovada, sobre la que la oposición ha propuesto varios cambios. Entre ellos, por ejemplo, se ha exonerado a las pequeñas empresas de tener que pagar el recargo nocturno a sus trabajadores, con lo cual, según ha escrito Petro en X, “se excluye el 80% de los trabajadores de Colombia de la reforma laboral”. El jefe de Estado insiste en que la pequeña empresa sí necesita apoyo, pero no a costa de los trabajadores, por lo que, para él, con los nuevos cambios la reforma queda más cerca a las ideas de la oposición de derecha que a su Gobierno del cambio.

Incluso con esos ajustes, el futuro de la reforma laboral sigue siendo incierto. El proyecto de ley, que la semana pasada parecía contar con el consenso de todos los sectores políticos, ha perdido el apoyo del Pacto Histórico, partido de Gobierno, y del Centro Democrático, principal partido de oposición. Los congresistas no han logrado ponerse de acuerdo ni sobre si el recargo nocturno aplicará para las micro y pequeñas empresas, ni sobre si el sobrepago por el trabajo en días festivos será del 75% o del 100%. La senadora del partido Verde Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, ha admitido que esta célula está “profundamente dividida”. Ante la premura del tiempo, ya que el proyecto debe aprobarse antes del 20 de junio, cuando se termina el periodo legislativo, el Gobierno ha decidido revivir su propuesta de la consulta popular.