Las gasísticas se ahorraron 59 millones en impuestos por la mediación de Equipo Económico

Solo hicieron falta dos meses para que el Ministerio de Hacienda cambiara de postura. Si la rebaja de impuestos que reclamaban las gasísticas imputadas en el caso Montoro suponía en abril de 2014 “un considerable y costoso esfuerzo tanto administrativo como de control para la Agencia Estatal de Administración Tributaria” para el ministerio, en junio ya era más que viable. En ese corto espacio de tiempo, según el juez que investiga la supuesta trama, fue decisiva la mediación de Equipo Económico, un despacho de asesoría fundado por el exministro Cristóbal Montoro y miembros de su primera cúpula ministerial bajo el Gobierno de Aznar. La rebaja fiscal que exigían las empresas involucradas —una reducción del 85% en la base liquidable del Impuesto sobre la Electricidad— implicó una pérdida recaudatoria de 59 millones de euros para Hacienda en 2015, el primer año en que se aplicó.

Por este y otros hechos, el titular del Juzgado número 2 de Tarragona ha imputado a 28 personas. Una de ellas es Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en dos ocasiones, durante los Gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018). Junto a él están imputados altos cargos del ministerio durante sus dos etapas como responsable del departamento, así como directivos y asesores de empresas privadas.

El corazón de la trama que traza el juez es Equipo Económico, fundado en 2006 por el propio Montoro y algunos ex altos cargos de su primera etapa por Hacienda. Cuando Montoro volvió a dirigir la cartera, en 2011, este primer equipo presionó desde el sector privado para que la nueva cúpula del ministerio modificase la legislación en beneficio de las empresas que contrataban sus servicios, según figura en los autos judiciales. Las compañías integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) han sido beneficiarias de la supuesta trama.

Hay que volver atrás más de 10 años para tirar del hilo. En 2013, el Gobierno aprobó una ley de adaptación a una directiva comunitaria que, entre otros aspectos, introducía una reducción del 85% en la base liquidable del Impuesto sobre la Electricidad para determinados sectores: la energía eléctrica destinada a la reducción química y procesos electrolíticos, mineralógicos y metalúrgicos. Las gasísticas habían reclamado, sin éxito, que se les aplicara la rebaja, por lo que decidieron contratar a Equipo Económico (EE), según el juez. “La AFGIM, tras no obtener las reformas pretendidas, decidió cambiar su estrategia y decide contratar a EE, a sabiendas, como así se dice en uno de los correos intervenidos, que se trata de un gabinete económico que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva”, señala el auto. “Incluso se dice que la vía más directa, como siempre, es pagar a EE, que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”.

De hecho, todo cambia en 2014. En marzo, la AFGIM —que ese mismo mes se había reunido con Montoro— envía una carta al ministerio. El remitente es José Luis Cañedo, presidente de la junta directiva y también imputado, que pide reunirse con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. En la misiva, reclama extender la rebaja del 85% a las actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste del producto, lo que extendería el beneficio fiscal a las gasísticas. Hacienda contesta inicialmente con una negativa, subrayando entre otros aspectos que la ampliación del beneficio de la manera que sugiere la asociación “supondría un considerable y costoso esfuerzo tanto administrativo como de control para la Agencia Estatal de Administración Tributaría”, de acuerdo con las diligencias policiales.

La ampliación de la rebaja fiscal según reclamaban las gasísticas aparece en junio, “tan solo, dos meses después de la negativa enviada por el Director General de Tributos”, en un borrador del proyecto de ley que más adelante modificaría el impuesto sobre la electricidad y otras figuras fiscales y en el cual participó el entonces director general de Tributos, Diego Martín-Abril Calvo. En la memoria de impacto económico se señaló que la extensión no causaría “una reducción significativa de los ingresos públicos”, puesto que beneficiaría a un número reducido de empresas.

“En cuanto al coste que supuso incluir a las industrias que consumieran energía eléctrica en más de un 50% del coste del producto, [los cargos del ministerio] resolvieron que no se contemplaba coste alguno”. Las diligencias policiales agregan que la elaboración de la norma carecía además de un informe del Consejo Económico y Social, cuya elaboración “posiblemente” hubiese echado para abajo ese cambio normativo.

Finalmente, la ampliación del beneficio fiscal a las gasistas se aprobó en la ley 28/2014 que reformó varios tributos, entre ellos el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Poco después, se dio luz verde al real decreto 1074/2014 que regula dichas bonificaciones, simplificando los proceso para acogerse a ellas. A diferencia de lo defendido en la memoria de impacto económico de la ley, el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria relativo al ejercicio 2015 sí registra una pérdida de ingresos relacionada con la ampliación de la reducción del 85% del tributo, “valorada en 59 millones” de euros.

Según el juez, hay evidencia de que los pagos de AFGIM a Equipo Económico tenían el objetivo de “permitir el acceso al Ministro de Hacienda y al Secretario de Estado”, así como conseguir “una modificación ad hoc” que “beneficiase exclusivamente a las gasísticas”. Además, destaca que supuestamente “correspondió a la AFGIM la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal”. “Resulta relevante que la intervención de EE logró presuntamente, en menos de un mes, la modificación consecutiva tanto de la Ley 28/2014 como la del RD 1074/2014 que modifica el Reglamento de Impuestos Especiales. El único elemento diferenciador que propició tan notable cambio de criterio, en tan corto periodo de tiempo, fue la entrada en escena de EE previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho”, agrega el auto.

Más adelante, en 2018, el lobby gasístico logró, según la investigación y siempre gracias a la mediación de Equipo Económico, otra rebaja fiscal mediante un cambio de epígrafe de su actividad en el Impuesto de Actividades Económicas. El entonces subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, ha sido cesado este viernes.