La Fiscalía ya veía en 2019 indicios de que Montoro participó en el reparto de “ganancias ilícitas” a cambio de reformas legales

La Fiscalía Anticorrupción ya tenía indicios en abril de 2019 de la participación de Cristóbal Montoro en una supuesta trama consistente en el cobro de mordidas a cambio de impulsar reformas legislativas favorable a determinadas empresas. Así lo expuso la fiscal Carmen García Cerdá en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, que por entonces llevaba alrededor de un año investigando el caso. Los correos hallados durante la investigación, advertía la fiscal, “han permitido conocer de la indiciaria participación en el concierto de Cristóbal Montoro Romero, ministro de Hacienda en la fecha de los hechos, y del pago de comisiones ocultadas bajo la contratación, por las empresas afectadas, de informes ‘estratégicos’ a la sociedad canalizadora de dichas comisiones, Equipo Económico”, el despacho fundado en 2008 por el exministro de Hacienda.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, daba detalles de los primeros hallazgos de los Mossos d’Esquadra que ya apuntaban a lo que después se ha ido constatando y que ha llevado al juez a imputar a 28 personas, incluido Montoro y parte de la cúpula del Ministerio de Hacienda durante sus dos mandatos al frente de ese departamento (2000-2004 y 2011-2018).

“La investigación efectuada por Mossos d’Esquadra está revelando que la sociedad Equipo Económico ha venido siendo utilizada por sus socios, e indiciariamente también por otras personas que participarían de forma velada en el reparto de las ganancias ilícitas de la sociedad, entre los que se encontraría Cristóbal Montoro, como el instrumento que pondría en marcha desde el Ministerio de Hacienda o desde otros ministerios participantes en los hechos la maquinaria legislativa, para introducir en nuestro ordenamiento jurídico reformas legislativas que favorecerían a empresarios dispuestos a pagar por ello”, señalaba García Cerdá.

La fiscal apoyaba sus conclusiones en los correos electrónicos intervenidos en la cuenta corporativa del director técnico de la empresa Messer, Ruben Folgado, redactados entre los meses de septiembre a diciembre de 2013, que, según García Cerdá, ponen de manifiesto el interés de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) para que el Gobierno traspusiese al ordenamiento jurídico español una directiva europea que amparaba la posible existencia de bonificaciones del impuesto especial sobre la electricidad, de las que se podían beneficiar las empresas representadas en AEGE.

La representante del ministerio público pone el foco en un email enviado el 5 de diciembre de 2013 a las 08.30 horas por Folgado al director general de Messer, Karl Haauck, que delata, según la fiscal, “la habitualidad y continuidad con la que se han debido de venir provocando reformas legislativas de favor y la participación en los hechos de Cristóbal Montoro”.

Ese correo electrónico al que hace referencia la fiscal está también recogido en el sumario del caso. En él, el director técnico de Messer explica al director general las gestiones que ha hecho para lograr que las empresas gasística se beneficiaran de una rebaja del impuesto eléctrico del 85%, sin que hasta el momento hubieran conseguido ser escuchados por los altos cargos de Hacienda a lo que se habían dirigido.

“Esto viene de una Directiva Europea que se ha adaptado a nuestra legislación en la cual hay tres sectores identificados como electrointensivos pero las ASUS no han sido incluidas. Utilizando mi cargo de presidente de la comisión de energía de AEQT he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector pero esto llevará tiempo. La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar“.

García Cerdá explica que la oferta de servicios de Equipo Económico remitida el 4 de diciembre de 2013 desde la cuenta de correo electrónico de uno de sus socios, Manuel Vicente Tutor, a la cuenta corporativa de Rubén Folgado “evidencia el pago de comisiones y permite conocer que el importe de la dádiva solicitada a los empresarios interesados en reformas legislativas que beneficiasen económicamente a sus sociedades se veía incrementado si finalmente se conseguían las mejoras fiscales o tributarias introducidas a través de los proyectos de ley que se defendían desde los ministerios implicados, sin importar su coste fiscal para el Estado”.

Los costes de contratación de Equipo Económico, según los investigadores, se estimaban en un fijo de 90.000 euros y un “succes fee” (tarifa de éxito) de 180.000 euros más, “en caso de éxito en el primer año de la reducción fiscal para el conjunto de empresas de la AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales).

Esa tarifa se dividió entre las distintas empresas interesadas en contratar al despacho fundado por Montoro. En el caso de Messer, la oferta enviada por Equipo Económico a la compañía fijaba unos honorarios fijos de 10.000 euros más IVA, a los que se deberían sumar 18.000 euros más IVA en el caso que se prorrogasen los servicios pasados seis meses.

La propuesta se presentaba bajo el epígrafe de “servicios de asesoramiento fiscal”, pero, según un escrito dirigido al juez el 20 de abril de 2018, los Mossos sospechan de que “el auténtico propósito de la contratación” de Equipo Económico por parte de Messer “fue simulado bajo la apariencia de un contrato formal de prestación de servicios”.

Para explicar esa conclusión, los agentes llegan a esa conclusión tras destacan que el despacho presentó a la empresa una oferta de servicios “que carecía de definición en cuanto al objetivo perseguido”. “Únicamente hacía mención a los servicios que podía prestar a Messer de forma totalmente generalista y exenta de concreción. Además, no se explicaba el detalle de los aspectos que determinaron los honorarios fijados”.

Si a este hecho, advierten los Mossos, se suman las palabras textuales que el director técnico de la empresa dirigió al director general aludiendo a que la “vía más directa” para conseguir la rebaja fiscal era contratar al despacho que fundó Montoro “es fácil concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones que los miembros de esta última mantenían con altos cargos de la Administración del Estado (...). Situación que los situaba en una posición privilegiada para interceder con el Gobierno de la nación en defensa de los intereses de las empresas del sector químico asociadas en AFGIM”.

Este informe de los Mossos explica que Equipo Económico se constituyó el 14 de junio de 2016 con la denominación de “Montoro y Asociados Asesores SL” y un capital inicial de 60.000 euros. De inicio se nombró como administrador único a Lorenzo Bernaldo de Quirós Lozano, pero este fue cesado el 2 de octubre de ese año para nombrar a Ricardo Martínez Rico. El 20 de noviembre de 2007, la figura del Administrador Único pasa a ser sustituida por su Consejo de Administración, al frente del cual, como consejero y presidente, se sitúa Cristóbal Montoro, para entonces ya ex ministro de Hacienda del primer Gobierno de José María Aznar.

Montoro cesó cinco meses después, el 22 de abril de 2008, días después de abrirse la IX Legislatura, en la que él fue elegido diputado del PP y nombrado portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, cargo que compaginó con el de coordinador de Economía del partido, destacan los agentes. Su hermano Ricardo se mantuvo en el cargo de consejero de equipo Económico que ocupaba desde enero de ese año. Cesó el 26 de diciembre de 2012, cuando Cristóbal ya era ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de Mariano Rajoy.

“Las personas que, desde su constitución, han formado parte del cuadro directivo de la sociedad Equipo Económico han ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la Administración Pública”, afirman los agentes, que consideran como “muy probable” el hecho de que la modificación de la ley de impuestos especiales, que tuvo lugar en 2014, fuese “consecuencia directa” de la intermediación de este despacho “con el Ministerio de Economía”. Los Mossos también destacan que el proyecto de ley por el que se modificó, entre otras, aquella norma “fuese presentado por el Gobierno del Partido Popular en fecha 6 de agosto de 2014 (fuera de los periodos ordinarios de sesiones) y que se encomendase su aprobación a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas”.