Las empresas que contrataron al despacho de Montoro conocieron los presupuestos del Gobierno seis meses antes que el Congreso

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado al sumario del caso Cristóbal Montoro, en el que se investiga las supuestas irregularidades cometidas por el exministro durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, revela que el despacho que fundó, Equipo Económico, facilitó a la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), que aglutina a las principales empresas gasísticas, detalles del borrador de la ley de Presupuestos de 2018 seis meses antes de que fuera público para que estas pudieran sugerir modificaciones que les favoreciera. El documento policial, fechado en abril de 2021 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta que por estas gestiones, Equipo Económico pudo embolsarse presuntamente 360.000 euros más IVA ya que el texto propuesto por las empresas “fue el que literalmente se plasmo al final en la ley” que se aprobó el 2 de julio de 2018 y que estuvo vigente hasta diciembre de 2020. La Guardia Civil destaca que, en esta ocasión, logró un cambio de criterio por parte del Ministerio de Hacienda “en tan sólo nueve meses”.

La UCO detalla que las empresas gasistas llevaban desde 2014 intentado una rebaja del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), pero tras fracasar con otra consultora, decidieron en 2017 requerir los servicios de Equipo Económico, que ya anteriormente les había conseguido una reforma legislativa que les favorecía. Entonces, Montoro era ministro de Hacienda con Rajoy. El informe de la Guardia Civil detalla que el primer documento que apunta en esta dirección es un correo electrónico que el secretario general de AFGIM envió el 27 de febrero de 2017 a los representantes de todas las gasísticas para convocarles a una asamblea. En el mensaje les incorporaba un documento en el que recogía el acta de una videoconferencia que había mantenido seis meses antes con Equipo Económico con el objetivo de obtener un cambio favorable en el impuesto.

“Según se desprende de la propia acta ―explica la UCO―, uno de los aspectos tratados en la reunión fue la posibilidad de incluir una modificación de las tarifas y notas aclaratorias del IAE, a través de una Ley de Presupuestos, aspecto sobre el que EE se comprometió a estar pendiente. Se acordaba también la contratación del despacho, estableciéndose una primera fase de preparación de los trabajos que duraría doce meses, a contar de esa fecha, y que se facturaría a AFGIM en dos plazos de 30.000 € cada uno (1 de abril y 1 de junio)“, recalca. A partir de documentos intervenidos, los investigadores detallan a partir de ese momento los diferentes contactos entre las gasistas y el despacho fundado por Montoro, con referencias a los problemas que estaban encontrando la tramitación de los Presupuestos ”por la situación en Cataluña", después de que el 1 de octubre de ese año se celebrara el referéndum ilegal que convulsionó la política española.

La Guardia Civil destaca que “ya a partir de las primeras reuniones en las que participó EE, se empezó a barajar la posibilidad de incluir la modificación de las tarifas y notas aclaratorias del IAE a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Y destaca que en el acta que levantó AFGIM de una reunión que celebraron sus miembros se reflejaba que ya tenían “la certeza de que el borrador incluye la modificación” a la que aspiraban y que incluso el secretario de la asociación había hablado telefónicamente con un alto cargo de Hacienda, el subdirector de Impuestos Locales, “para aclarar unas dudas que tenían en relación con la propuesta de redacción, que quedaron aclaradas”.

Por todo ello, la UCO concluye que ya para esa fecha, octubre de 2017, la asociación había tenido acceso al borrador de la ley de Presupuestos ya que conocían que esta “incluiría la modificación perseguida”. Y recalcan que entonces el documento con las cuentas no era de conocimiento público, ya que el mismo no apareció registrado en la página web del Congreso para su tramitación hasta abril del año siguiente. Es decir, seis meses más tarde de que AFGIM consiguiera “su propósito” de modificar el impuesto.

En este sentido, los investigadores destacan la existencia de un “canal directo de comunicación” entre los gasistas y Hacienda a través del que se intercambiaron “la propuesta de redacción de los epígrafes y notas aclaratorias que se debían modificar”, por lo que infieren que el redactado final de este punto fue hecho por la asociación y luego “se lo hizo llegar a la autoridad competente”, en sutil referencia al entonces ministro Montoro. En este punto, el informe recuerda que la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy el 1 de junio, pese a lo cual el proyecto de Presupuestos consiguió salir adelante y, con ello, el apartado que favorecía a las empresas gasistas..