El Gobierno de Milei inicia la privatización del servicio de agua en Buenos Aires

La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) será privatizada. El gobierno de Javier Milei iniciará un proceso que terminará con la transferencia del 90% de las acciones a accionistas privados “a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, dijo este viernes el vocero del presidente, Manuel Adorni. El 10% restante seguirá siendo de los empleados de la empresa, como hasta ahora. AySA es la única empresa estatal del listado de “privatizables” que hoy da superávit, luego de que el precio del servicio se multiplicase casi por cuatro —el doble que la inflación— desde la llegada al poder de la ultraderecha, hace 18 meses, y la paralización total de sus obras de infraestructura.

El Gobierno lleva tiempo preparando a la empresa para la venta. El primer paso fue incluirla en la ley ómnibus, que en el inicio de la gestión de Milei enumeró las ocho compañías estatales de las que pretendía desprenderse. Le siguió luego el achicamiento de la plantilla, que pasó de 7.800 empleados a menos de 6.400 en poco más de un año, según el relevamiento que hace el Indec, la agencia oficial de estadísticas. Hoy presta servicio de agua potable y cloacas a 3,8 millones de hogares en la ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del extrarradio de la capital.

A finales de marzo, la empresa había informado al Gobierno un resultado operativo positivo para 2024 de 104.000 millones de pesos, unos 87 millones de dólares, contra un déficit de 230 millones de dólares en 2023. Eran aquellos los tiempos en que el Gobierno de Alberto Fernández mantenía pisadas las tarifas de los servicios públicos para evitar que impactasen en la inflación.

El portavoz de Milei cargó contra las administraciones previas de la empresa, la última la de Malena Galmarini, esposa del ministro de economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa. “Se encontró con que se habían gastado más de 4.800 millones de dólares en la última gestión de gobierno”, dijo Adornil.

El proceso de privatización iniciará con dos decretos, uno con los detalles del estado financiero de la empresa y otro que habilitará la venta con cambios en el marco regulatorio. Según el plan del Gobierno, durante el segundo semestre del año se aprobarán los términos de concesión del contrato. La convocatoria a eventuales interesados se haría a finales de 2025 y la adjudicación sería posible recién a mediados del primer semestre de 2026.

El plan replica en buena parte del proceso de privatización del expresidente Carlos Menem, quien en mayo de 1993 entregó la concesión de la estatal Obras Sanitarias de la Nación (OSN) un consorcio encabezado por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux (39,39%) y la participación de Aguas de Barcelona (25%).

La empresa operó bajo la marca Aguas Argentinas hasta 2006, cuando fue reestatizada por el Gobierno de Néstor Kirchner. La empresa se quejaba entonces de la congelación de tarifas y acusaba al Ejecutivo de incumplir sus compromisos, mientras, el Estado advertía de que la compañía no se ocupaba del mantenimiento de la red. Por esa rescisión, la concesionaria denunció a Argentina ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, y logró una reparación de 384 millones de dólares.