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Rusia considerará un “motivo de guerra” que la UE entregue sus activos congelados a Ucrania

Bruselas y Berlín aumentan la presión sobre Bélgica para que acepte el uso del dinero de Moscú para financiar las necesidades civiles y militares de Kiev

La Comisión Europea quiere financiar a Ucrania con los activos financieros de Rusia congelados en la UE por la invasión. Bélgica, donde está depositada la mayor parte de este dinero, unos 185.000 millones, se resiste. Teme que posteriores reclamaciones rusas le obliguen a devolver cantidades ingentes para su presupuesto. Y Moscú, por su parte, añade leña al fuego con amenazas de alto voltaje: el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, el expresidente Dmitri Medvédev, ha advertido que si la Unión da ese paso lo considerará “un casus belli” (motivo de guerra). Sus palabras llegan apenas dos días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, declarara que su país se encuentra listo para una contienda bélica con Europa “ya mismo”.

Durante todo el otoño, la UE está barajando la idea de usar buena parte de los 210.000 millones en activos financieros rusos para darle un crédito a Ucrania que financien sus necesidades civiles y militares en 2026 y 2027. En total, sería un préstamo de unos 90.000 millones que después el país invadido tendría que devolver con las reparaciones de guerra a pagar por Moscú si llega ese caso, según la propuesta concreta presentada este miércoles por la Comisión Europea. Pero Moscú lo rechaza.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, ha anunciado que Rusia “prepara un paquete de medidas de represalia en caso de que se produzca el robo e incautación de los activos rusos”. “Cualquier acción ilegal que involucre nuestras reservas y activos estatales no quedará sin respuesta”, ha añadido este jueves. Con su locuacidad habitual, el expresidente Medvédev, reconocido este miércoles como “jurista del año” en su país, ha añadido que “la devolución de estos fondos podría producirse no a través de procedimientos legales, sino mediante reparaciones reales pagadas en especie por los enemigos de Rusia derrotados”.

Estas amenazas añaden presión sobre Bélgica, que lleva muchas semanas avisando de que rechaza esta opción para financiar a Ucrania y que prefiere que se haga a través de un préstamo garantizado con el presupuesto de la UE. El país que alberga las grandes instituciones de la Unión —Comisión, Parlamento y Consejo— huye de esta opción por varios motivos. El primero es que asume un riesgo financiero evidente: al ser el país donde están la mayor parte de activos, podría verse en un problema fiscal muy grave si un tribunal de arbitraje internacional diera la razón a Moscú en una potencial reclamación. “Las fuertes garantías” que ha preparado el Ejecutivo comunitario para repartir el riesgo comunitario no le calman.

Hay otro elemento a tener en cuenta. Si el Gobierno de Bart De Wever acepta que se toquen esos activos, pone al país en primera línea en el choque con Moscú. Y en Bélgica todavía se recuerda que hace poco más de un mes hubo que cancelar decenas de vuelos por avistamientos de drones que el Consejo de Seguridad atribuyó a un “actor estatal”. No hubo señalamiento directo, pero es evidente quién es en estos tiempos el principal sospechoso.

Sin embargo, una importante mayoría de socios de la UE tienen claro que su opción favorita, aunque la Comisión haya planteado dos, es la de utilizar los activos rusos para dar un préstamo a Ucrania a cuenta de reparaciones de guerra. Y la capital que más claro lo tiene es la que más pesa en la UE, Berlín. El propio canciller alemán, Friedrich Merz, publicó el miércoles, el mismo día que el Ejecutivo europeo lanzaba su propuesta, un artículo apoyando esta salida: “Todos los riesgos financieros derivados de esta medida deben compartirse colectivamente. ‘Colectivamente’ significa que cada Estado miembro asumiría una parte igual del riesgo en función de su capacidad económica. Primero debemos acordar este principio políticamente y luego aplicarlo mediante disposiciones jurídicamente vinculantes. Sería inaceptable que un solo país soportara una carga desproporcionada”.

Von der Leyen, Merz y De Wever

“Comprendo perfectamente, en particular, las preocupaciones del Gobierno belga, dado que la mayoría de los activos congelados se encuentran allí”, continúa Merz. Este viernes viaja a Bruselas para cenar con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el primer ministro De Wever. Entre los dos alemanes, conservadores ambos y pertenecientes al partido democristiano CDU, intentarán convencer al belga, que últimamente ha subido más el tono contra esta opción. “Bélgica nunca aceptará asumir a solas los riesgos de una operación así”, ha advertido el primer ministro este jueves en el Parlamento belga, donde ha recibido un amplio apoyo por esta postura.

La posición de cautela de Bélgica, un país que también sufre estrecheces fiscales considerables, con una deuda que supera el 106,2% del PIB, contrasta con la de Moscú. Rusia, pese a sus amenazas contra el uso de sus activos en la UE para financiar al país que ha agredido, no ha dudado en confiscar bienes y activos a más de un centenar de grandes firmas valoradas en 3,9 billones de rublos (unos 45.000 millones de euros) desde que el inicio de la invasión de Ucrania en 2022 hasta junio de este año, según el despacho de abogados NSP. Y a ello habría que sumar otros activos, como los aviones de Airbus y Boeing en leasing que no han devuelto las aerolíneas rusas.

Rusia ha vertido sus últimas amenazas contra la Unión Europea el mismo día que su justicia ha rechazado el dictamen de un tribunal de arbitraje internacional contra la confiscación de una empresa europea. El tribunal de arbitraje de Moscú ha declarado “incompetente y contraria al derecho internacional” la resolución del Centro Financiero Internacional de Dubái que daba la razón a la que fuera la mayor compañía del petróleo y gas de Alemania, Wintershall Dea.

La firma reclama unos 7.500 millones de euros a Moscú. Wintershall Dea anunció que vendería sus activos y se retiraría de Rusia tras comenzar la guerra. Sin embargo, el Kremlin revirtió su venta y entregó el control de sus instalaciones a empresas rusas mediante un decreto presidencial emitido en diciembre de 2023.

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