La Eurocámara respalda y endurece las normas para la creación de centros de deportación de migrantes fuera de la UE

El Parlamento Europeo ha dado un paso clave más hacia la controvertida creación de centros de deportación de inmigrantes irregulares fuera de la UE. Tras el visto bueno del Consejo (los Estados) el pasado diciembre a la reforma del reglamento de retornos que prevé poder establecer estos centros en terceros países, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (Libe) de la Eurocámara también ha aprobado este lunes la postura del hemiciclo. Esta no solo ratifica la posibilidad de crear estos hubs, sino que endurece las condiciones, permitiendo incluso el envío de familias con menores a los mismos.

Aunque aún falta el visto bueno del pleno parlamentario, este se da prácticamente por descontado en un hemiciclo muy escorado a la derecha y ultraderecha, cuyos grupos han respaldado y aplaudido el texto aprobado en la comisión. A partir de entonces, las dos partes, Consejo y Eurocámara, comenzarán a negociar formalmente un texto de compromiso final.

En vista de las coincidencias de los textos a unificar y las amplias mayorías que goza tanto entre las capitales como en el hemiciclo esta medida, que ambas partes además quieren cerrar rápidamente, la votación de este lunes afianza la posibilidad de que, más pronto que tarde, los miembros de la UE puedan negociar convenios con terceros países para enviar a centros allí instalados a migrantes que hayan visto rechazada su petición de asilo. Todo ello, pese a los fuertes recelos en materia de protección de los derechos fundamentales de estos migrantes que suscita la medida, a la que solo se oponen con vehemencia algunos pocos países, entre ellos España.

El voto en Libe ha salido adelante, una vez más, con el apoyo sobre todo de los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha. “Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita”, ha celebrado el jefe de la delegación de Vox, Jorge Buxadé. El nuevo reglamento “sienta las bases para empezar los procesos de deportación masiva, de expulsiones, retornos, reemigración, como se le quiera llamar”, ha destacado.

El texto negociado va incluso más allá que la propuesta original de la Comisión y de la del propio ponente parlamentario, el liberal holandés Malik Azmani, al eliminar, entre otros, la exclusión automática de menores en los centros de deportación: solo quedan exentos los que no estén acompañados. Pero si es toda una familia la que recibe una orden de retorno, los menores estarán incluidos en la orden de enviarlos a un centro en un tercer país, si así lo decide el país.

Enfermedades que exigen un tratamiento médico o lazos familiares han sido eliminados como posibles motivos de aplazamiento de una orden de deportación forzosa y prácticamente inmediata, que según los críticos se convierte así casi en la única política de retorno para estas personas, que estarán también sujetas a severas sanciones por incumplimiento de dicha orden, incluida la posibilidad de una prohibición de entrada en territorio europeo de por vida, entre otras enmiendas ahora aprobadas.

El texto de la Eurocámara “pone a cientos de miles de personas, incluidos niños, en riesgo de ser detenidos en toda Europa y permite a los Estados miembros separar a las familias, enviándolas a centros de deportación en países en los que nunca han estado”, advierte la Plataforma para Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (Picum, por sus siglas en inglés). “Tras la indignación por las operaciones del ICE en Estados Unidos, este texto abre la puerta a medidas igualmente violentas contra la inmigración en toda Europa. Dignidad humana, libertad, igualdad: esta votación traiciona los valores que la UE dice defender”, advierte la organización, en una valoración que también comparten fuerzas socialdemócratas y de izquierdas.

El texto que ha salido adelante va en contra de los valores europeos, ha advertido al respecto el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D). El mandato aprobado no garantiza “ni la dignidad humana, ni la igualdad, ni la libertad, ni el Estado de derecho, ni los derechos humanos para las personas enviadas a centros de retorno. Para estas personas, solo cabe un futuro incierto en un país desconocido”, ha denunciado la socialista francesa Murielle Laurent, ponente en la sombra de este dosier y que intentó, infructuosamente, frenar el voto este lunes.

“El enfoque punitivo adoptado por este informe, y en particular la posibilidad de que los Estados miembros deporten por la fuerza a personas a centros de retorno en terceros países en los que nunca han estado y en los que es probable que sean objeto de detención y acaben en un limbo jurídico, conducirá inevitablemente a violaciones de los derechos fundamentales”, ha advertido también la ecologista holandesa Tineke Strik. “El texto aprobado con una mayoría de derecha y extrema derecha refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro la vida de las personas y violará su dignidad”, coincide su colega en los Verdes Mélissa Camara.

“Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza abandonan finalmente los países”, se ha defendido el principal autor de las enmiendas, el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy, del PPE.

El texto que ahora servirá de base negociadora para la propuesta final de lo que está considerado la última pata pendiente del pacto migratorio que entra totalmente en vigor en junio también ignora muchas de las advertencias y recomendaciones lanzadas por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty. En un comunicado enviado en vísperas de esta votación, el comisario pedía “salvaguardias en derechos humanos claras y efectivas” consistentes con las respaldadas por organismos internacionales. Entre otros, subrayaba la necesidad de “excluir a niños, tanto no acompañados como con familias” en el envío a los centros de deportación —algo que permite el texto parlamentario ahora aprobado—, así como un “monitoreo independiente y efectivo” y el establecimiento de acuerdos con el tercer país “vinculantes bajo el derecho internacional” como única base para la creación de estos centros de deportación.