Aeropuertos y minas de oro: el Kremlin intensifica la confiscación de empresas en Rusia

El Kremlin ha emprendido este año una nueva campaña de confiscaciones de propiedades por todo el país. El Gobierno ruso ha intensificado la apropiación de compañías valoradas en miles de millones de euros con un doble objetivo: mejorar sus cuentas y castigar o recompensar a la élite rusa, según su grado de fidelidad. Las multinacionales occidentales fueron las primeras en sufrir la nueva política rusa tras la invasión de Ucrania y en ver cómo sus filiales eran entregadas a los seguidores del Kremlin, pero ahora tampoco se libran los empresarios que tenían el carnet del partido de Putin. Uno ha visto evaporarse su negocio en apenas nueve días.

Según el despacho ruso de abogados NSP, las autoridades rusas han confiscado más de un centenar de grandes empresas por un valor de 3,9 billones de rublos (unos 45.000 millones de euros) desde que comenzó la guerra contra Ucrania en 2022 hasta junio de 2025. De esta cifra, casi la mitad, 1,5 billones de rublos, fueron arrebatados a inversores extranjeros en empresas consideradas “estratégicas”.

Otro recuento, el del diario independiente Novaya Gazeta Europa, contabilizaba 411 empresas confiscadas hasta comienzos de este año, antes de una nueva ola de apropiaciones de grandes compañías. Incluía muchos más activos más pequeños, aunque valoraba el total en 2,56 billones de rublos.

“La reventa de activos confiscados a sus propietarios tiene como objetivo apuntalar los ingresos presupuestarios ahora que se están reduciendo”, señala el centro de análisis Re:Russia. “Y en paralelo, la redistribución de la propiedad es una herramienta política para castigar la deslealtad y recompensar la lealtad, así como un medio para hacer más nacional a la élite”.

El Kremlin emplea varios mecanismos para arrebatar la propiedad de las empresas. En el caso de las firmas de países declarados “inamistosos”, el Gobierno ruso aprobó una ley que permite transferir los activos a un gestor temporal como castigo por las sanciones occidentales. La filial de Danone, por ejemplo, fue transferida temporalmente en 2023 a un sobrino del presidente checheno, Ramzán Kadírov. La multinacional francesa acabó malvendiendo después su empresa a un empresario próximo al líder checheno, asumiendo más de 1.200 millones de euros en pérdidas.

No obstante, el Kremlin ha desarrollado otras herramientas más poderosas para confiscar las compañías. Por un lado, sus tribunales han comenzado a revertir tres décadas después algunas de las privatizaciones de los años noventa de antiguos activos soviéticos. El argumento de la Fiscalía es que fueron aprobadas por los organismos regionales “sin que la Federación de Rusia, como propietaria, supiera la violación de sus derechos de propiedad”, mientras que los tribunales no tienen en cuenta “ni la compensación pagada por la adquisición del activo ni la buena fe”, según los abogados.

Por otro lado, el Kremlin ha hecho un uso intensivo de la ley sobre inversión extranjera en empresas de importancia estratégica para apropiarse de decenas de miles de millones de euros. “En ocasiones, personas con dos nacionalidades, una de ellas rusa, son reconocidas como inversores extranjeros”, señala NSP.

El bufete de abogados apoya las confiscaciones del Kremlin. “Las fuerzas del orden han restaurado activamente los derechos de la Federación de Rusia sobre los bienes perdidos “contra su voluntad”, protegiendo así la seguridad nacional y los intereses públicos del país”, asegura en su informe, donde señala que los afectados son extranjeros, exdiputados y “terroristas y extremistas”.

La última joya arrebatada por el Kremlin es una de las mayores empresas mineras de oro del país, Yuzhuralzolotó. La operación se hizo en un tiempo récord: apenas transcurrieron nueve días entre que la Fiscalía reclamó la participación mayoritaria del empresario Konstantín Strukov y un tribunal satisfizo la demanda.

Como en la mayoría de casos anteriores, el Kremlin acusó al dueño de la empresa de haberse hecho con su propiedad “mediante corrupción”. Strukov compaginó su fulgurante carrera política en la región de Cheliabinsk a principios de los años 2000 con su gestión de Yuzhuralzolotó. Según las autoridades rusas, el empresario, que siempre fue miembro del partido de Putin, Rusia Unida, usó su puesto político para beneficiar a su empresa, la tercera del país en reservas de oro.

La participación de Yuzhuralzolotó estaba dividida en un 67,8% en manos de Strukov; otro 22% adquirido por la división bancaria de la gasista estatal Gazprom a finales del año pasado; y un 10,2% de capital flotante. Las acciones de Strukov valían unos 102.000 millones de rublos, algo más de 1.100 millones de euros, antes de que se suspendiera la cotización de la compañía en la Bolsa rusa por la intervención del Kremlin.

Las confiscaciones prosiguen, aunque el presidente ruso afirma que se trata solo de “casos puntuales”. El pasado 20 de junio, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo, Vladímir Putin, defendió la reciente transferencia al Estado del aeropuerto moscovita de Domodédovo a través de un tribunal, pero rechazó tildarla de nacionalización.

“Disculpen mi mala educación, pero el revuelo en torno a estas instalaciones lleva ya mucho tiempo (...), esto no tiene nada que ver con una nacionalización. La nacionalización es un proceso prescrito por la ley; nosotros no aplicamos esta ley ni estas normas”, declaró Putin.

El tribunal de arbitraje de Moscú dio la razón a la Fiscalía el pasado 17 de junio y aprobó la confiscación del aeropuerto del empresario Dmitri Kamenshchik. Según el argumento del Kremlin, tanto el empresario como su director, Valeri Kogan, tenían la residencia en otros países y esto era incompatible con la propiedad de “una instalación estratégica”.

El mandatario, que ostenta el poder desde hace 25 años, justificó esta y otras confiscaciones con que las privatizaciones de activos en los noventa tras el derrumbe soviético “fueron injustas”. Aun así, Putin abogó durante su intervención por “desarrollar un marco regulatorio” para la prescripción de las privatizaciones.