Estados Unidos respalda a Argentina contra la orden judicial para que entregue las acciones de YPF

El Gobierno de Donald Trump respaldó este viernes a Argentina en la disputa que el país sudamericano mantiene contra un grupo de accionistas de la petrolera YPF en tribunales estadounidenses. Tal y como había anticipado, el Departamento de Justicia presentó un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones en el que se opone a la orden emitida por la jueza de primera instancia Loretta Preska para que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF que tiene en su poder y que le permiten el control de la compañía.

La Cámara de Apelaciones suspendió temporalmente la orden de Preska. Las autoridades judiciales estadounidenses pidieron este viernes que se mantenga en suspenso para evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva de forma correcta en la instancia de apelación.

El argumento central del escrito es la necesidad de aplicar de forma correcta los principios de inmunidad soberana extranjera en virtud de la ley que regula esta cuestión. “Estos asuntos pueden tener ramificaciones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos, y afectar el trato recíproco de Estados Unidos y sus bienes en los tribunales de otras naciones”, destacó el Departamento de Justicia en el amicus curiae presentado al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El portavoz presidencial argentino, Manuel Adorni, expresó su satisfacción por el apoyo estadounidense —tanto bajo la Administración Trump como el año pasado con Joe Biden— contra la transferencia forzosa de las acciones de YPF a los demandantes como parte de pago por los más de 16.000 millones que el Estado argentino fue condenado a pagar en primera instancia.

El espaldarazo de Trump obligó a mover ficha a los demandantes, los fondos Burford y Eton Capital. “Los beneficiarios del fallo YPF informan a la Corte de Apelación que no desean retener las acciones de YPF en caso que Argentina triunfe en su apelación”, informó a través de X Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors. Según Maril, uno de los grandes conocedores de los litigios de Argentina en el exterior, los demandantes detallaron que “no desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones”. Aun así, se opusieron a que la Corte de Apelaciones permita al país recurrir el fallo adverso en primera instancia sin depositar una garantía.

El juicio derivado de la renacionalización de YPF en 2012 es el más costoso que enfrenta el Estado argentino fuera de su territorio nacional. La causa se abrió en 2015, un año después de que el Gobierno de Cristina Kirchner acordase indemnizar con unos 5.000 millones de dólares a la petrolera Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que la compañía española tenía en YPF.

En ese momento, el Gobierno de Kirchner se hizo con las acciones suficientes para recuperar el control estatal de la gran compañía energética de Argentina, pero no ofreció las mismas condiciones a los demás accionistas, tal y como establecía el estatuto de la empresa para una operación de esa envergadura. El fondo de inversión Burford, especializado en juicios internacionales, compró los derechos para litigar a dos sociedades del grupo argentino Petersen —de la familia Eskenazi, propietaria del 25% de las acciones de YPF— que se habían declarado en quiebra en España. Con esos derechos en el bolsillo, que le otorgan el 70% de la posible indemnización, Burford presentó una demanda millonaria ante la Justicia estadounidense por por no haber lanzado una OPA sobre todo el accionariado de YPF.

Argentina perdió el juicio en primera instancia y fue condenada a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los demandantes en 2023. Ahora busca revertir el fallo en un tribunal superior.

En los últimos días, Burford y Eton Capital han intentado buscar un acuerdo extrajudicial, al que se opone de forma tajante el Estado demandado. “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas”, subrayó este viernes Adorni.