Estados Unidos apoya a Argentina en la demanda por la nacionalización de YPF

Ya lo había hecho Joe Biden y ahora lo hará Donald Trump. El Gobierno de Estados Unidos anunció, a través del Departamento de Justicia, que presentará ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York un escrito en defensa de la posición de Argentina en la causa YPF. La intención es advertir de los riesgos legales que supone que la Casa Rosada cumpla con la entrega del 51% de las acciones que tiene en la petrolera a los demandantes por la nacionalización de la empresa en 2012. El martes, la Cámara de Apelaciones suspendió de forma preventiva la orden emitida en primera instancia por la jueza Loretta Preska y dio tiempo a Argentina para ordenar la presentación de sus alegatos y pedir una suspensión definitiva.

Se espera que el escrito del Departamento de Justicia replique en términos generales los argumentos que ya presentó en noviembre del año pasado la Administración de Biden, también en apoyo de Argentina, pero que no fueron tomados en cuenta por la jueza Preska. La Casa Blanca sostuvo en aquella ocasión que la entrega de las acciones del Estado argentino en YPF a los demandantes viola las normas estadounidenses sobre inmunidad soberana. Abre, además, la puerta a que Argentina tome medidas similares en el futuro contra empresas o activos de Estados Unidos. Preska ordenó, en la práctica, una privatización de YPF con activos que están registrados en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y que no cotizan en Estados Unidos.

La demanda por la nacionalización de parte de YPF en 2012 es hoy el mayor peligro judicial que enfrenta Argentina. Preska ordenó en 2023 al país a pagar 16.000 millones de dólares en concepto de indemnización a los fondos Burford y Eton Capital. El argumento fue que el Gobierno argentino violó el estatuto de YPF cuando compró el 51% de las acciones de la petrolera española Repsol al no ofrecer las mismas condiciones a los demás accionistas minoritarios. Al frente de la demanda se puso el grupo Petersen, de la familia argentina Ezkenazy, que luego de quebrar vendió sus derechos en la demanda por YPF a Burford Capital.

El pasado lunes, Preska dio 72 horas de plazo al Gobierno argentino para que transfiriese sus acciones en YPF como parte de pago a Burford Capital y Eton Capital, bajo la amenaza de entrar en desacato. Un día después, la Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York suspendió, a pedido de Argentina, de forma preventiva la orden dictada por Preska. “El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, determinó la secretaria de la Cámara de Apelaciones.

El Gobierno de Milei espera ahora que el apoyo explícito de la Casa Blanca destrabe una situación judicial en la que no encuentra salidas. El Estado argentino no tiene el dinero que le exige la jueza, una suma apenas por debajo del rescate financiero que le acaba de conceder el Fondo Monetario Internacional, y tampoco puede transferir las acciones de YPF sin una ley del Congreso lo autorice.