La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos suspende temporalmente la orden de entregar las acciones de YPF

Argentina gana tiempo en la Justicia estadounidense. La Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York suspendió este martes de forma preventiva la orden dictada por una jueza de primera instancia que obligaba al Gobierno argentino a entregar en 72 horas las acciones de la mayor compañía estatal, la petrolera YPF, a los fondos demandantes.

“El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito en espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces”, determinó la secretaria de la Cámara de Apelaciones.

La decisión judicial aleja el fantasma de que Argentina sea declarada en desacato por desobedecer a la jueza Loretta Preska. También da más tiempo a las partes para presentar sus argumentos ante la Cámara que revisará la condena inicial contra Argentina por violar el estatuto de la empresa cuando expropió el 51% de las acciones a la petrolera española Repsol al no ofrecer las mismas condiciones a los demás accionistas.

El fallo en primera instancia dictado por Preska condenó a Argentina en 2023 pagar 16.100 millones de dólares más intereses en concepto de indemnización a los fondos Burford y Eton Capital. Hace dos semanas, la jueza ordenó transferir a los demandantes el 51% de las acciones de la compañía en manos del Estado argentino como parte de pago.

En el momento de la estatización en 2012, el 57,5% de YPF estaba en manos de Repsol, el 25,5% era de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía —dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazi— y el 17% estaba repartido entre inversores minoritarios. En 2014, el Estado argentino acordó pagar 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% de las acciones que le había expropiado.

Burford Capital, un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicios de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, compró en España gran parte de las acciones de YPF en manos de las sociedades insolventes del Grupo Petersen y se presentó ante la Justicia de Estados Unidos junto a Eton Park, uno de los accionistas minoritarios.

Preska dejó fuera del litigio a la petrolera, que conserva el 49% de las acciones en manos privadas. Eso significa que es el Estado quien debe asumir el pago si el fallo queda firme. A la cifra dictada por la jueza se le suman cuantiosos intereses, que se incrementan en dos millones de dólares por día.

El Gobierno argentino no está en condiciones de cumplir con la sentencia. No solo porque sus reservas internacionales están en números rojos, también porque la ley de estatización de YPF prohíbe al Ejecutivo transferir las acciones expropiadas sin previa autorización del Congreso.