Un fallo de la justicia de Estados Unidos contra YPF agita la pelea entre Milei y el peronismo

Javier Milei ha acelerado su pelea contra el peronismo. Encontró nueva gasolina en un juzgado de Nueva York. La jueza Loretta Preska ordenó el lunes al Estado argentino que entregue las acciones que tiene en la petrolera YPF, que son el 51% del paquete de la compañía. Esta entrega sería parte de pago a un grupo de inversores que en 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, se sintieron perjudicados por la estatización. En aquel entonces era ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales líderes de la oposición. Milei arremetió con furia y tildó a Kicillof de “inútil soviético”, “pelotudo” e “imbécil”. Esta vez no atacó a Kirchner, porque desde que está presa en su casa por corrupción y no puede ser candidata en las legislativas de octubre ha perdido protagonismo en el listado de víctimas del presidente.

La compra por parte del Estado de las acciones que Repsol tenía en YPF fue presentada 13 años por el kirchnerismo como un acto de soberanía. El yacimiento de crudo no convencional de Vaca Muerta se perfilaba ya como una fuente inagotable de divisas y el Gobierno pretendía tener el control. Para ello pagó 5.000 millones de dólares a Repsol por el 51% de las acciones que poseía en la compañía.

La operación violó un estatuto interno de YPF que obligaba a extender a todos los accionistas la oferta ofrecida a la empresa española. Kicillof fue el encargado, como ministro, de defender este detalle en el Parlamento. “Para estatizar no vamos a ser tan tontos de respetar las pautas que están establecidas en el estatuto de la empresa. Vamos a ignorar las reglas, o los procedimientos, que fija el estatuto de la empresa para esta estatización”, dijo a los diputados y senadores que más tarde terminarían por aprobar por una amplia mayoría la nacionalización de YPF.

A la jueza Preska sí le parecieron importantes esos estatutos y en septiembre de 2023 fijó en 16.000 millones de dólares la deuda del Estado argentino con los accionistas que habían decidido demandar a la compañía. En el grupo están Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos sociedades creadas y radicadas en España propiedad de la familia argentina Eskenazi. Petersen inició el juicio, pero quebró tras la estatización y vendió el 70% de su reclamo al fondo Burford, experto en comprar litigios en marcha para cobrar luego las ganancias.

Para el kirchnerismo, Burford no es más que un fondo buitre que intenta aprovecharse de la aplicación de una ley soberana, en este caso Argentina. Por eso Kicillof acusó a Milei de ponerse del lado de los malos. “Lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza; lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger”, dijo el gobernador luego de los insultos de Milei.

El varapalo judicial agitó la política argentina, pero no solo eso. El fallo de Preska supone una privatización de facto, al obligar al Estado a entregar todas sus acciones a los acreedores. Los juicios que tiene pendientes Argentina en tribunales internacionales son además una losa sobre la confianza de los mercados. Las consecuencias económicas son imprevisibles, en momentos en que el país sudamericano necesita como el aire la llegada de inversiones para sostener el programa de ajuste de Milei.

En 2024, el primer jefe de Ministros de Milei, Nicolás Posse, dijo en el Senado que el país tenía abiertas en su contra 264.000 causas y que solo un cuarto de ellas sumaban reclamos por 12.500 millones de dólares. A esa cifra hay que sumar los 16.000 millones por YPF. Solo en intereses por esta causa, Argentina suma dos millones de dólares diarios.

La suma es impagable para Argentina. Supera incluso al primer desembolso de 12.000 millones de dólares que recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) como adelanto de un rescate de 20.000 millones. Mientras tanto, el Gobierno apelará el fallo de Preska ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York. En caso de perder, solo le quedará el recurso de la Corte Suprema.