La jueza cifra en 16.099 millones de dólares la indemnización a pagar por Argentina por YPF

Ya hay cifra concreta. La jueza de Nueva York Loretta Preska ha dictado sentencia en la demanda contra Argentina por la nacionalización de YPF en 2012, cuando su accionista de control era Repsol. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como responsable económico, expropió un 51% del capital de la empresa, el grueso de la participación de la petrolera española, pero incumplió su obligación de lanzar una oferta para el resto de accionistas. Ahora, tras una demanda de los otros accionistas, la jueza ha determinado que Argentina debe pagar 16.099 millones de dólares (unos 15.080 millones de euros) entre principal e intereses.

La cifra está en línea con la que se estimaba la semana pasada, cuando la jueza dio la razón a los demandantes en el método de valoración y en el cálculo de los intereses. Ahora se conoce la cifra exacta y el reparto de la misma en la sentencia final, que no es firma y que Argentina planea recurrir.

Preska ha sentenciado que Argentina debe pagar 14.385 millones de dólares a Petersen Energía, que se reparten en 7.533 millones en daños y 6.852 millones en intereses, calculados al 8% de interés simple. Además, debe pagar otros 1.714 millones de dólares a Eton Capital: 898 millones en daños y 816 millones en intereses. Además, si Argentina no paga se seguirán generando intereses a un tipo del 5,42% anual, en este caso de interés compuesto (es decir, los intereses no pagados generan a su vez intereses). Burford Capital, que financió gran parte del litigio a cambio de quedarse la mayor parte de la indemnización, había dicho tras el fallo de la semana pasada que representaba “una victoria completa contra Argentina”.

En una sentencia dictada hace unos meses, Preska dio la razón a los accionistas y declaró que Argentina les debía una indemnización y que YPF no tenía ninguna responsabilidad en la expropiación. En su decisión de marzo, la magistrada ya había fallado a favor de los litigantes por considerar que el Estado no ofreció una compensación a todos los accionistas cuando decidió nacionalizar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol. Según el estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos.

Burford Capital es un fondo que se dedica a la compra de derechos de juicio de empresas quebradas para llevar a cabo denuncias por grandes sumas, una metodología similar a la que usan los fondos buitre con los títulos de deuda. El fondo demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades españolas del grupo de la familia argentina Eskenazy, que tenían el 25% de las acciones de YPF.

Esas compañías están en concurso de acreedores porque se endeudaron para comprar su participación en YPF, devaluada con la expropiación. Repsol les prestó 1.500 millones para que le comprasen acciones. La petrolera ejecutó títulos de YPF que tenía en prenda ante el impago y ahora podría acabar recuperando una parte de la deuda pendiente en el concurso de acreedores. El fondo tiene derecho a aproximadamente el 70% de la indemnización, mientras que el resto irá a esas sociedades y a Eton hasta el momento insolventes, desde las que se presentó la demanda en 2015.

Argentina no está en condiciones de afrontar el pago, con las reservas del banco central bajo mínimos y muy limitado el acceso a los mercados de crédito por su largo historial de impagos.

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