El Senado elige a Lina Escobar como nueva magistrada de la Corte Constitucional

El Senado de la República ha elegido este miércoles por una abrumadora mayoría a Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional de Colombia. Con 82 de los 105 votos posibles, la abogada antioqueña ocupará la silla que dejó vacante Diana Fajardo Rivera, y permanecerá en el cargo durante un periodo de ocho años. Doctora en derecho constitucional, tiene una amplia trayectoria en el sector público y académico. Fue parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), trabajó en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales del Senado, y en 2015 fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado en el despacho de la magistrada Rocío Araújo.

La terna exclusivamente femenina de la que fue escogida marca un hito. Por primera vez, fueron propuestas tres mujeres por la Corte Suprema de Justicia para ocupar una vacante en el tribunal constitucional. Las otras ternadas eran Myriam Carolina Martínez, experta en derecho agrario y restitución de tierras, quien obtuvo dos votos, y Lisneider Hinestroza, quien ha centrado parte de sus estudios en defensa de las comunidades negras y logró ocho votos.

La elección no causó sorpresa. En los días previos a la votación, varios partidos habían manifestado públicamente su respaldo a Escobar. Las bancadas del Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y La U cerraron filas en torno a su nombre, lo que proyectaba una mayoría cómoda en el Senado. Su candidatura logró aglutinar apoyos incluso en sectores tradicionalmente distantes entre sí, lo que consolidó su favoritismo frente a las otras postuladas.

Antes de la votación en el Senado, varios congresistas intervinieron para formular preguntas a las ternadas. El primero en hacerlo fue el opositor Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical. Luego intervino Álex Flórez, del Pacto Histórico, quien indagó por la posición de las candidatas frente a los casos en los que la Procuraduría General suspende o sanciona a funcionarios elegidos por voto popular, un tema sensible para el presidente Gustavo Petro y el partido oficialista por decisiones recientes.

Más adelante, la senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal pero con posiciones fuertemente conservadoras, cuestionó si la Corte Constitucional tiene competencias para sustituir al Congreso en la toma de decisiones sobre leyes. Durante el intercambio, su copartidario Miguel Ángel Pinto interrumpió para advertir que las respuestas podrían comprometer la imparcialidad de quien resulte elegida. “Tengan cuidado con lo que van a contestar”, dijo, sugiriendo que sus opiniones podrían inhabilitarlas en futuras decisiones del alto tribunal. “Hacer alguna expresión hoy, frente a algún tipo de normas, las puede declarar impedidas en la toma de decisiones”. También preguntaron otras senadoras como Sandra Ramírez (Comunes) e Isabel Zuleta (Pacto Histórico).

El pulso político previo a la votación se centró en torno a Lisneider Hinestroza, pues algunos sectores de oposición impulsaron una campaña de rechazo a su nombre. Afirmaban que su eventual elección supondría un “control total” del Gobierno de Petro sobre la Corte. La llegada de Escobar, en cambio, fue vista por amplios sectores del Congreso como una opción de equilibrio, sin una militancia explícita.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la campaña contra Hinestroza como una expresión de “violencia política, racismo y machismo”. Lo dijo porque en el Congreso fueron repartidos volantes con la imagen de esa candidata junto a los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. El primero fue el secretario jurídico del presidente, y el segundo ha sido su abogado y amigo. “¿Cree que el Gobierno todavía no tiene mayorías en la Corte Constitucional? Si quiere entregarle a Petro el control, vote por Lisneider Hinestroza".

La defensora Marín aseguró que no se puede normalizar una campaña de desprestigio de este tipo, y le pidió al Senado que las ternadas tuvieran igualdad de condiciones para participar. “Desconoce su trayectoria académica, seria, rigurosa e independiente”, aseguró sobre un episodio que refleja “las resistencias estructurales a la participación de mujeres diversas en los espacios de poder”.

Un tribunal diverso

De acuerdo con la Constitución, que busca un tribunal plural y diverso, el Senado escoge a cada nuevo magistrado a partir de ternas de distintos orígenes. Tres le corresponden al presidente, tres a la Corte Suprema de Justicia y las tres restantes al Consejo de Estado. A Escobar la nominó la Corte Suprema en una terna femenina, con el propósito de no agravar el desequilibrio de género que ya arrastra el Constitucional, a pesar de que en otros momentos llegó a tener una fugaz mayoría de magistradas. “Colombia tiene que lograr la equidad de género en las altas cortes, si realmente queremos avanzar hacia una democracia más profunda y diversa”, defiende Rodrigo Uprimny, uno de los constitucionalistas que ha abogado por ternas de mujeres para contrarrestar ese retroceso.

Al presidente Petro le ha correspondido presentar dos ternas para la Corte Constitucional, de las que salieron escogidos Vladimir Fernández, quien era su secretario jurídico, y Héctor Carvajal, su defensor y abogado personal. Llevar dos abogados muy cercanos al poder presidencial a un tribunal de solo nueve miembros pone en entredicho el compromiso del mandatario con la independencia judicial, pero además resquebrajó el frágil e imperfecto equilibrio de género, pues Carvajal ocupará el lugar de Cristina Pardo, con lo que el alto tribunal queda con solo tres magistradas. Con esa elección en particular, el mes pasado, la Corte retrocedió en paridad de género, independencia e idoneidad de sus integrantes para el ejercicio del cargo, advierte Esteban Hoyos Ceballos, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, en Medellín.

Además de la equidad de género, la selección de los magistrados debe asegurar que quien sea seleccionado tenga una trayectoria intachable y haya demostrado independencia e imparcialidad, señalaba el mes pasado un pronunciamiento público de más de 50 profesores y profesoras de derecho de distintas universidades del país. “En este momento histórico es trascendental que el proceso de escogencia proteja la independencia y la autonomía de la Corte Constitucional”, sin interferencia del Gobierno ni de ninguna fuerza política o partidista, añadía el documento, que abogaba por un proceso lo más abierto, transparente y meritocrático posible. Más adelante este año todavía le corresponde a la Corte Suprema presentar otra terna para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes.