El atentado contra Miguel Uribe deja en suspenso la carrera presidencial de Colombia

La zozobra se apodera de la naciente carrera presidencial en Colombia. El atentado del sábado contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay, que sigue bajo pronóstico reservado en una clínica de Bogotá, ha provocado que algunas de las campañas que ya estaban en marcha suspendan sus actividades, alegando la falta de las mínimas garantías de seguridad. Así lo hicieron aspirantes como la exalcaldesa Claudia López, el exsenador David Luna o el exministro Mauricio Lizcano. Políticos de distintas orillas han denunciado que han sido amenazados. En paralelo, nueve partidos independientes y de oposición decidieron no asistir este lunes a la reunión para discutir precisamente las condiciones de seguridad de los candidatos, convocada por el Ejecutivo de Gustavo Petro, como una forma de expresar su malestar. Al punto de que aseguraron que no reconocen al Gobierno como garante de un proceso electoral que apenas inicia y al que le queda un año.

Políticos opositores como el conservador Efraín Cepeda, el presidente del Senado que ha sido insultado con insistencia por Petro, o el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, además de agrupaciones como Cambio Radical o el Centro Democrático, al que pertenece Uribe Turbay, declinaron participar en la Comisión de Garantías Electorales, en medio de críticas al mandatario. El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió que se trataba de un espacio institucional, no político. “Si los partidos quieren rechazar nuestras invitaciones, igual seguiremos insistiendo y seguiremos invitándolos (…) Esa es la intención del Gobierno y lo importante es que quede expreso que nuestra voluntad es esa, queremos darle garantías en seguridad y electoral a los diferentes partidos y movimientos, y desde ya a los que estén inscritos que van a ir a recoger firmas”, afirmó antes de la reunión. Después cambió el tono, criticó las ausencias y advirtió que el ataque del sábado puede ser el primer eslabón de varios atentados terroristas e intentos de asesinato, “o de una cascada de ellos”.

El atentado estremeció al país en momentos en que las candidaturas independientes por firmas, a un año de las elecciones de 2026, encendían la larga carrera presidencial. En lo que va de este mes se han inscrito López, la anterior alcaldesa de Bogotá; Luna, que renunció como senador de oposición para buscar la Presidencia como independiente; o Lizcano, quien perteneció al gabinete de Petro hasta comienzos de año como ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o TIC. Otro de los aspirantes tempranos, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, de origen conservador, planeaba inscribirse esta semana en la Registraduría, pero decidió aplazar ese primer paso. Los que optan por ese camino deben recolectar más de 600.000 firmas válidas antes del 17 de noviembre, lo que suele requerir una intensa actividad política en las calles que precipita la campaña.

López –que sí envió una delegada a la Comisión de garantías electorales– fue la primera en anunciar, el domingo, que había decidido cancelar la gira que tenía programada en los departamentos de Santander y Norte de Santander, al tiempo que pedía a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección –hoy en el centro de la polémica– garantías y esquemas de seguridad adecuados para todos los candidatos. “Si esta tragedia le pasa a un candidato presidencial en Bogotá, ¿qué le estará ocurriendo a los líderes sociales en el Catatumbo, en el Cauca? La mejor garantía es un plan de seguridad para todos los colombianos”, declaró este lunes, además de insistir en la necesidad de desescalar el lenguaje, un clamor desde distintas orillas.

También Luna, quien renunció a Cambio Radical, optó por suspender temporalmente todas las actividades políticas y proselitistas. “Lo hago fundamentalmente en solidaridad con Miguel Uribe, con su esposa María Claudia y con su familia”, anunció el exsenador. “Pero también lo hago con el ánimo de pedir unión en torno a la defensa de la democracia. Es fundamental que todos en el país no nos dejemos, bajo ninguna circunstancia, doblegar”, aseguró. Además, pidió transparencia en las investigaciones e insistió en “la necesidad de desarmar la palabra”. En un sentido similar se manifestó Lizcano, que suspendió toda actividad proselitista durante esta semana. “La radicalización del debate político nos está llevando por un camino oscuro al que como país no debemos volver”, aseguró quien fuera el primer director del Departamento Administrativo de la Presidencia del Gobierno Petro.

A ese ambiente enrarecido se suma una avalancha de denuncias de políticos que aseguran conocer planes de atentar en contra suya o de su familia. El propio Petro sostuvo que tanto los hijos de sus ministros como su hija menor, Antonella, han sido amenazados. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, dijo que fuentes de “inteligencia internacional” le han informado de una amenaza para atentar en su contra. También otros aspirantes como la comunicadora de derechas Vicky Dávila o el exalcalde de Medellín Daniel Quintero han dicho tener información de fuentes reservadas, sin posibilidades de ser contrastadas, sobre planes criminales.

El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, ofreció este mismo lunes una recompensa de 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares) para quien dé información que permita anticipar y neutralizar cualquier amenaza contra los líderes políticos del país, sin importar su ideología o partido. También dio la orden a las Fuerzas Militares y a la Policía para que fortalezcan sus capacidades, de tal manera que se pueda garantizar la tranquilidad y la seguridad. El Gobierno, a través del director de la Policía Nacional, Carlos Triana, ya había anunciado que se propone reforzar los esquemas de protección de los candidatos presidenciales, que se cuentan por varias decenas, de los líderes opositores y de las familias de los miembros del Gabinete. Ninguno de esos anuncios ha logrado tranquilizar el ambiente o rebajar la percepción de que Colombia retrocede a épocas de una violencia política que se creían superadas.