La tutela que deja libre a Álvaro Uribe alimenta su tesis de que lo condenaron por motivaciones políticas

El caso por el que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 73 años) ha sido condenado a 12 años de prisión no deja de sacudir el país. Este lunes, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá han anulado parte de la sentencia en la que, dos semanas atrás, una jueza de la misma ciudad señaló que el líder de la derecha y presidente vitalicio de uno de los partidos más grandes del país, el Centro Democrático, es responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Lo que han encontrado es que la jueza Sandra Heredia violó los derechos fundamentales del político al definir que debía cumplir la pena sin esperar la segunda instancia, algo que debe ser excepcional. Y eso alimenta el argumento de Uribe, sus abogados y sus aliados de que ella actuó por motivaciones políticas. “Queda demostrada la falta de imparcialidad de la juez 44 y la falta de garantías que tuvo que padecer Álvaro Uribe en el proceso en su contra”, ha trinado el congresista uribista Andrés Forero, en apenas una de las múltiples manifestaciones de ese efecto.

La decisión de este martes, otra sentencia de primera instancia y que puede ser impugnada e incluso revisada por la Corte Constitucional, se da en un escenario muy conocido por los colombianos, el del debate de una acción de tutela, que está reservada para proteger derechos fundamentales cuando no tienen otro mecanismo eficiente de amparo.

La defensa de Uribe, encabezada por el penalista Jaime Granados, eligió esa vía ágil, sencilla y muy popular —en 2024 se presentaron más de 950.000 tutelas— para lograr la libertad de Uribe. Se enfocó en cuestionar los argumentos de la jueza para imponer la medida, justamente uno de los puntos más polémicos de la decisión de Heredia, y señaló que era tan precaria que debía ser levantada inmediatamente, mientras el Tribunal estudiaba a cabalidad la tutela. El magistrado Leonel Rogeles, encargado de tramitar este recurso, negó el primer día esa petición. “Por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales”, escribió entonces, en un auto que llevaba a que se ejecutara la detención preventiva del expresidente.

En paralelo, el uribismo lanzaba una campaña política y mediática con dos líneas. De un lado, señalaba a la jueza Heredia, y a la justicia colombiana en general, de ser parte de una estrategia de lawfare (instrumentalización de la justicia). “La única explicación para un fallo en contra es que sea por un ‘lawfare”, había dicho Granados a este diario pocas semanas antes. “Ha predominado la política sobre el derecho para condenarme”, sentenció Uribe. “Este no es un fallo, es una venganza. No es una sentencia, es un ataque. No es justicia, es miedo”, comentó en X la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. La secundó María Fernanda Cabal, su compañera en el Congreso y en la aspiración. “Será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás sea instrumentalizado para judicializar la política”, dijo sobre el fallo. Incluso se sumó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: “La instrumentalización del poder judicial por jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, escribió en X. Esa es la narrativa que este martes, con la tutela que señala que Heredia decidió “en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual” de Uribe, gana un nuevo influjo.

Ese relato tiene una gran carga emocional, que justamente consiste en la segunda línea de la respuesta del uribismo a la condena. Tres días después de la negativa inicial a la tutela, con el político formalmente confinado a su casa campestre a las afueras de Medellín, miles de personas salieron a marchar en el día nacional en rechazo a la condena y la detención. “Más que por la inocencia de Álvaro Uribe, yo marcho porque pueda continuar la lucha en contra del narco socialismo que nos quieren imponer en libertad”, dijo entonces Jerónimo Uribe, hijo del expresidente, en las calles de la segunda ciudad del país. Se trata de un mensaje hacia adelante, hacia lo que viene, que fue justamente el que remarcó el expresidente en su primera reacción tras la sentencia de este martes. “Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió en X.

Es un eco de lo que había dicho su hijo en las calles de su ciudad, o de la convocatoria de su partido a esas movilizaciones: Marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia. También para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura”. Se trata de una convocatoria a enfocarse en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y a hacerlo enarbolando la bandera de la persecución política. Es una particularmente sensible en un partido que nació en 2013 como una sublevación política de derecha contra el Gobierno de Juan Manuel Santos; que tiene entre su mitología el haber sido víctima de fraude (no comprobado) en 2014, cuando el entonces presidente perdió la primera vuelta y salió victorioso en la segunda contra el uribista Óscar Iván Zuluaga; y, sobre todo, que enterró a su senador y precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay la semana pasada, víctima de un atentado con responsables aún por establecer.

En el largo ir y venir del proceso penal que inició contra Uribe en febrero de 2018, el político ya había sido detenido, en 2020 y cuando era senador, por orden de la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal de Bogotá ya había estudiado tutelas y le había dado la razón a unos y otros; ya han pasado elecciones nacionales, tanto ganadas por la derecha en 2018 como por la izquierda en 2022. Lo que no ha ocurrido, hasta ahora, es que haya giros tan abruptos justo cuando Uribe debe elegir un candidato, ni que el resultado sea definitorio para la distribución del poder en unas elecciones como las que están a pocos meses. Ni que queden tan solo dos meses para que el caso pueda terminarse por prescripción, una salida que liberaría a Uribe de un dolor de cabeza, pero no le dejaría el gran impulso de una sentencia absolutoria, ni la derrota de una condena refrendada.