Un juez ordena enviar a la cárcel a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por el escándalo de la UNGRD

Este jueves, un juez del Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado enviar a prisión a Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de Petro, y una de sus personas más cercanas al comienzo del Gobierno, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Está acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros. En medio de la audiencia, el juez mencionó que el político “al parecer se encuentra en Nicaragua, lo cual hace palpable el riesgo de no comparecer”.

Una delegada de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y el representante de la Fiscalía, le han pedido al juez que considere incluir dentro de la medida de aseguramiento también el delito de lavado de activos. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, ha dicho que las órdenes vinieron de González, quien para entonces ocupaba uno de los cargos de mayor poder en el Ejecutivo, porque requiere gran confianza del mandatario. Las autoridades han ordenado seguir sus cuentas bancarias, sus celulares y movimientos migratorios.

Según la Fiscalía, desde la Casa de Nariño se habría gestado un plan para inflar contratos destinados a la compra de carrotanques para llevar agua al desértico departamento de La Guajira, al extremo norte de Colombia y en frontera con Venezuela, cuyo dinero terminó en pagos a congresistas para asegurar apoyo político al Gobierno con sus reformas sociales. González, en mayo pasado, no aceptó los cargos y calificó la imputación como “calumnias sin fundamento”. El abogado del exfuncionario, Iván Cancino, anunció en la audiencia que apelará la decisión.

De acuerdo con la investigación, González habría instruido directamente al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para inflar un contrato que inicialmente costaba 46.800 millones de pesos (más de 11 millones de dólares) y así pagar sobornos para los dos expresidentes del Congreso: Iván Name, del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara de Representantes. El primero ha sido opositor al Gobierno, mientras que el segundo ha sido su aliado.

Según los testigos del caso, Name recibió 3.000 millones de pesos (694.000 dólares), supuestamente en dos pagos; y Calle recibió 1.000 millones de pesos (231.000 dólares). La Fiscalía sostiene que estos pagos fueron entregados en efectivo entre octubre y diciembre de 2023. Los dos legisladores fueron enviados a prisión en mayo pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura inmediata. El caso, que ha llenado las agendas mediáticas los últimos dos años, ya suma seis capturados, tres exfuncionarios colaborando con la justicia y dos exministros involucrados.

Además de González, el escándalo salpica a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno. La exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue señalada como intermediaria en la entrega de dineros, y la Fiscalía también investiga a los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) por supuestamente haber direccionado contratos de la UNGRD. Para la Fiscalía, el caso de los carrotanques es solo uno ejemplo de una estrategia, liderada desde el alto Gobierno, para desviar dineros públicos.

González permanece fuera del país desde mediados de 2024 y se ha especulado que permanece en Nicaragua desde que comenzó el proceso en su contra. Su imputación marca la primera vez que un alto exfuncionario del Palacio de Nariño durante el gobierno de Gustavo Petro enfrenta cargos penales por este caso, profundizando la crisis política para el oficialismo y para el Partido Verde, al que pertenecía el exfuncionario.

Carlos Ramón González Merchán es un experimentado político con una larga trayectoria en la izquierda colombiana. Fue miembro de la guerrilla del M‑19 hasta su desmovilización en 1990 y posteriormente se consolidó como uno de los líderes del Partido Alianza Verde, llegando a ejercer como copresidente junto a figuras como Antanas Mockus y Antonio Navarro. Fue elegido director del Departamento Administrativo de la Presidencia en abril de 2023 y luego fue nombrado director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en febrero de 2024, cargos que ocupó hasta mediados de ese año, cuando la justicia lo vinculó formalmente al caso. Su cercanía al presidente Gustavo Petro y su papel como “mano derecha” política lo convirtieron en una figura clave en el oficialismo.