La Fiscalía de Colombia anuncia que imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por la trama de la UNGRD

La Fiscalía General de Colombia ha anunciado este martes que imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su supuesta participación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD). Según indicó la fiscal de caso, María Cristina Patiño, el ente acusador tuvo conocimiento de una “actividad presuntamente delictiva” de Bonilla, un funcionario muy cercano al presidente Gustavo Petro y quien renunció en diciembre de 2024 para atender las acusaciones en su contra fuera del Gobierno. La fiscal indicó también que se le imputarán los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía ha narrado que supo de la aparente relación de Bonilla en la trama después de negociar un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, quien fuera asesora del economista en el Ministerio y quien también ha estado implicada en el mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno. La Fiscalía radicará el acuerdo con Benavides a finales de esta semana ante un juez de garantías, quien debe revisar que el pacto cumpla con los requisitos de la ley. Una vez avalada la legalidad de esa negociación, en la que Benavides se compromete a actuar como testigo de la Fiscalía, Patiño solicitará la audiencia de imputación de cargos contra Bonilla. La fecha de esa diligencia depende de los jueces de control de garantías.

El anuncio de la imputación de cargos contra el exministro ocurre cuando las consecuencias de la trama corrupta vuelven a recibir atención. Hace dos semanas, la Fiscalía imputó cargos por el mismo caso contra Carlos Ramón González, jefe del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Petro, además de ser un viejo aliado político del presidente. Quien fuera cabeza de la Alianza Verde ha sido señalado de inflar los costos de un contrato y, con ese dinero robado al Estado, entregar 4.000 millones de pesos en 2023 a quienes eran presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, para que estos impulsaran en el Congreso las reformas del Gobierno. González no aceptó los cargos.

Además, hace menos de un mes, el expresidente del Congreso Iván Name fue capturado por su participación en la trama, tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia. El también político de la Alianza Verde ha sido señalado por varios exdirectivos de la UNGRD de haber recibido 3.000 millones de pesos en efectivo, en dos maletas que fueron enviadas a su apartamento de Bogotá, a cambio de favorecer las reformas del Ejecutivo. La encargada de cerrar el trato y de entregar esas maletas, según los testimonios, fue Sandra Ortiz, copartidaria de Name y González, exconsejera presidencial de Petro para las regiones y hoy presa por el mismo escándalo.

Por otro lado, esta misma semana, Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales participantes y confesores de la trama corrupta en esa entidad, se quejó de sentirse “abandonado” por la Fiscalía, con la que ha colaborado desde hace más de un año entregando detalles del caso. En el texto, López lamentaba que la entidad dejara “en el olvido” a quien rompió “el pacto de silencio” para que avanzara la investigación del caso. Dijo también que, sin su testimonio, no se habría podido imputar cargos a altos funcionarios implicados en el entramado, como la mencionada Sandra Ortiz.

Fue López, precisamente, junto con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien señaló ante la Corte Suprema de Justicia a Bonilla de participar en el escándalo de corrupción, conocido a raíz de una primera denuncia por los sobrecostos en la compra de unos carrotanques para surtir de agua varias zonas del departamento de La Guajira. López acusó en junio de 2024 al exministro de haberle ordenado ofrecer contratos de la UNGRD a congresistas a cambio de que apoyaran las reformas del Gobierno en el Legislativo. Esa decisión, según dijo López hace casi un año, fue tomada a finales de 2023 tanto por Bonilla como por González y por el por entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Pinilla, otro de los grandes delatores de la trama y que también ha implicado a Bonilla en la trama corrupta, al igual que López llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. En abril pasado, de hecho, pactó una rebaja de pena del 45%, y se convirtió en el primer condenado por el caso. La jueza del caso lo sentenció a cinco años y ocho meses de prisión, y le exigió la devolución de 600 millones de pesos que se apropió de manera ilegal.