La Administración Trump demanda a Boston en su última escalada en el enfrentamiento con las ciudades santuario

La Administración Trump ha presentado una demanda contra la ciudad de Boston, como parte de su campaña nacional contra las políticas de las ciudades santuario, las cuales limitan la cooperación de las fuerzas locales con las autoridades federales de inmigración. La demanda, anunciada el jueves en la tarde, nombra como demandados a la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, a la ciudad, al Departamento de Policía de Boston y al comisionado de policía Michael Cox.

El centro de la disputa es la Ley de Confianza de Boston, aprobada en 2014, la cual restringe a las fuerzas del orden locales la obligación de cumplir con solicitudes federales de detención de inmigrantes civiles, excepto en casos relacionados con la seguridad pública o delitos graves. El Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución al obstruir la autoridad federal en materia de inmigración.

En su denuncia de 17 páginas, el Departamento de Justicia acusó a Boston de liberar a personas no ciudadanas de delitos violentos, incluidos homicidio, agresión, tráfico de drogas y hurto, en lugar de retenerlas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“La ciudad de Boston y su alcaldesa se encuentran entre los peores infractores de la ley de santuario en Estados Unidos: aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia”, afirmó la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. “Si Boston no protege a sus ciudadanos de los delitos cometidos por extranjeros ilegales, lo hará este Departamento de Justicia”.

Las autoridades federales señalaron que, hasta 2015, el Departamento de Justicia de Boston atendía habitualmente las solicitudes de detención del ICE. Desde entonces, argumentan, la ciudad ha adoptado prácticas “obstruccionistas” al negarse a cooperar.

El Departamento de Justicia también ha advertido a Boston y a otras jurisdicciones que corren el riesgo de perder la financiación federal si no cumplen con la aplicación de la ley de inmigración.

La alcaldesa Michelle Wu calificó la demanda como extralimitada e inconstitucional. “Esta es nuestra ciudad y defenderemos enérgicamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades que han sido reafirmados repetidamente en los tribunales de todo el país”, dijo Wu el jueves por la noche. “No cederemos”.

Wu describió Boston como el “centro económico y cultural de Nueva Inglaterra y la ciudad grande más segura del país”, y acusó a la Administración de atacar a su ciudad para obtener beneficios políticos.

La demanda contra Boston es el último capítulo del conflicto más amplio de la Administración Trump con las ciudades y Estados liderados por los demócratas en materia de la aplicación de las leyes de inmigración.

La Administración se ha apoyado en la política de inmigración como pilar central de su agenda de seguridad pública, la cual vincula sin pruebas a los inmigrantes indocumentados con delitos violentos. Su argumento en cuanto a las ciudades santuario es que leyes como la Ley de Confianza de Boston ponen en peligro a la población. Sin embargo, el objeto de estas normas, que muchas ciudades y municipios tienen, es que las personas en las comunidades de inmigrantes no tengan miedo de cooperar con la policía o reportar crímenes.

Wu y otros líderes sostienen que socavar esa confianza haría que, al contrario, Boston y el resto de las ciudades santuario fueran menos seguras. En la ciudad más importante de Massachusetts, el Ayuntamiento reafirmó la Ley de Confianza en una resolución de diciembre de 2024, y la alcaldesa ha dicho en repetidas ocasiones que Boston “nunca dará marcha atrás” en esta cuestión.

¿Qué otras ciudades santuario han sido demandadas?

Boston no es la primera jurisdicción en ser blanco de estas demandas. El Departamento de Justicia ha presentado demandas similares contra Los Ángeles (California), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Nueva York y Rochester (Nueva York), así como contra varias ciudades de Nueva Jersey: Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson. En cada caso, la administración ha tratado de revocar las políticas que limitan la cooperación local con el ICE.

Las demandas presentadas por la Administración Trump contra las ciudades santuario han tenido resultados mixtos: algunos casos han sido desestimados por los jueces, mientras que otros siguen en curso.

Uno de los resultados más significativos ha sido la desestimación de la demanda contra el Estado de Illinois y la ciudad de Chicago. En ese caso, un juez federal desestimó la demanda de la Administración Trump al dictaminar que las leyes santuario de Illinois están protegidas por la Décima Enmienda. El juez declaró que el Gobierno federal no puede obligar a los Estados a aplicar las leyes federales de inmigración. Esta sentencia supuso un importante revés para la estrategia legal de la Administración.

Además de las demandas, la Administración ha amenazado con retener los fondos federales de las ciudades santuario. Sin embargo, un juez federal impidió que se corte los fondos federales a docenas de ciudades y condados santuario, entre ellos Los Ángeles y Chicago. El juez dictaminó que era inconstitucional que la Administración congelara los fondos destinados a los gobiernos locales que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Algunas ciudades, como Louisville, Kentucky, han optado por cambiar sus políticas en respuesta a la presión del gobierno, mientras que otras, como la ciudad de Nueva York, han considerado cambios en sus leyes.

Otras amenazas

La Administración confirmó que lanzará operativos migratorios a gran escala en Chicago y otras ciudades santuario (como Nueva York, Portland, Baltimore y Seattle) en lo que será la acción más contundente hasta ahora contra jurisdicciones que limitan la cooperación con el ICE. Según altos cargos del Departamento de Seguridad Nacional, la estrategia replicará el despliegue realizado en Los Ángeles en julio, con equipos tácticos, vehículos blindados y armas largas, y contempla alojar a cientos de agentes en la base naval de Great Lakes, al norte de Chicago, para apoyo logístico. El denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, aseguró que habrá una “intensificación” de redadas en Nueva York, Portland, Seattle, Los Ángeles y especialmente en Chicago, donde autoridades locales, incluido el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker, han rechazado la falta de coordinación y advertido que estas acciones generan miedo en las comunidades migrantes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló las altas tasas de delincuencia en varios Estados gobernados por republicanos, y dijo que la Administración ataca selectivamente los bastiones demócratas mientras ignora problemas similares o peores en otros lugares.

¿Qué sigue para Boston?

El caso pasa ahora al tribunal federal de Massachusetts, donde el Departamento de Justicia argumentará que la ley de santuario de Boston socava directamente la aplicación de las leyes de inmigración.

Wu se ha comprometido a movilizar al equipo jurídico de la ciudad y a sus aliados nacionales para defender las políticas de Boston, enmarcando la demanda como parte de una lucha más amplia por la autonomía local y los derechos de los inmigrantes.

“Este ataque inconstitucional a nuestra ciudad no es una sorpresa”, afirmó Wu. “No nos rendiremos”.