Trump carga contra las ciudades santuario con una nueva orden ejecutiva

Donald Trump celebra a la ofensiva sus primeros 100 días en la Casa Blanca. El presidente ha firmado la tarde de este lunes nuevas órdenes ejecutivas que buscan ampliar el gran operativo de detención y deportación de indocumentados que puso en marcha desde el 20 de enero. Con un nuevo decreto, el mandatario se fija nuevamente como objetivo las ciudades santuario, las urbes progresistas en las que las autoridades locales rechazan apoyar los operativos federales contra inmigrantes indocumentados. También pretende extender las capacidades de las policías y el ejército en esta misma tarea.

Trump ha solicitado al Departamento de Justicia una lista con el nombre de los Estados, condados y ciudades que han evitado sumarse a los operativos federales de inmigración. El presidente ha instruido a Pam Bondi, la fiscal general, a emprender acciones legales contra aquellas autoridades locales que se nieguen a colaborar con agencias como ICE (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el Departamento de Seguridad Nacional.

Al mismo tiempo, mediante otra orden ejecutiva, Trump blinda a las policías y otras fuerzas de seguridad locales. “Mi Administración trabaja en asegurarse que los oficiales de todo el país se enfoquen en acabar con el crimen y dejen de atender políticas dañinas e ilegales basadas en la raza, el sexo y la equidad”, señala el decreto firmado la tarde de este lunes en el Despacho Oval.

La nueva orden ejecutiva pide a Justicia crear un fondo para la defensa de los oficiales que sean demandados como parte de sus tareas de seguridad pública, lo que puede incluir señalamientos de abuso policial. El Ejecutivo señala que esta representación legal de los uniformados podrá ser a través de algunos despachos legales privados, quienes trabajarán pro bono en defensa de los agentes.

La Casa Blanca ha cerrado acuerdos con cinco grandes bufetes jurídicos para que estos brinden consejo legal gratuito en la defensa de algunas de las políticas de la Administración Trump. Entre las firmas que han acordado trabajar gratuitamente para el Gobierno se encuentra Willkie Farr & Gallagher, donde trabaja como letrado Doug Emhoff, el esposo de Kamala Harris. Este despacho prestará servicios hasta por 100 millones de dólares.

En el artículo cuatro de la orden ejecutiva, el presidente también faculta al Departamento de Justicia y al Pentágono para que pongan al servicio de las autoridades estatales y locales a militares y federales para que estos se sumen a tareas de prevención de delitos. En sus primeros días en la Casa Blanca, el presidente firmó otra serie de órdenes que militarizaron la frontera con México. Unos 6.000 soldados y varios vehículos de combate son empleados actualmente en la vigilancia de la línea fronteriza del sur.

La Administración afirma que unas 139.000 personas han sido capturadas y deportadas en los 100 días que Trump lleva en el poder. Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, ha rechazado las comparaciones con Joe Biden, un presidente que expulsó a un ritmo parecido y en ocasiones mayor a indocumentados. Leavitt dijo que las deportaciones de Trump se hicieron mientras mantienen bajos los números de cruces irregulares. Fueron 7.100 en marzo, el último mes disponible. En los próximos días se sabrá si se confirma la tendencia a la baja.

Tom Homan, el zar de la frontera, compareció esta mañana frente a la prensa en la rueda de prensa matutina de la Casa Blanca. Ha calificado de “éxito sin precedentes” el control fronterizo que han implementado en estos meses de arranque. “Seguiremos en ello, a toda velocidad”, aseguró Homan, quien recientemente prometió elevar el número de detenidos y deportados.

Homan no fue el único que tuvo exposición frente a la prensa. Stephen Miller, el influyente asesor de Trump en políticas de seguridad nacional y el cerebro de algunas de las políticas más crueles de la Administración, ha defendido la detención de la jueza Hannah Dugan por haber puesto trabas a la detención de un indocumentado mexicano.

La detención de la togada a manos de agentes federales ha sido un escándalo en el país y suma al pulso que el Ejecutivo ha echado a otros poderes. “Cuando tienes a una jueza federal que se ocupa intencionalmente de violar leyes federales, por supuesto que debe ser arrestada y llevada a prisión”, señaló Miller en una rueda de prensa.

Para dar inicio a una serie de eventos por los 100 días, la Casa Blanca colocó en los jardines de la residencia oficial un centenar de fotografías con el rostro de inmigrantes indocumentados que han sido detenidos y acusados de violaciones y homicidios.