Estados Unidos sanciona a 13 compañías que ofrecían tiempos compartidos en Puerto Vallarta por sus vínculos con el Cartel Jalisco

Un paraíso perdido. Así ha calificado este miércoles el Departamento del Tesoro al popular centro turístico de Puerto Vallarta, al que denuncia como un bastión estratégico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y donde radican 13 compañías que vendían tiempos compartidos que hoy han sido sancionadas por Washington, que las vincula con la poderosa organización criminal. Estados Unidos también ha impuesto sanciones a cuatro ciudadanos mexicanos a quienes acusa de fraude y robo de combustibles. “Vamos por los cárteles terroristas de la droga, como el CJNG, que están inundando nuestro país con fentanilo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Las nuevas sanciones se marcan en la intensa ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra los cárteles mexicanos y que ha generado roces con el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles de generar ingresos, incluidos sus esfuerzos por aprovecharse de los estadounidenses mayores a través del fraude de tiempo compartido“, dijo Bessent.

Las sanciones son impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que vincula a los cuatro mexicanos y 13 empresas con un esquema de fraude dentro del sistema de renta de inmuebles en tiempo compartido, que, afirmó esa institución en un comunicado, está “liderado por el CJNG. Estas personas y empresas tienen su sede en Puerto Vallarta o sus alrededores, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico del CJNG. El CJNG, un cártel brutalmente violento, es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) designada por Estados Unidos y complementa cada vez más sus ingresos del narcotráfico con fuentes alternativas de ingresos, como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible”.

La penalización de Washington recae sobre la red corporativa de Ibarra, compuesta por 13 empresas, cinco de ella ligadas al régimen vacacional conocido como tiempo compartido, en el que varias personas comparten el uso de un inmueble, una agencia de viajes y otras tres compañías supuestamente dedicadas a actividades inmobiliarias.

“Los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en México, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir de aproximadamente 2012, el CJNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta y sus alrededores. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG”, alertó el Departamento el Tesoro.

La información de los propietarios estadounidenses es obtenida, agregó esa institución, por “cómplices internos en complejos turísticos”. Los centros de atención telefónica controlados por el crimen organizado contactan a las víctimas por llamadas o correos electrónicos y se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de inmuebles de tiempo compartido con sede en Estados Unidos. “El fraude puede incluir estafas de reventa de inmuebles de tiempo compartido, de realquiler y de inversión. El tema común es que se les pide a las víctimas que paguen “cuotas” e “impuestos” por adelantado antes de recibir el dinero que supuestamente se les debe. Este dinero nunca llega, y se les incita continuamente a pagar “cuotas” e “impuestos” adicionales para finalizar las transacciones", explicaron las autoridades estadounidenses.

El modo de operación es pedir a las víctimas que envíen los fondos por transferencias bancarias internacionales a cuentas en bancos mexicanos. “Los estafadores pueden hacerse pasar por bufetes de abogados, alegando que pueden iniciar procedimientos en nombre de las víctimas para recuperar los fondos perdidos a cambio de un pago inicial. En otros casos, los estafadores se hacen pasar por funcionarios gubernamentales, alegando que las víctimas han realizado transacciones sospechosas y exigiendo multas para liberar sus fondos o arriesgarse a ser encarceladas”, agregó Tesoro en un comunicado.

Washington también ha sancionado a los mexicanos Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro. “Estos tres individuos también han formado parte de un grupo de represión del CJNG con sede en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos con armas de alto calibre”, explicaron las autoridades. El otro mexicano castigado por EE UU es Michael Ibarra Díaz Jr., originario de Puerto Vallarta, un empresario turístico, que “está involucrado en fraude de tiempo compartido en nombre del CJNG”.

Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes o cuentas bancarias de estas personas o empresas en EE UU, así como prohibir cualquier tipo de transacción financiera en territorio estadounidense. “El incumplimiento de las sanciones puede resultar en la imposición de procedimientos civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras”, alertó el Departamento del Tesoro.